La independentista absuelta tras ser detenida por terrorista reclama 24.660 euros al Estado

Tras la absolución, la reclamación. La activista independentista Tamara Carrasco, que llegó a ser detenida por terrorismo por la Guardia Civil en 2018, ha pedido al Ministerio de Justicia que la indemnice con 24.660 euros por los 13 meses en los que la Justicia le prohibió salir de su municipio antes de ser juzgada y absuelta.

“Los daños morales sufridos son una consecuencia obvia y evidente de la situación de privación de libertad”, argumenta el abogado de Carrasco, Benet Salellas, en su escrito de reclamación patrimonial dirigido al Ministerio de Justicia, adelantado por Vilaweb y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Carrasco ha calculado la indemnización que a su juicio le corresponde en 60 euros diarios. Como la exmiembro de los CDR no estuvo en prisión sino confinada en su población un total de 411 días, la defensa ha fijado la cuantía de la reclamación en la mitad de los 120 euros a los que tiene derecho un encarcelado indebidamente.

El periplo judicial de Carrasco arrancó con su detención en abril de 2018. En ese momento la Fiscalía lanzó una acusación por terrorismo y rebelión contra ella y llegó a pedir su ingreso en prisión sin fianza. El juez Diego de Egea rebajó esas acusaciones y dejó la imputación en desórdenes públicos, pero la Justicia la mantuvo confinada en su municipio 13 meses.

Para el Ministerio Público, la activista había ejercido como coordinadora de cortes de carreteras y sabotajes llevados por los CDR en esa Semana Santa. La base de la acusación era un audio en el que Carrasco hablaba de este tipo de acciones, que en algunos casos ya habían sido convocados y en otros casos nunca llegaron a producirse.

Varios meses después, en noviembre de 2018, la Audiencia Nacional enterró definitivamente la acusación por terrorismo y envió la causa a los juzgados catalanes mientras Carrasco permanecía confinada: por orden judicial no pudo abandonar la localidad barcelonesa de Viladecans hasta mayo de 2019.

Esa causa, que llegó a limitar al máximo la movilidad de Tamara Carrasco durante más de un año, terminó en nada: en octubre de 2020 fue absuelta por un juzgado de lo penal de Barcelona y en enero de 2021 la decisión fue confirmada por la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Supremo (aunque cinco magistrados del Alto Tribunal abogaron por una condena).

Los argumentos de las primeras sentencias cargaron con dureza contra la Guardia Civil y rechazaron frontalmente las acusaciones de la Fiscalía. “Remitir un audio a un grupo de amigos no entraña difusión de consignas de incitación a los desórdenes públicos”, dijo el tribunal barcelonés sobre la principal prueba esgrimida por el Ministerio Público para atribuirle, en un primer momento, un delito de terrorismo.

Previamente, la magistrada que firmó la primera sentencia absolutoria dijo que “resulta poco serio” cimentar una acusación, por parte de la Guardia Civil , en base a un audio reenviado por Carrasco a un grupo de WhatsApp.