En la noche del miércoles al jueves las aplicaciones de mensajería echaban humo. El PSOE mantenía hilos a dos bandas: con ERC, por un lado, y con Junts, por el otro. Los socialistas habían seguido una estrategia dilatoria que había estado a punto de sacar de quicio a los otros dos. Pero, en las últimas horas del miércoles, fueron abriendo la mano a las reivindicaciones que planteaban desde el otro lado. Porque esa era la novedad inesperada: Junts no pedía imposibles ni estaba en posiciones de máximos, sino que, al igual que ERC, quería pactar. Los negociadores de Pedro Sánchez tenían claro que iban a aprovechar esa disposición.
Junts volvió el pasado jueves al carril de la política de pactos, del que hacía años que se había bajado. Tras una legislatura en el Congreso en la que los votos de la formación fueron irrelevantes, las elecciones del pasado 23 de julio les dieron la llave de la mayoría. Y el partido, lejos de mantener su tradicional postura inflexible, lanzó señales de querer aprovecharla. No para bloquear, o no de entrada, sino para obtener contrapartidas.
“No daremos nuestros apoyos gratis”, proclamaron la noche electoral, en una clara alusión de que sí podían dar sus votos a cambio de algo. Lo mismo se puede leer entre líneas en los mensajes de Carles Puigdemont. El expresident, que ha tomado personalmente el control de las negociaciones, ha abandonado aquella postura en la que presumía de no negociar y, por el contrario, ha remarcado su disposición a hablar siempre que obtenga “pagos por adelantado”.
El tuit que Puigdemont envió el miércoles por la tarde, a menos de 24 horas de la votación de la Mesa del Congreso, es buena prueba de ello. Reclamaba “hechos comprobables”, que después se revelaron como pasos importantes en el terreno de la lengua. Se habían despejado así las contrapartidas de máximos y las demandas más etéreas como la consigna de “amnistía y referéndum”.
Esto supone un cambio de actitud considerable en un partido que lleva cuatro años criticando con dureza los pactos de ERC con el Gobierno, tanto los que se han suscrito en la Cámara, entre grupos parlamentarios, como los de la mesa de diálogo, entre el Gobierno central y el catalán.
“Los procesos políticos no se pueden hacer sin la gente, no se pueden decidir desde un despacho ni en una mesa llamada de diálogo”, aseguró Puigdemont en julio de 2021, como respuesta a la reanudación de los contactos entre gobiernos tras la pandemia.
Unos meses antes, en noviembre de 2020, había sido el expresident Quim Torra quien se había lanzado contra el pacto de ERC para los presupuestos del Estado. “Mientras fui presidente de Catalunya no se aprobó ningún presupuesto español. Al contrario, los tumbamos. No se pueden aprobar los presupuestos de un Estado que te quiere sometido nacionalmente y asfixiado económicamente”, dijo.
Los republicanos eran entonces socios fijos –más o menos– del Gobierno de coalición. Y en cada votación que apoyaban a la mayoría progresista (tanto si obtenían conquistas importantes como la derogación de la sedición u otras menos vistosas, como el catalán en las plataformas audiovisuales) contaban con que el entorno de Junts lanzaría duras críticas por una supuesta “traición”.
Pero aquella era una legislatura diferente, en la que el PSOE no necesitaba, ni reclamaba, los votos de Junts, solo los de ERC.
Desde las últimas generales la aritmética ha cambiado y los siete diputados de Puigdemont son necesarios para la investidura. Las peticiones maximalistas y los cantos al bloqueo han callado. Y el mismo Puigdemont que había prometido en campaña, de forma textual, que Sánchez no sería presidente con sus votos, de pronto se encuentra en plena negociación.
Por eso ahora es Junts el que tiene que aguantar críticas de aquellos con quienes hasta ayer compartía trinchera.
“Facilitar la constitución de la mesa a cambio de prebendas institucionales, como la constitución de grupo propio de los partidos independentistas, es primar la táctica partidista haciéndola pasar por encima de los intereses y necesidades de la nación”, afeó la ANC en un duro comunicado el jueves, en el que acusaba a ERC y Junts de “blanquear el Estado”. Estas críticas no son desoídas por Junts, pero es incierto si tienen suficiente peso para hacer mella.
Lo que está en las cábalas de Waterloo desde la noche del 23J es una estrategia de 'win-win'. Pase lo que pase, ellos creen poder demostrar que, o bien negocian mejor que ERC, o bien son más coherentes y no votan a un presidente del PSOE. Si hay investidura, la podrán vender como un gran acuerdo –han calificado de “histórico” el suscrito en la Mesa–. Y si la legislatura fracasa, lo podrán exhibir como una prueba de su falta de remilgos para generar caos en el Estado. Ganar o ganar.
Pero, por el momento, el estado mayor que Puigdemont ha formado extraoficialmente en Junts apuesta por la primera vía y quiere explorar las posibilidades de negociación. Solo él, un líder incontestable, podría haber obrado ese giro, porque es el único que tiene legitimidad interna para mover la brújula de un partido fragmentado en diversas familias y acostumbrado a premiar las posiciones más radicales.
Bajo la batuta del eurodiputado, en Junts se impuso el silencio en las semanas previas a la negociación y se ha respetado la consigna de la discreción como nunca antes. El experimentado secretario general, Jordi Turull, es consciente de que la actual oportunidad es un tren que pasa pocas veces, sobre todo en una formación que ha perdido presencia en la mayoría de las grandes instituciones catalanas.
Hay un sector de Junts que cruza los dedos por que la próxima negociación para la investidura salga bien y se inicie una legislatura en la que ellos estén en el foco y ERC mucho menos. Hay otro, en cambio, que confía en el liderazgo de Puigdemont, pero vela armas por si hay que lanzarse a una nueva campaña mostrando pedigrí intransigente. Entre medio, el expresident va virando poco a poco para que nadie caiga del barco de un nuevo Junts dispuesto a hacer política.
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