“Si no hubiéramos pagado, estaríamos fuera del piso”. Alba Martínez, vecina del Eixample de Barcelona, se refiere así a los honorarios que les cobró la inmobiliaria en 2020 como gastos de gestión para renovar el contrato del alquiler de su piso. Fueron 1.800 euros, algo más de una mensualidad, lo que tuvo que desembolsar de golpe. “Éramos conscientes de que nos estaban estafando, pero no podíamos hacer nada”, asegura la joven.
En aquel momento, explica Alba, ella y sus dos compañeros de piso sabían que los honorarios debía pagarlos el propietario del piso, no ellos. Lo regula la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificada en 2019. Cuando el titular del piso es un particular, no hay nada escrito, pero cuando es una empresa –una persona jurídica–, le corresponde a ella asumir los “gastos de la gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”. Este es su caso. Su casero es Monpa SA, una firma que junto con otras de la familia Monleón Pagès gestiona cientos de viviendas a través de la administradora de fincas Rentaz.
Aunque inicialmente se resignaron a pagar, en casa de Alba se enteraron recientemente de que no eran los únicos. El Sindicato de Inquilinas de Barcelona, tras recibir algunas quejas por el pago de estos honorarios, ha contabilizado hasta 400 hogares que dependen de este mismo gran propietario, de los cuales al menos 80 han decidido pasar a la acción y reclamar que les devuelvan lo abonado.
Acostumbrados a forzar negociaciones colectivas para impedir subidas del alquiler o desahucios, esta es la primera gran demanda que gestiona el Sindicato en cuanto al pago de honorarios. Con pancartas y megáfonos, decenas de inquilinos de estas empresas se han plantado este martes con activistas de la entidad frente a la sede de Rentaz. Su intención era entregarles unas 200 firmas de las familias que piden la devolución de esos cobros, pero nadie les ha abierto la puerta. Según los cálculos del Sindicato, si en todas sus viviendas ha actuado igual, la propiedad se habrá ahorrado unos 200.000 euros.
Este diario ha tratado de ponerse en contacto tanto con la inmobiliaria como con la propiedad, pero solo en este último caso ha obtenido respuesta. “A la propiedad todavía no le ha llegado ninguna reclamación. Todas las que lleguen, se analizarán”, se ha limitado a afirmar su abogado.
Piden que los honorarios los asuma siempre el propietario
Según Enric Aragonès, portavoz del Sindicato, es “muy habitual” que las inmobiliarias traten de cargar la factura al inquilino, incluso cuando la propiedad es una empresa y la ley lo prohíbe. “Es un hecho visiblemente injusto y que no tiene ningún sentido”, advierte, y lamenta que además de haber “mucha desinformación” sobre el tema, los inquilinos y aspirantes a entrar en un piso están demasiado indefensos como para cuadrarse. “Saben que si plantean exigencias, aunque sean para cumplir la ley, pueden quedarse fuera. Las inmobiliarias se aprovechan aquí de un desequilibrio de poder muy bestia”, argumenta Aragonès.
“Te sientes muy vulnerable al tener que decidir entre pagar una cantidad enorme de dinero o dejar el piso en un momento en el que el mercado en Barcelona está imposible”, describe Alba Martínez. “Pagar eso es un palo y más en los tiempos que corren. Todas las compañeras del piso nos dedicamos al sector cultural y con la pandemia era difícil poder ganar algo de dinero”, comenta Alba.
Junto a ella, decenas de vecinos que han participado en la acción de este martes han explicado cómo Rentaz les cobró entre 1.000 y 1.800 euros de honorarios por nuevos contratos o renovaciones. En el caso de Julia y su pareja fueron 1.340 euros. Ella vive en un bloque en la plaza Tetuán donde las 24 viviendas son propiedad de la misma familia. “Después de asesorarnos, la inmobiliaria nos dijo que el propietario lo hacía así y que si no estábamos de acuerdo, que iban a romper el documento”, afirma. Como los demás, acabó pagando y firmando.
La disputa sobre quién debe pagar los honorarios viene de lejos. Organizaciones de consumidores y el propio Sindicato de Inquilinos argumentan que debería ser siempre el propietario –sea particular o empresa–, que es a quien el administrador le presta el servicio. “Al final tenemos a inquilinos que acaban pagando los honorarios de unas empresas que representan los intereses de la otra parte”, lamenta Aragonès, quien lo califica de “especialmente absurdo” cuando se trata de renovaciones de contratos. “Todo lo que hacen es preparar un papel que dice que continúa vigente el contrato”, afirma.
Tampoco es esta una cuestión resuelta en la Ley de Vivienda que tiene pendiente de aprobación el Gobierno y que sigue encallada. De hecho, es uno de los escollos (aunque el principal tiene que ver con la regulación de los precios). Algunos grupos parlamentarios han pedido que se añada a la norma que los honorarios debe asumirlos la propiedad y cuentan con el sí de Unidas Podemos. “Que tengan que correr a cargo del arrendador, del que se beneficia del alquiler, es una de las cuestiones que han puesto sobre la mesa y que a mi me parecen razonables”, aseguraba a finales de enero la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Salvados.
A la espera de ver cómo se resuelve en la ley, las asociaciones de inmobiliarias ya han dejado claro que se oponen al cambio. Según la federación que las aglutina a todas, la FAI, el agente presta servicio tanto al arrendador como al arrendatario. “Prohibir el cobro de honorarios por la prestación de un servicio a una agencia inmobiliaria es una forma de intervención del libre mercado que causará el efecto contrario al perseguido. No evitará que el coste acabe repercutiendo indirectamente al inquilino”, afirmaron tras las declaraciones de Belarra.