Alpha y Fran llevan desde julio de 2018 viviendo en su piso sin contrato de alquiler, con el miedo de que llegue la orden de desahucio. El casero decidió no renovarles y ellos están convencidos del porqué. Desde hace años vienen quejándose, con reclamaciones a la Administración incluidas, de la dejadez en el mantenimiento del bloque: bajantes que pierden, altos niveles de plomo en el agua o demoras en la reparación de la luz en la escalera.
El suyo es el primer caso considerado como acoso inmobiliario por parte del Ayuntamiento de Barcelona que ha acabado en sanción al propietario. Pero a la vez es una muestra de que cuando un inquilino protesta, puede verse pronto en la calle. “A los propietarios no les interesa que los arrendatarios conozcan sus derechos y los reclamen, esto supone para ellos un estorbo”, explica Alpha.
Cuando ellos entraron en 2010 a vivir en el piso, pagando 750 euros –ahora 850–, les hicieron una carencia de varias mensualidades para que acondicionaran buena parte de la vivienda. Pero pronto se encontraron con problemas que correspondían a la finca. Entre ellos, las cañerías de plomo contaminaban el agua con altos niveles de esta sustancia y el bajante del desagüe tenían pérdidas. “Tiene tantas que salpica de aguas fecales la ventana de una habitación y no la podemos abrir”, denuncia la pareja.
De todo ello dieron cuenta al propietario, pero al ver que no le ponía remedio, en 2014 acudieron por primera vez a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del ayuntamiento para poner una reclamación. Esta y otras quejas complicaron su relación con el propietario hasta el punto que, en 2018, cuando tocaba renovar su contrato, les dijeron que se tenían que ir. A otros vecinos les han ofrecido quedarse, pero con subidas de la renta de unos 300 euros, explican.
Fue entonces cuando, aprovechando que el consistorio había hecho un llamamiento a reportar el acoso inmobiliario, pusieron su denuncia administrativa. Es una de las 22 que ha tenido sobre la mesa el Ayuntamiento de Ada Colau y la primera que ha acabado en sanción, de 90.000 euros. Aunque antes de hacerla efectiva, y a la espera de recurso, el consistorio la ha derivado a la Fiscalía.
Desde el Ayuntamiento se acogen a la ley de Vivienda de Catalunya de 2007 para concluir que esta es una situación de ‘mobbing’, aunque no cumpla con el imaginario que suele rodear los casos más graves de acoso como son las amenazas o las obras permanentes y en horas intempestivas. “El acoso inmobiliario, entendido como toda actuación o omisión con abuso de derecho tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no querida sobre el derecho que le ampara para ocupar la vivienda”, reza la norma.
Expedientes abiertos por el Ayuntamiento
En la actualidad, el consistorio tiene abiertos 14 expedientes por posible acoso inmobiliario, la mayoría de viviendas ubicadas en barrios como el Eixample o Ciutat Vella. Según la memoria del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, del 2009 al 2016 han pasado de registrar 82 instancias por posible ‘mobbing’ a 22.
En los últimos dos años, organizaciones como el Sindicato de Inquilinos ha hecho aflorar más casos, la mayoría de ellos de inquilinos cuya finca ha sido adquirido por un fondo de inversión con el objetivo de vaciarla, rehabilitarla y sacarla a la venta por un precio más elevado. Sobre si denunciar acoso puede tener consecuencias para los arrendatarios, Jaime Palomera, portavoz de la entidad, valora: “Ese miedo existe, pero hay que tener la seguridad de que si no denuncias estarás en una situación totalmente indigna y es posible que, al final, te suban el alquiler o te echen igual”.
Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento, defiende que “afortunadamente” la mayoría de propietarios tratan de forma correcta a sus inquilinos y mantienen las fincas en condiciones. “Pero en el actual contexto de incremento de precios de alquiler hemos detectado prácticas puntuales de falta de conservación para conseguir que se marchen antes de que acabe el contrato”, admite.
Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona quitan peso a la dimensión del ‘mobbing’. “Una cosa es que los contratos se renueven o no, que el alquiler suba más o menos, pero la problemática del acoso inmobiliario es muy pequeña”, afirma el gerente del órgano, que cuestiona que la falta de mantenimiento y conservación del inmueble por parte de la propiedad pueda llegar a serlo.
“No quieren saber nada de ti”
A Sergi Ledo, que vive en una finca de la calle Escorial, en Gracia, tampoco le han renovado el contrato de alquiler. Como Alpha y Fran, lleva desde hace años persiguiendo a su casero para que acometa distintas reparaciones en la finca, desde los bajantes que perdían agua hasta el contador del agua, que también tenía filtraciones. “Decidí tirar por la calle de en medio cuando vi que me daban largas a reparar unas humedades en el techo del baño porque los bajantes del bloque estaban rotos”, explica este joven, que puso entonces, en 2017, la primera reclamación a la Oficina de Atención al Ciudadanos del Ayuntamiento.
En noviembre de 2018 le llegó a Ledo el burofax de que no le iban a renovar el contrato como inquilino. “Hasta la inspección cuando vino me advirtió de que era probable que mi denuncia saliera adelante, pero que eso podía conllevar que me acabaran subiendo la renta o no renovando”, explica. Ocurrió lo segundo. “Al final si te quejas no quieren saber nada de ti”, lamenta. Él también sigue viviendo en el piso, ahora ocupándolo sin contrato. “Por ley pueden echarme, pero es como si en el plano laboral tu tienes contrato temporal, denuncias que tu empresa comete una irregularidad, y esto provoca represalias”, argumenta.
El Sindicato de Inquilinos trata de interceder en muchos casos para negociar renovaciones de contratos con los propietarios, incluso para hacer presión cuando este ha caducado ya para que se retomen las conversaciones. En el caso de Alpha y Fran decidieron ocupar durante varias horas el Instituto de Belleza Francis, en pleno centro de Barcelona, para señalar públicamente a la administradora del negocio, Ana Maria Fradera, que identifican como la propietaria de todo su bloque.
Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la inmobiliaria Carolina Martí, que gestiona su piso, para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta.