Salvo giro de guion, no habrá una macrocausa en Barcelona que investigue el espionaje con el programa Pegasus a decenas de independentistas. Un mes después de revelarse la infección a los móviles de políticos y activistas, entre ellos el del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la investigación del espionaje se ha dividido en hasta cuatro juzgados y corre el riesgo de acabar en archivo, igual que ha ocurrido con las primeras víctimas que denunciaron el ataque, los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall.
Las querellas que presentaron los espiados tras la revelación del laboratorio canadiense The Citizen Lab en abril, pretendían una investigación a fondo y de largo alcance y que se uniera a la causa que desde 2020 investigaba la infección con Pegasus en los móviles de Torrent y Maragall. La primera respuesta que recibieron del juez ya fue negativa: el magistrado del juzgado de instrucción 32 de Barcelona que investigaba el caso Pegasus en los dos políticos republicanos rechazó unir las querellas del resto de políticos de ERC espiados, así como las de los miembros de la CUP y de Òmnium Cultural.
Cada querella ha terminado repartida en un juzgado de instrucción distinto de la capital catalana. Lo primero que han hecho los respectivos togados –del juzgado 21, 22 y 24 respectivamente– ha sido preguntar a la Fiscalía sobre si tienen competencia para asumir la causa. El fiscal especializado de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, ya ha empezado a responder, y se ha mostrado en contra de crear una única macrocausa.
En el caso de la querella de los espiados de la CUP –el exparlamentario David Fernàndez y los diputados en el Parlament y el Congreso Carles Riera y Albert Botrán–, el fiscal ha rechazado que se acumule a la investigación ya abierta por el espionaje a Torrent y Maragall “porque no puede afirmarse que los hechos proceden de la misma persona”, han indicado fuentes fiscales.
En otro informe dirigido al juzgado de instrucción 21 de Barcelona relativo a los espiados de Òmnium –el exvicepresidente Marcel Mauri; su responsable de relaciones internacionales, Elena Jiménez; y Txell Bonet, la mujer del exlíder de la entidad Jordi Cuixart–, el fiscal no solo se ha mostrado partidario de mantener allí la causa y no remitirla al juzgado 32, tal y como pretendía la entidad soberanista, sino que también ha apostado por limitar la magnitud de la investigación planteada por el letrado Benet Salellas.
En concreto, el fiscal ha rechazado investigar la creación y puesta a disposición del programa Pegasus por parte del grupo israelí NSO por falta de jurisdicción de España, tal y como había pedido el abogado de Òmnium. Tampoco ve claro investigar quién y por qué compró el programa –y, por lo tanto, si fue solo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o alguna otra institución estatal, como sospechan los espiados–. Y solo ha apoyado abrir una investigación por un delito de revelación de secretos “con el fin de determinar su efectiva causación, la extensión y su autoría”, han indicado las mismas fuentes.
Competencia y alcance de las pesquisas
La prudencia de la Fiscalía es la misma que ya mostró el Ministerio Público en 2020, cuando apoyó investigar el 'hackeo' a los teléfonos de Torrent y Maragall, pero sin imputar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, tal y como pidieron los republicanos, ni enfocar la causa hacia la inteligencia española. La causa ha terminado en un callejón sin salida por el silencio de Israel, país que alberga la sede de NSO Group y que ha dado la callada por respuesta al juez en sus preguntas para aclarar el espionaje, y la negativa de juez y fiscal de incluir al CNI en la investigación.
A la espera de lo que decidan los nuevos jueces que han asumido las causas, las defensas de las espiados han pedido de nuevo un aluvión de diligencias que afectan al CNI y a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los espiados quieren, entre otras cosas, que el CNI responda si ha comprado Pegasus y que la Intervención General del Estado y del Ministerio de Defensa aclaren si se ha abonado alguna cantidad a NSO. También piden al juez que pregunte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional si les consta que alguna de sus unidades ha adquirido o utilizado directamente o a través de terceros Pegasus, así como los correos electrónicos que estos cuerpos policiales y el CNI hayan podido intercambiar con NSO.
Fuentes judiciales comparten el criterio de la Fiscalía ya que de lo contrario, argumentan, se llevarían a cabo investigaciones “prospectivas” prohibidas por la ley. En cambio desde la representación legal de los espiados se entiende que la posición del fiscal “debilita” la investigación al dividirla en varios juzgados.
En su recurso de este lunes contra la decisión del juez José Antonio Cruz de Pablo, el abogado de Torrent y Maragall, Andreu Van Den Eynde, reprocha al instructor que haya mantenido la investigación “materialmente paralizada” durante más de un año, sin decretar el sobreseimiento, sino acordando prórrogas de la instrucción. Para el letrado, es de “sentido común” que el sistema penal no puede mantener abiertas diferentes investigaciones por los mismos hechos y dirigidas contra los mismos organismos o personas.
Fuentes jurídicas apuntan a que si el disenso entre espiados y jueces y fiscales sigue, será la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de resolver los conflictos de competencia, la que determine si el caso Pegasus debe instruirse en un solo juzgado de la capital catalana o debe hacerse por separado.
Más causas y querellas
Al rompecabezas procesal formado en Barcelona para investigar el caso Pegasus, hay que sumar otros dos procedimientos abiertos que no afectan a dirigentes independentistas pero sí a espiados con el programa espía. Un juzgado de Madrid abrió diligencias por la denuncia del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y la Audiencia Nacional hizo lo propio por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La principal diferencia –además de la mayor rapidez de la Audiencia Nacional en repartir a un juez la causa tras la denuncia de la Abogacía del Estado– entre la causa del tribunal especial y las de Barcelona es que en la primera el juez decretó desde el minuto cero el secreto de sumario, a petición de la Fiscalía. En cambio, el Ministerio Público no ha reclamado, a día de hoy, el secreto en las causas de la capital catalana.
Sin esperar al desenlace de las causas penales, independentistas como Quim Torra o Josep Costa han acudido a la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo por la “vulneración” de derechos fundamentales del caso Pegasus. Además, otros espiados, como miembro del PDeCAT o Junts, todavía no han hecho público si han formalizado sus respectivas querellas. Tampoco lo ha hecho el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que debe decidir si confía en los servicios legales de la Generalitat o del partido para redactarla. Lleve la firma que lleve, todo indica que su –corto– recorrido no diferirá de las ya presentadas.