“En materia de derechos humanos nos encontramos en un momento que es bueno y malo, porque por un lado hay un empoderamiento colectivo y es un momento de ilusión en determinados sectores, pero también es un momento muy duro a nivel represivo”, comenta Anaïs Franquesa. Está sentada junto a Andrés García Berrio. Ambos son abogados de referencia para los movimientos sociales de Barcelona, y han defendido desde a huelguistas represaliados hasta internos del Centro de Internamiento de Extranjeros. Ahora son parte del grupo que impulsa el Centro para la Defensa de Derechos Humanos Iridia.
El objetivo de Iridia es dar una respuesta amplia, no sólo judicial, a violaciones de derechos humanos que van desde las políticas migratorias hasta la violencia machista. Por eso hay otras tres personas que comparten mesa con Franquesa y García Berrio pero que no son abogadas, sino que abordan los derechos humanos desde otros ámbitos. Irene Santiago es psicóloga social, y añade a la valoración de su compañera que es positivo que haya “un auge de movimientos sociales que no era hace años”. Aparecen en la conversación la lucha por el cierre de los CIE o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Hay una revalorización de las redes de apoyo, y en este sentido creo que el feminismo ha hecho mucho”, añade Carla Alsina, investigadora social proveniente de movimientos como el feminista o el del cierre de los CIEs. “Esto nos da perspectivas para pensar que una visión integral es más importante”, dice.
El quinto lugar en la mesa del despacho donde trabaja Franquesa lo ocupa Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, uno de los condenados por el caso 4F. Acusado de haber dejado tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana, sigue luchando para defender su inocencia tras cumplir las penas de prisión. Otra condenada por el caso, Patricia Heras, se quitó la vida durante un permiso mientras cumplía condena. El documental Ciutat Morta dio difusión a su historia buscando poner luz sobre un montaje policial y judicial. “Vengo de una lucha que se ha sumado a muchas otras luchas, mucha gente se nos acerca y no sabe dónde acudir”, explica. Iridia quiere ser la respuesta.
“Hay muchas entidades que trabajan cada uno de los temas que estamos planteando, y nosotros somos parte de este tejido, pero también vemos que hay un vacío”, asegura Alsina. Los impulsores de Iridia presentan el centro como un nodo más de una red ya existente y de la que forman parte, pero confían en que pueda servir para trabajar con una visión más integral. Y convertirse en una referencia para que la gente sepa dónde acudir, remarca Huidobro.
Violencia institucional
El primer proyecto en el que trabajan es la creación de un Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI), que estará en marcha a inicios de 2016, y pretende ofrecer asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas de malos tratos en el marco del sistema penal catalán.
“A menudo la palabra violencia ha sido utilizada precisamente contra el ciudadano. Se habla de violencia contra las cosas, por ejemplo a quemar un contenedor, cuando no es posible ejercer violencia contra los bienes, en todo caso hablaríamos de daños”, apunta Franquesa, que lamenta que en cambio no se habla mucho de la violencia institucional. Muchos informes internacionales denuncian que es una realidad en España, y tiene muchas caras.
Alsina habla del papel de la violencia institucional entre las violencias machistas, “porque la administración juega un papel en la reproducción de la discriminación de género”. Franquesa apunta que también lo son “todos los obstáculos que encuentras cuando pretendes denunciar o dar luz a casos de violaciones de derechos”. Santiago recuerda que el nivel más extremo de violencia institucional es la tortura, que está definida como una violencia ejercida por cargos públicos.
Sistema penal
“Trabajamos a nivel de sistema penal, entendiéndolo como un sistema claramente coercitivo”, dice Andrés García Berrio, que hace alusión a “todas aquellas muestras de golpes, agresiones, vejaciones o abusos de poder que se producen”. Explica que hay que tener en cuenta que el sistema penal tiene una parte más estática, que es la legislación, y una parte más dinámica, que son los operadores que la ponen en práctica, sean jueces, policías o funcionarios de prisiones. Hay que incidir en ambos niveles, cuenta.
Lo que impulsan es un proyecto que pretende dar respuesta a casos particulares, pero también impulsar cambios políticos. Se trata, en palabras de Irene Santiago, de “poder aportar a la construcción de sociedades más democráticas, no sólo responder a vulneraciones puntuales de derechos humanos”. Y eso, como admiten desde el abogado hasta la psicóloga social, no pasará necesariamente por un proceso judicial. Franquesa explica que “a menudo el proceso judicial no te da la reparación, a veces el muro de la impunidad puede ser doblemente victimizador”. Por ello el objetivo de Iridia es dar todas las herramientas a las personas para que decidan qué vía están dispuestas a seguir.
Verdad y memoria
Mariana Huidobro tiene muy claro que no cree en el sistema judicial. En el caso 4F, además, los recursos judiciales que interpusieron sólo sirvieron para incrementar las condenas de los que defendían su inocencia. Uno de los objetivos que se marca Iridia con el SAIDAVI es “generar procesos de reconocimiento de la verdad tanto judiciales como extra-judiciales” y Huidobro tiene claro que quiere trabajar caso a caso con las personas afectadas para respaldarlas.
“No pretendemos hablar de la verdad como algo absoluto, sino de verdades concretas, personales, sinceras”, explica Huidobro. “Queremos la verdad para recordar y que no se repita”, añade Santiago. “Cuando puedes nombrar lo que está pasando también lo puedes cambiar, y eso tiene mucho que ver con los procesos de memoria”, apunta. La madre de Rodrigo Lanza concluye que “las vivencias personales también se repiten en otros casos, lo que me pasa a mí le pasa a otras personas, y es aquí donde se crean situaciones que ya son polititzables”.
Iridia pasará en gran parte por este apoyo mutuo. Tanto por una víctima como Mariana Huidobro que pueda acoger otras como ella, pero también en los procesos judiciales. “Cuando sales de la cárcel roto después de haber visitado a una persona que lleva tres años en aislamiento necesitas también un apoyo para cuidarte tú”, apunta Andrés García Berrio, y Anaïs Franquesa, la otra abogada de la mesa asiente.“No puedes ayudar solo, tienes que hacerlo con estructuras”, asegura Huidobro, y Santiago aporta una conclusión aprendida de su trabajo social en América Latina: “Hay caminos que se recorren acompañados”.
Obligación moral
Hablan mucho de corresponsabilidad. “Si como sociedad generamos estas situaciones de violencia, tenemos la obligación moral de cuidar a las personas que las padecen”, afirma García Berrio. Santiago añade que “cuando hablamos de corresponsabilidad es porque la causa es social, no se debe perder de vista que estas vulneraciones son sociales, aunque acaban concretándose en vulneraciones individuales”.
Para ir más allá, quieren que estos casos sirvan también para remover conciencias cuando las personas afectadas estén dispuestas. “Lo más importante en una campaña como la del cierre de los CIEs ha sido trasladarle a la gente lo que supone estar cerrado en el CIE, que vayas a ser deportado o deportada, que te maltraten dentro del CIE”, dice García Berrio. Son estos procesos los que permiten llevar las exigencias al nivel político, y que, por ejemplo, el Parlament de Catalunya haya reclamado el cierre de estos centros.