Isabelle Anguelovski: “Hay grandes empresas que hacen negocio tras los desastres climáticos. Se está viendo en Valencia”

Isabelle Anguelovski (París, 1978) ha dedicado gran parte de su trayectoria académica a investigar las desigualdades ambientales y, en particular, una derivada que tiene que ver con las catástrofes naturales: cómo la reconstrucción posterior a estos desastres puede beneficiar a unas pocas empresas y perjudicar a los colectivos más empobrecidos o marginalizados.

Estos días, Anguelovski observa los primeros pasos de la reconstrucción en València y alerta sobre los ejemplos de corrupción, especulación y desplazamiento de población vulnerable que siguieron a catástrofes como la del Katrina en Nueva Orleans, en 2005, o la del tsunami en el oceano Índico, un año antes. La emergencia suele ser un pretexto, argumenta, para bajar el nivel de escrutinio en las contrataciones, como ocurrió con la pandemia.

Doctorada en urbanismo por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Anguelovski es desde 2011 profesora en el Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Además, es la directora del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Susteinability (BCNUEJ).

¿Cómo condicionan las desigualdades económicas y sociales durante el impacto de una catástrofe natural? 

Hay varios tipos de impactos desiguales en los desastres climáticos. El primero es que suelen afectar más en general a los colectivos vulnerables (clase trabajadora, migrantes, ancianos, niños...), que son los que tienen menos recursos para protegerse, pero también son los que tienen menos medios para adaptarse a futuros desastres, y finalmente estos suelen ser los más afectados en los desplazamientos asociados a proyectos de adaptación climática. 

En las inundaciones de Valencia se ha visto por ejemplo que la mayoría de víctimas mortales eran personas mayores. 

Sí. De entrada, a nivel físico las personas mayores y los niños son los más vulnerables. Pero también se ha visto cómo los trabajadores de pequeñas tiendas o de polígonos industriales no pudieron huir a tiempo. 

Usted ha realizado numerosos trabajos de campo para analizar cómo se lleva a cabo la reconstrucción tras estos desastres climáticos y por qué el resultado siempre es desigual. 

Lo que demuestra la investigación científica en casos anteriores es que muchas veces no se reconstruye bien ni ambientalmente ni socialmente. En Phuket, Tailandia, una de las zonas más devastadas por el tsunami de 2004, se usó el trauma del desastre como pretexto o herramienta para desplazar a las comunidades pesqueras que tenían sus pequeños negocios y barcos. Se privatizaron las playas y se construyeron complejos turísticos de lujo. Es lo que se conoce como capitalismo del desastre. 

Este concepto, en inglés disaster capitalism, lo acuñó Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. ¿A qué hace referencia? 

A cómo se aprovechan estos desastres, y los traumas que generan, para recortar servicios públicos, privatizar infraestructuras y dar poder a las empresas privadas y a los inversores en la reconstrucción de esas zonas, en vez de pensar en el bienestar común y en los grupos mas vulnerables. Ocurre con los desastres climáticos, pero también vale para las guerras, como se vio en Irak, con las empresas norteamericanas que ganaron millones de dólares durante la reconstrucción.  

El principal ejemplo de ello es la recuperación en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina. ¿Por qué?

Lo que allí se produjo fue la neoliberalización del proceso de reconstrucción. En materia de vivienda, gran parte de la vivienda pública se demolió en algunas zonas y se levantó de nuevo como vivienda mixta, con usos privados, con lo que una parte de los residentes de clase trabajadora, en su mayoría negros, no pudo regresar. Se cerró un hospital público, se contrató a trabajadores de fuera de la región empleados a bajo coste, no se priorizó las empresas de la zona…

Por paradójico que parezca, hay sectores económicos que pueden ver en la reconstrucción una oportunidad.

Claro. Hay grandes empresas, comenzando por las de construcción, que hacen mucho negocio y obtienen muchos beneficios tras un desastre climático. Se aprovechan de la urgencia y la necesidad de reconstruir de forma inmediata, de que todo se tiene que hacer ya, como es por ejemplo el caso de la protección de infraestructuras. Esto se está comprobando en Valencia, donde acabas viendo contratos millonarios a empresas de condenados por la trama Gürtel. Esto es parte también del capitalismo del desastre. Otro sector que se suele beneficiar de este modelo es el turístico, como se vio en Nueva Orleans o Sri Lanka. 

Al otro lado, tenemos sectores de empresas pequeñas que también podrían beneficiarse de ello, como son las que ofrecen soluciones de adaptación a las inundaciones basadas en la naturaleza de ámbitos: las de arquitectura, la jardinería, diseño… O incluso sectores públicos como el de emergencias, que deberían salir reforzados. 

Un ejemplo reciente en España de empresas y comisionistas que se lucraron con la emergencia fue la pandemia. 

La Administración baja el listón y el nivel de escrutinio y monitoreo de las contrataciones durante estas crisis. Se pone la emergencia como excusa. Es lo mismo, solo que el covid fue una emergencia sanitaria y estas otras son emergencias climáticas. 

Más allá de constatar que hay empresas que hacen negocio, ¿estos sucesos son también terreno fértil para la corrupción?

El aprovechamiento es múltiple por la urgencia y el menor escrutinio y auditoría, que se intentan justificar por las circunstancias y las necesidades de actuar rápido. También el flujo masivo de recursos y ayudas provoca que se puedan desviar fondos. Muchas de las decisiones son opacas, lo que puede beneficiar a ciertas empresas y perjudicar particularmente a los grupos más vulnerables porque no tienen ni capacidad, ni capital político, ni tiempo de pedir más transparencia o rendición de cuentas. Todo esto empeora en caso de falta de protocolos claros para la reconstrucción y la contratación postdesastre.

En Italia, con el terremoto de l’Aquila, algunos contratistas hicieron lobby a los funcionarios para inflar los costes de reconstrucción o utilizaron materiales ya degradados o técnicas que no mejoraron la resiliencia de los edificios para futuros terremotos. Se estima que casi 500 millones de euros fueron a empresas ligadas al crimen organizado…

Algunos de los casos que ha mencionado, como Nueva Orleans o Sri Lanka, pueden parecer alejados de la realidad española, donde el estado del bienestar es más fuerte y la regulación, mayor. ¿Cree aun así que los riesgos son similares?

Los riesgos son similares, la diferencia es la escala. En Paiporta, por ejemplo, la población está envejecida y solo hay un centro de salud. Quizás no veremos su privatización ni se cerrarán otros hospitales, pero sí puede que las actuales necesidades de atención en un sistema colapsado y recortado eleven la vulnerabilidad sanitaria del municipio. Las personas afectadas por inundaciones tienen un riesgo elevado de muerte durante los 60 días posteriores a una inundación, debido a problemas cardiacos y respiratorios. Se puede producir una desigualdad fuerte entre quién está bien atendido y quién no. 

¿Ha estudiado otros ejemplos paradigmáticos del capitalismo del desastre?

En algunas zonas afectadas por inundaciones y que pueden seguir siendo atractivas, lo que ocurre a menudo son fenómenos de gentrificación climática. En Florida o en Boston, promotores inmobiliarios han construido edificaciones resilientes (elevadas, rodeadas de pavimento impermeable, con paseos marítimos naturalizados y restaurados) que han acabado siendo para las familias acomodadas que se lo pueden permitir. Muchas compañías de seguros además aprovechan para subir sus importes anuales. En Florida pueden llegar a 12.000 dólares al año.

En zonas inundadas de Florida o Boston, promotores inmobiliarios han construido edificaciones resilientes que han acabado siendo para las familias acomodadas que se lo pueden permitir.

De todos modos, una de las prioridades de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, en el marco llamado Sendai, es la de “construir mejor” después de estos sucesos. Esto no se puede eludir, ¿no?

Claro. Es que no se debería poder reconstruir igual que antes. La pregunta es a qué zonas das el derecho de reconstruir y a cuáles no. Es una pregunta ética importante. De nuevo en Nueva Orleans, tras el Katrina se creó un mapa de zonas, el Green Dot Map, con el Lower Ninth Ward con elevada población negra, en las que no se permitió volver a construir por ser zonas de inundación y se convirtió en un parque. Sin embargo, hubo zonas de clase alta y blanca en las que sus vecinos sí tuvieron derecho a reconstruir sus viviendas. Es decir, que si eres de un grupo que “no importa”, no tienes derecho a regresar a tu casa. 

En España tenemos casos de expropiaciones de viviendas y barrios para evitar futuras inundaciones, el más reciente el de Ontinyent tras la DANA de 2019. Es probable que se plantee ahora en l’Horta Sud. ¿Cómo se debe acometer un proceso así? 

Tienes que asegurarte de que las personas trabajadoras tengan acceso a infraestructuras de transporte para ir a su trabajo, de que haya los mismos recursos a nivel de escuelas o zonas verdes y de ocio. De momento, parece que en cuanto a las ayudas las cosas se están haciendo bien. Está el adelanto de un 50% para reconstruir y pagar los daños y la moratoria de las deudas. El problema será que no haya obstáculos para acceder a las ayudas. 

Esta debe ser otra fuente de desigualdad. 

El acceso a las ayudas siempre se ve como obstáculo alto para las poblaciones vulnerables. Se necesita una inversión enorme en técnicos de ayuntamientos y unidades de emergencia que hagan puerta a puerta, vecino a vecino, para garantizar que todo el mundo puede rellenar las solicitudes. Que sea una reconstrucción administrativamente y logísticamente justa. Durante el huracán Harvey en Houston se presentaron demandas contra la asignación desproporcionada de fondos a las zonas más ricas a expensas de los barrios de ingresos bajos. Al final, el Departamento de Vivienda reconoció en 2022 que los criterios discriminaban por raza y origen y esto provocó revisiones y ajustes en las asignaciones. Esta puede ser una preocupación para Valencia.