Trece puestos clave en altos organismos de la judicatura están vacantes y a la espera de los nombramientos que debe realizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un organismo que, a su vez, tiene su mandato caducado desde hace dos años, debido al rechazo del Partido Popular a renovarlo. Pese a esto, el próximo jueves 30 de septiembre el CGPJ tiene previsto votar y designar a los nuevos ocupantes de esas cotizadas plazas. El jefe del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, está convencido de que, de producirse, esta elección sería un “ejercicio de golpismo constitucional por parte del PP”, pues aprovecharía su capacidad de bloqueo para “extender sus tentáculos de influencia en la justicia y colonizar los puestos más sensibles”.
“La mayoría del PP en el Poder Judicial es absoluta y no corresponde con los resultados de las urnas”, destaca Asens, que no oculta que su objetivo final es que la votación no se lleve a cabo. “Tenemos que apelar a la decencia de los miembros del CGPJ, en especial a la minoría progresista, para que no participen de esa ruptura y ese golpe a la Constitución. Si no hay cuórum la votación queda en suspenso”, indica.
En Unidas Podemos están poniendo toda la carne en el asador para evitar la votación del día 30 de septiembre en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Por qué consideran que es tan importante?
Porque está en juego el normal funcionamiento del Estado de Derecho, de los órganos constitucionales y hay una amenaza contra el orden constitucional. La cuestión es parar o no un golpe a la democracia, un ejercicio de golpismo constitucional por parte del PP. Nosotros creemos que hay una operación en marcha para tumbar al Gobierno subvirtiendo el orden constitucional, y esta es una de las patas principales de esa operación. Con su bloqueo de la renovación de los órganos judiciales, el PP trata de extender sus tentáculos de influencia en la justicia y colonizar los puestos más sensibles. No es circunstancial; como expresó Cayetana Álvarez de Toledo, el PP considera que la justicia es el “último dique de contención” ante los avances progresistas.
¿Qué es lo que temen que ocurra en esa votación del CGPJ?
Cada cinco años hay elecciones generales y se renuevan las Cortes, el Gobierno y el gobierno de los jueces. Es una exigencia democrática aplicar el principio de renovación de esos órganos. Por ese motivo, el Congreso cuando acaba su mandato no puede seguir actuando, ni el Gobierno tampoco, quedan en funciones hasta que se constituyen los nuevos. Pues esto mismo vale para los jueces. La Constitución es muy clara cuando dice que el mandato del CGPJ caduca en cinco años y, a partir de ahí, no deberían poder seguir nombrando jueces. Pues estamos en esa situación, el Consejo General del Poder Judicial, si no lo evitamos, va a nombrar a jueces en puestos clave en los tribunales con el mandato caducado.
Acusa al PP de estar detrás de una “operación para tumbar al Gobierno subvirtiendo el orden constitucional”. ¿Esto es la acusación de un delito?
No, hay golpes constitucionales que son desnaturalizaciones del funcionamiento habitual, con filibusterismo y pervirtiendo la propia ley. Pongo un ejemplo: lo que hizo en el anterior mandato el PP es no someterse al control de la Cámara. La oposición pidió al pleno que planteara un conflicto de atribuciones que llegó al Constitucional y éste acabó interviniendo para deshacer este bloqueo sobre el Congreso. El PP había secuestrado así la Cámara impidiéndole legislar.
Por tanto, no creen que este bloqueo sea algo puntual sino una estrategia de fondo.
Tiene que ver con una tradición de la derecha, que tiene una concepción patrimonialista del poder. Cuando está en el poder, no se cree que lo ocupa de forma temporal y, cuando lo pierde, no lo acepta y rompen todas las reglas de juego. Cuando el PP pierde las elecciones, plantea el discurso de la ilegitimidad del Gobierno. Esto ya pasó con Zapatero, cuando también tenían el Constitucional bloqueado y eso les sirvió para obtener por ejemplo la sentencia del Estatut.
Ahora pasa lo mismo, con el agravante de que ahora están diciendo públicamente que no quieren negociar nada y que van a bloquear el funcionamiento, que aún me parece una perversión más grande. Tiene que ver con el clima que han creado, que es casi sedicioso, porque cuando tú has dicho a tus simpatizantes que estamos en una dictadura constitucional y que es un Gobierno ilegítimo, la gente se cree que vale todo.
Los partidos, a quienes toca renovar el CGPJ, no se han puesto de acuerdo. ¿Qué cree que debería hacer el Poder Judicial ante esto?
Un matiz previo. No se han puesto de acuerdo no por un desencuentro, sino porque [el PP] dice que no quiere, y por lo tanto, que no quieren cumplir con la Constitución. Dicen que no lo harán, que mientras que Unidas Podemos esté en el Gobierno no van a renovar el Consejo. Es una excusa que se han inventado ahora.
Más allá de las responsabilidades, lo cierto es que no hay mayoría para renovar el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué debería hacer el CGPJ? ¿Continuar con puestos claves de la judicatura vacantes?
Nosotros creemos que tenemos que hacer un llamamiento a los jueces de a pie, que consideramos que son jueces honrados, a alzar la voz y que digan que no puede hacerse eso en su nombre. Creemos también que tenemos que apelar a la decencia de los miembros del CGPJ, en especial a la minoría progresista, para que no participen de esa ruptura y ese golpe a la Constitución. Si no hay cuórum la votación queda en suspenso.
Con independencia de la votación de la próxima semana, Unidas Podemos ha presentado una propuesta legislativa sobre este tema. ¿De qué se trata?
Lo que pretendemos es que en el presente pero también en el futuro nadie pueda utilizar este vacío legislativo para bloquear el CGPJ incumpliendo la Constitución, como se está haciendo. Y digo vacío porque la ley orgánica del Poder Judicial no preveía que esto se produjera. Por tanto hay que limitar las funciones de un Gobierno del Poder Judicial que esté en funciones, como ya ocurre con el resto de órganos, y por ejemplo que una vez caducado su mandato no pueda renovar los cargos hasta que no se constituya el nuevo.
Si finalmente los dos grandes partidos llegasen a un acuerdo, ¿Unidas Podemos podría votar a favor?
Es que debería ser un acuerdo que tiene que vincular al Gobierno, que como todo el mundo sabe está constituido por dos partidos.
Pero podría no vincular al Gobierno, vale con poner de acuerdo una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.
Sí, pero tenemos un acuerdo de Gobierno. Y esto tiene que ver con el Gobierno. Si hay un acuerdo evidentemente deberíamos participar nosotros. En este acuerdo lo ideal es que participara el conjunto del Congreso. Pero nosotros no votaremos a favor de una renovación con la que no estemos de acuerdo, evidentemente.
Alguien puede pensar que lo que busca Unidas Podemos es obtener una cuota en el CGPJ.
Hay quien ha criticado el modelo de selección de la cúpula judicial y hay buenas razones para hacerlo. Pero también tiene ventajas, porque permite que la justicia, que es un sector de la sociedad especialmente conservador, se parezca más al pueblo del que emana su legitimidad. Y tiene que ver con nuestra historia particular, porque la Transición no pasó por la Justicia, ni hubo una ruptura, como sí ocurrió por ejemplo en el Ejército. El Partido Socialista por eso creyó que debía haber una legitimidad democrática detrás del aparato judicial.
Pero se han vertido acusaciones directas, por ejemplo desde Ciudadanos, de que los partidos quieren repartirse el Poder Judicial mediante cuotas. ¿Esto es así?
Lo que quiere Ciudadanos es tener una cuota a través de las asociaciones de jueces, la mayoría de los cuales pertenece a organizaciones conservadoras y que defienden unos intereses corporativos que coinciden con los del PP y los de Ciudadanos. Pero bien, esto que propone Ciudadanos es un modelo y es defendible, lo que no es defendible es el bloqueo que está ocurriendo ahora.
Hasta ahora hemos visto diferentes composiciones del CGPJ en las que podía identificarse a jueces elegidos por el PP, otros elegidos por el PSOE, algunos por IU o los nacionalistas… ¿Unidas Podemos aspira a elegir a un número de miembros del CGPJ?
No estamos pidiendo una cuota ni mucho menos, lo que estamos pidiendo es que en la elección de los miembros no prime la adscripción o la cercanía de una persona a un partido político sino su trayectoria y sus méritos. Y esto es precisamente lo que no está pasando, bajo el control del PP de la justicia.
¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar esta situación de captura del CGPJ por parte del PP?
Hay distintas vías. Una reforma legislativa para regular cómo debería funcionar un CGPJ en funciones, plantear un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional o la posibilidad de que el ministro de Justicia no refrende los nombramientos efectuados por el Consejo.
¿Han sugerido esta última opción al ministro de Justicia?
Esta opción concreta no, pero sí he hablado con el ministro Campos sobre la posibilidad de reformar la ley.
¿Es imposible una mayoría progresista en el CGPJ?
No, el CGPJ debería reflejar la mayoría progresista del Congreso. En el pasado había un equilibrio entre vocales progresistas y conservadores, pero el PP lo rompió a través de sus reformas del CGPJ. La mayoría del PP en el Poder Judicial es absoluta y no corresponde con los resultados de las urnas. El PP se ha atrincherado en el CGPJ para ganar con la Justicia lo que ha perdido en las urnas y convertirla en la continuación de la política y en un método para neutralizar a sus adversarios.
El Ministro de Justicia ha anunciado este miércoles que se empezarán ya a tramitar los indultos a los presos independentistas. ¿Cree que el Gobierno los concederá?
Era un compromiso de nuestro programa electoral para desjudicializar la política y hacer que la política fuera útil. Cualquier propuesta de desbloqueo debe pasar por una solución a la situación de los presos, y una de ellas es el indulto. Tramitar el indulto no es más que cumplir con la ley, aunque el PP ya ha anunciado que lo recurrirá sin saber su resultado. Al PP ya sabemos que no le gusta cumplir la ley. El PP en el pasado tramitó y concedió decenas de indultos para sus amigos corruptos y a torturadores. Conceder los indultos sería un paso positivo para desjudicializar el conflicto que se vive en Catalunya, aunque hay otro paso, la reforma del delito de sedición, que para nosotros es importante.
¿La idea es modificar el delito de sedición o eliminarlo?
La reforma del delito de sedición está pensada no solo para los independentistas, también para proteger manifestaciones de sindicalistas o de la PAH. La idea es eliminar el delito en los términos en los que está redactado ahora y mantener un tipo penal que no tenga nada que ver con el actual. El delito actual de sedición es una reliquia del pasado y basado en una concepción predemocrática del orden público. Es tan indeterminado que el Supremo ha hecho decir a este tipo penal cosas que no dice. Deben quedar fuera del delito de sedición el ejercicio de derechos fundamentales como el ocurrido el 1-O.
¿Y para la resistencia a una decisión judicial, qué tipo se aplicaría?
Para eso ya hay un tipo penal, la desobediencia, y una serie de delitos contra el orden público que ya cubren la protección de los bienes jurídicos. Nuestra propuesta es pragmática y asumible por todo el bloque de la investidura porque de ser solo por nosotros se derogaría directamente el delito de sedición.
Esta reforma del Código Penal afectaría a una parte del anterior Govern, pero dejaría fuera a procesados por otros delitos, tanto a políticos como otros ciudadanos. ¿No cree que podría entenderse como un agravio comparativo?
Nunca hemos dicho que esta propuesta resuelva todas las situaciones. No hay una solución mágica e inmediata que pueda resolver la situación de todos los encausados por el procés, y quien diga lo contrario no dice la verdad. Hay que asumir que el resto de causas seguirán, pero aquí también podría decirse a la Generalitat que dejara de ejercer la acusación contra manifestantes independentistas, lo que es contradictorio con pedir la amnistía.
Otra de las cuestiones que se han apuntado es la posibilidad de que tipificando el delito de sedición, los jueces puedan aplicar este a situaciones que hasta ahora no se consideraban sedición, como por ejemplo los altercados durante manifestaciones. ¿Existe este riesgo? ¿Cómo se evita?
La función jurisdiccional corresponde a los tribunales, y son ellos los encargados de instruir y juzgar. El legislador lo que puede hacer es modificar ciertos aspectos del Código Penal. También queremos modificar el delito de los piquetes de huelga porque afecta a los derechos fundamentales o el de injurias a la corona. Más allá de esto no se puede hacer nada más, si bien en el Estado español hay una asignatura pendiente: la regeneración del Poder Judicial.