El director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha acusado al juez Manuel García Castellón de “adentrarse en una espiral persecutoria” en la causa de Tsunami Democràtic y de actuar guiado por “razones extraprocesales” ajenas al derecho y que responderían a su oposición a la amnistía y al pacto entre el PSOE y Junts.
Con esta contundencia se expresa la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, en su recurso contra el último auto del magistrado, en el que, entre una quincena de diligencias, ofreció a la familia del francés fallecido por infarto en El Prat personarse en el caso y pidió datos a la OTAN sobre la protesta de Tsunami en el Aeropuerto.
La resolución fue el colofón a un mes de noviembre en el que el magistrado, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, ha reactivado un caso que languidecía tras cuatro años de instrucción. Primero el juez dirigió la investigación contra Carles Puigdemont pese al nulo papel en Tsunami que le otorgó la Guardia Civil. Después envió el caso al Supremo, pese a lo cual decidió que podía continuar con la investigación sin esperar a si el Alto Tribunal aceptaba la causa.
El juez ha imprimido velocidad al caso pero ha varado la elevación de los recursos contra sus decisiones a la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que ha agudizado la discrepancia entre el instructor y la Fiscalía. Tampoco ha tramitado las peticiones de dos investigados para que se aparte del caso por haber opinado contra la amnistía, pero sí lo ha hecho con la solicitud de Alay.
A juicio del jefe de la oficina de Puigdemont, con sus últimos movimientos el juez García Castellón “omite” las resoluciones de otros juzgados que descartaron relacionar con Tsunami el infarto del turista francés o calificaron los altercados como desórdenes públicos y no terrorismo, como mantiene el instructor.
Para la defensa, el instructor “se adentra en una espiral persecutoria que, junto con los perjuicios que causa a los afectados, genera un ingente e indebido gasto público imposible de justiciar”. Y pone como ejemplo de ella las últimas pruebas que el magistrado ha encargado a la Guardia Civil, como la “comprobación pericial” de la distancia entre El Prat y el Hospital de Bellvitge, donde murió el turista francés, para saber “el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado del Aeropuerto al Hospital, y si resultó justificado el uso de un helicóptero”.
Sobre la petición a la OTAN para que le remita las “incidencias” en el tráfico aéreo fruto de la protesta independentista en El Prat contra la sentencia del procés el 14 de octubre de 2019, la defensa ironiza con que se podría obtener un resultado “más acorde a la realidad” si en vez de preguntar a la alianza atlántica “se buscara en un tablero de güija”.
La defensa pide anular todas las diligencias solicitadas por el juez al considerar varias de ellas “innecesarias, inútiles e impertinentes” y ser un reflejo de un “procedimiento prospectivo” contra los independentistas, algo vetado por la ley.
“Coincidiendo con acontecimientos extraprocesales procedentes del ámbito político”, sostiene el recurso en referencia a las negociaciones entre el PSOE y Junts, la causa de Tsunami “se desbarranca en una dinámica de gestación de diligencias de todo tipo que nada bueno dicen sobre la forma en que se ha de proceder por parte de la Justicia en un estado democrático y de derecho”.
A juicio de Alay, el juez García Castellón ha tenido en el caso Tsunami “una actuación procesal absolutamente errática, carente de cualquier base indiciaria y que podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes dado su carácter prospectivo”.