Joan Busquets, uno de los últimos maquis, reclama al Estado un millón de euros por sus 20 años de cárcel con Franco

Con 95 años, Joan Busquets Vergés, ex guerrillero antifranquista, ha viajado desde Normandía, donde vive, hasta Barcelona, para anunciar una reclamación contra el Estado español. Ha solicitado una indemnización de un millón de euros por los daños sufridos durante los 20 años que pasó encarcelado, sobre todo por las enfermedades y lesiones físicas cuyas secuelas ha acarreado hasta hoy. 

Busquets es uno de los últimos maquis que quedan vivos en España, integrante de esas células de resistencia que se dedicaron a hostigar el régimen franquista durante la posguerra. A los 20 años se enroló en el grupo de Marcel·lí Massana, en la comarca catalana del Berguedà, pero pronto fue detenido. Cumplió condena de 1949 a 1969, casi toda en la cárcel valenciana de San Miguel de los Reyes. 

Más de medio siglo después, Busquets ha decidido saldar cuentas con el Estado. Con el apoyo jurídico del sindicato CGT tramitó la reclamación frente al Ministerio de Justicia el pasado 19 de julio, y este martes ha ofrecido una rueda de prensa en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona para contarlo. Le han acompañado Pep Cara, secretario general del sindicato en el Berguedà, y Raúl Maíllo, abogado del gabinete jurídico, que ha detallado que su petición busca no solo la reparación económica, sino sobre todo también una que tenga que ver con las “garantías de no repetición”.

Busquets ha apelado al derecho internacional para fundamentar su reclamación de reparación económica, puesto que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no lo prevé. La norma declara nulas e ilegítimas las condenas por razones políticas durante el franquismo, pero añade que estas no pueden dar lugar a indemnizaciones de índole económica. En este sentido, la solicitud elaborada por los abogados de CGT hace referencia a la resolución de Naciones Unidas de la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que sí incluye la indemnización como parte de la reparación.

Condenado a pena de muerte por los delitos de rebelión militar, bandidaje y terrorismo, la sentencia le fue conmutada por 30 años de cárcel que empezó a cumplir oficialmente el 24 de febrero de 1950. Fueron 20 años y seis días de privación de libertad, hasta 1969, a los que se sumó un período de libertad vigilada técnicamente hasta octubre 1974. Sin embargo, tras unos meses en los que no consiguió adaptarse a la vida cotidiana en Barcelona, en 1971 acabó exiliándose clandestinamente a Francia, donde ha mantenido su activismo anarcosindicalista. 

En su relamación, Busquets relata el sufrimiento de sus años en la cárcel, desde que tenía 20 hasta que cumplió 40. Señala las “consecuencias devastadoras” del hambre y los “trabajos forzados” a los que fue sometido durante cinco años. En 1956 trató de fugarse, pero se rompió el fémur intentando saltar un muro. Cuando lo interceptaron en el suelo, los guardias civiles le soltaron un culatazo que le rompió la nariz y le llevaron a una celda de castigo. Días después tuvo que ser trasladado al Hospital Provincial de Valencia para que le operaran. 

Las lesiones y afectaciones fruto de ese y otros episodios le han causado “graves problemas de salud y de limitaciones de la capacidad de trabajar”, alega Busquets. Colitis crónica, varices, múltiples fracturas del fémur izquierdo, insuficiencia cardiaca o cojera son algunas de las secuelas que enumera.

Busquets contrasta también el trato recibido en España cuando salió de prisión, con el hostigamiento de la Brigada Político Social en Barcelona, con el de Francia en 1971. “Tan pronto llegué obtuve el reconocimiento como exiliado político por la Office Français de Protection de Réfugies Apatri (OFPRA)”, señala.

Este es solo el último episodio de una lucha que Busquets ha mantenido a favor del reconocimiento y la reparación a la figura de los maquis, que operaron en España hasta la década de los cincuenta y en el que partiparon miles de guerrilleros antifranquistas. En su día escribió cartas al presidente del Gobierno, Felipe González, y posteriormente al de la Generalitat, José Montilla, y llegó a participar en la ocupación del Memorial Democràtic en Barcelona en 2010. “La negativa del Estado me da más fuerza a continuar, y continuaré mientras viva”, ha concluido.