Una imagen para la historia. Jordi Pujol, Marta Ferrusola y tres de sus hijos -Marta, Pere y Mireia- declararán por primera vez este martes en un juzgado como imputados por un delito fiscal y por otro de blanqueo por el dinero que habían escondido en Andorra.
En un auto del pasado diciembre, la jueza Beatriz Balfagón, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, limitó la investigación del caso Pujol a estos dos presuntos delitos porque, hasta ahora, no hay indicios de que el dinero proceda del cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, ni la juez ni el fiscal se creen la versión del ex presidente Jordi Pujol, hecha pública mediante un comunicado el 25 de julio pasado, que el dinero de su familia en Andorra correspondía a un legado de su difunto padre, Florenci Pujol, fallecido en 1980. De hecho, en su testamento no aparece ninguna referencia a estos fondos.
La juez recuerda a los imputados que “si la versión que quieren hacer valer es la que se corresponde con la realidad” no les costará nada conseguirlo si aportan la documentación sobre los movimientos de sus cuentas bancarias en el extranjero, pero, de momento, a pesar de la insistencia de la magistrada, la familia Pujol no le ha hecho ningún caso.
Este martes, cuando declaren en el juzgado, quedará claro si Jordi Pujol y su familia han decidido colaborar en el esclarecimiento del origen del tesoro que tenían escondido o prefieren seguir jugando al gato y al ratón. Cuando compareció el pasado septiembre en el Parlament de Catalunya, Jordi Pujol no contestó las preguntas de los diputados, y ahora hay que ver qué hace ante la juez.
El abogado de la familia, Cristóbal Martell, alega que la esposa y los tres hijos del ex presidente regularizaron en julio pasado el dinero que tenían en Andorra, que han hecho lo que era correcto, que no hay motivo para las imputaciones. En cambio, la juez y el fiscal entienden que con la regularización fiscal no se aclara el importe del dinero que han tenido en el extranjero y, por supuesto, tampoco su origen.
La juez considera “esencial” saber cuánto dinero les dejó el difunto Florenci Pujol para determinar si son los fondos que han regularizado en Andorra. Beatriz Balfagón subraya que no presupone que el origen del dinero sea ilícito, pero que tampoco se debe aceptar “a ciegas, sin hacer ninguna comprobación” la versión del ex presidente de la Generalidad.
Viacrucis de juzgado en juzgado
Viacrucis de juzgado en juzgadoLa familia Pujol Ferrusola está en pleno viacrucis de juzgado en juzgado: en la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz investiga Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, por presunto delito fiscal y blanqueo de dinero y, por su parte, Santiago Pedraz hace lo propio con Oleguer Pujol Ferrusola, el más pequeño de los hermanos; mientras que en dos juzgados de instrucción de Barcelona se sigue un sumario contra Oriol Pujol Ferrusola por caso ITV y otro contra el ex presidente Jordi Pujol, Marta Ferrusola y tres de sus hijos por el dinero de Andorra.
Fuentes jurídicas conocedoras del caso apuntan que, salvo sorpresas, este último sumario es el que menos problemas penales llevará a la familia Pujol precisamente porque ya han regularizado las cuentas que tenían en Andorra. Sin embargo, probablemente será el que dañará más la imagen política de Jordi Pujol, que en febrero próximo debe comparecer, por segunda vez desde que estalló el escándalo, en el Parlamento de Catalunya, en esta ocasión ante una comisión parlamentaria de investigación.
La banca andorrana todavía los protege
La banca andorrana todavía los protegePrecisamente, este lunes 26 de enero estaban citados a declarar ante esta comisión de investigación los principales directivos de los bancos andorranos a los que la familia Pujol confió su dinero, unos 4 millones de euros: primero los ingresaron en Andbank y, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, los transfirieron a Banca Privada de Andorra (BPA). Por parte de este último banco, estaban citados los hermanos Higini y Ramon Cierco -que también es directivo del FC Barcelona-, y por parte de Andbank, su presidente, Manuel Cerqueda, y el consejero delegado, Jordi Comas. Todos han excusado su comparecencia con el argumento de que su nacionalidad andorrana les exime de dar explicaciones en el Parlament de Catalunya. Curiosamente, Jordi Comas es hijo de Antoni Comas, que fue consejero de Bienestar Social (1988-1999) en los gobiernos de Jordi Pujol. La banca andorrana continúa protegiendo al ex presidente de la Generalitat.
Desde la confesión del padre en julio pasado, la familia Pujol se ha hecho escurridiza. Evitan los medios de comunicación e, incluso, uno se ha marchado al extranjero y otros han abandonado trabajos y negocios, voluntariamente o forzados por las circunstancias. Esta es su situación:
Jordi Pujol Soley (84 años). Ha renunciado a la retribución como ex presidente de la Generalitat, así como a la oficina de la que disponía y que era la sede del centro de estudios que llevaba su nombre, que también ha cerrado. Tampoco conserva ningún cargo en CDC ni en CiU. Ha dejado de acudir a actos públicos.
Jordi Pujol Ferrusola (56 años). Uno de sus amigos assegura a este digital que hace meses que está “missing” y que ya no se deja ver por los lugares que frecuentaba en Barcelona.
Marta Pujol Ferrusola (54 años). Arquitecta de formación, ocupaba un puesto de funcionario técnico superior de ingeniería en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) por asignación directa desde 1996, sin haber superado ninguna oposición o proceso selectivo. Tenía un sueldo asignado de 2.264 euros aunque sólo trabajaba 9 horas semanales. Cuando trascendió esta información a la prensa, el ayuntamiento, gobernado por el convergente Miquel Àngel Martínez Camarasa, encargó la redacción de las bases por las que se regirá la convocatoria del proceso de selección para cubrir este puesto.
Josep Pujol (51 años). El único de los hermanos que no está imputado en ninguno de los procesos. Sin embargo, ha decidido irse a EEUU, donde ejerce como directivo de Indra. Ha regularizado 2 millones de euros en la última amnistía fiscal.
Pere Pujol (49 años). En la década de los noventa su nombre apareció en la prensa por los contratos que varias administraciones públicas hicieron a las empresas de estudios medioambientales para las que trabajaba, pero, desde entonces, se ha convertido en el más discreto de los hermanos Pujol hasta que se le encontró que también tenía una cuenta bancaria en Andorra.
Oriol Pujol (47 años). La última vez que compareció ante el juez, el 11 de enero pasado, optó por guardar silencio, al igual que su esposa, Anna Vidal, y el empresario Sergi Alsina, los tres imputados en el caso ITV. En esta ocasión fueron citados a declarar por la trama de las deslocalizaciones de Sharp, Sony y Yamaha, y también por otras operaciones como la del parque de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires. La fiscalía considera que Oriol Pujol “utilizaba sus múltiples influencias políticas” para beneficiar Alsina, el cual le pagaba las gestiones a través de Anna Vidal. La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir a la Agencia Tributaria si Anna Vidal y Sergi Alsina han escondido fondos a Hacienda, que corresponderían a inversiones inmobiliarias a través de la sociedad Máxima Grupo Inmmobiliario, participada por ambos. Desde que en julio pasado renunció al escaño en el Parlament y a la secretaría general de Convergència, a Oriol Pujol no se le ha visto en actos del partido. Dedica mucho tiempo a preparar su defensa judicial. En círculos empresariales se rumorea que habría estudiado la posibilidad de irse a trabajar a Canadá.
Mireia Pujol (44 años). A principios de este enero, la hija pequeña del ex presidente ha cesado como administradora única de Fisioart SL, un gabinete de fisioterapia que abrió hace catorce años en el barrio barcelonés de Gracia, tal como consta en una anotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). La nueva administradora es Rosa María Alemany Verdú, también fisioterapeuta, que se ha hecho cargo del negocio tras llegar a un acuerdo sobre el traspaso.
Oleguer Pujol (42 años). Se ha librado de declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona por su cuenta bancaria de Andorra porque su caso se investiga en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Ha aprovechado la última amnistía fiscal para regularizar 3 millones de euros. La Fiscalía le acusa de presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal mediante millonarias operaciones inmobiliarias. A pesar de estos asuntos judiciales, Oleguer sigue al pie del cañón en sus negocios. Inmutable.