Jordi Pujol Ferrusola recurre ante la Sala de la Audiencia Nacional para acusar a la policía política

Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente de Catalunya, trata de buscar un resquicio para acusar a la policía política y al comisario Villarejo por perseguir a su familia con métodos delictivos y sin control judicial. La primera puerta se la cerró el polémico juez Manuel García Castellón hace unas semanas, tras tardar dos años en contestar negativamente a un recurso para personarse como perjudicado en la causa Tándem que indaga en los delitos cometidos por Villarejo y en la que Jordi Pujol Ferrusola intenta ser parte desde 2020.

Ahora sus abogados Albert Carillo y Cristóbal Martell apelan directamente a la Sala para que corrija la decisión del magistrado. El escrito atribuye al comisario haber actuado al margen de la ley en las investigaciones sobre su familia y para probarlo aporta una de las denominadas notas informativas realizada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía y en la que el propio comisario asegura que todo es “resultante de una investigación sin marco ni mandato judicial por la que se atribuye hallazgos y obtención de datos bancarios y que serían consencuencia de una actuación coercitiva sobre ejecutivos bancarios, delictiva en cuanto conseguirían que estos revelaran, sin intervención ni autorización juidical, datos bancarios de la familia Pujol”. La paternidad de ese documento ya fue asumida por Villarejo en su día ante un notario de Andorra.

No es la única evidencia de las investigaciones prospectivas orquestadas en el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy contra los rivales políticos del PP. La investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia reveló hace unas semanas otra nota informativa remitida al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y también con el membrete de Asuntos Internos donde además de proponer investigaciones al fiscal jefe de Cataluña de la época; Martín Rodríguez Sol, y al jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, se admitía que los datos sobre las cuentas de los Pujol en Andorra los habían facilitado banqueros de aquel país bajo la amenaza de retirarles la licencia para operar en España.

Ese documento policial sin firma pero con sello de la unidad de Asuntos Internos reconocía esa praxis delictiva con estas palabras: “Parte de esas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA [Banca Privada de Andorra] que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de la marca Banca Madrid, han optado por aceptar prestar declaración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.

En el escrito remitido a la Sala de la Audiencia Nacional esgrime además “intrusiones en el domicilio, captación bajo precio de testigos pretendidamente de cargo y elaboración de documentación falsa”. Para apoyar su tesis, Pujol Ferrusola aporta a la Audiencia Nacional el testimonio que prestó Higini Cierco, primer accionista entonces de la Banca Privada de Andorra, en el tribunal de Andorra que indaga sobre el caso, y donde el directivo del banco dejó patente la extorsión a la que fue sometido por policías españoles para facilitar datos secretos de los Pujol si no quería arruinar el futuro del Banco de Madrid, su filial española, que acabó desapareciendo.

Esas prácticas son las que invoca Jordi Pujol Ferrusola para considerarse perjudicado por Villarejo y poder acusarlo, pero no solo. Cuando alude a la compra de testigos se está refiriendo a los cobros que recibió María Victoria Álvarez, examante de Pujol Ferrusola, a cambio de denunciar ante la policía y la Audiencia Nacional supuestas prácticas corruptas de la familia Pujol. Su testimonio fue publicado en varios periódicos y tuvo premio en forma de varios miles de euros con cargo a los fondos reservados.

Todo arrancó en 2012, justo cuando se puso en marcha en Interior la Operación Catalunya. El juez del caso tomó declaración a María Victoria Álvarez pero vio su testimonio poco fiable y archivó el caso. La Sala obligó a reabrirlo y en esa pieza se aportaron las cuentas de los Pujol que Interior había filtrado a El Mundo tras conseguir que los ejecutivos del banco de aquel país se derrotaran.

Más tarde, el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, intentó aportar pruebas falseadas y fue condenado por ello: un año de prisión por intentar colocar un pen drive.

Pese a todo lo anterior, García Castellón, siempre se ha negado a considerar perjudicado a Pujol Ferrusola. Su último auto cuenta con el respaldo de la Fiscalía. Ahora será la Sala de la Audiencia Nacional la que debe posicionarse.