Josep González-Cambray (Lleida, 1972) es probablemente el consejero de la Generalitat de Catalunya que ha vivido más turbulencias en los últimos meses. Desde que fue nombrado a propuesta de ERC y tomó el mando de Educación con el nuevo Govern, en mayo de 2021, ha afrontado la gestión de la pandemia en las aulas y ha tenido que abordar el creciente malestar de los sindicatos de profesores, que le acusan de falta de diálogo a la hora de implantar nuevas medidas.
A todo ello se le añade además la siempre conflictiva aplicación de la inmersión lingüística, que la Justicia ha ordenado desmantelar mediante la implantación del 25% de castellano y para la que PSC, ERC, Junts y Comuns han pactado una respuesta: incluir el castellano como lengua docente, en función de las necesidades de cada centro, pero sin porcentajes.
ERC, PSC, Junts y comuns pactaron introducir por primera vez en la legislación que el castellano sea lengua de uso docente. ¿Es el fin de la inmersión lingüística tal como la hemos conocido hasta ahora?
No, en absoluto. La modificación de la ley permite reforzar el modelo de la escuela catalana desde el consenso político y esto es muy importante. A la vez afianza el consenso pedagógico a través del consejo lingüístico asesor y del decreto que hemos empezado a desplegar. Además, se evidencia la visión pedagógica de que el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, sino que debe adaptarse a los entornos sociolingüísticos de las escuelas y a las evidencias metodológicas.
Si renuncian a fijar el porcentaje de 25% de castellano que ordenan los jueces en sucesivas sentencias, ¿por qué creen que la Justicia va a aceptar ahora esa modificación de la ley de Política Lingüística?
Hemos hecho lo que dijimos desde el primer día, que es desplegar un decreto que reafirme el modelo y dote de seguridad jurídica a las direcciones y proyectos lingüísticos de los centros. También desde el principio reconocimos que existe un descenso en el uso del catalán y por eso se ha desplegado un plan de impulso para incrementarlo. Lo que sí puedo afirmar es que en los próximos cursos tendremos más catalán del que hay ahora. Acompañaremos a los centros en el despliegue del decreto para la redacción de los proyectos lingüísticos, el seguimiento de su aplicación y en la valoración. Que los proyectos se correspondan con lo que finalmente pasa en el aula. El maestro no puede escoger en qué lengua da clase.
¿Y podría darse el caso de que hubiese centros que impartan menos del 25% de clases en castellano?
Lo que garantizamos, como hemos hecho hasta ahora, es lo que establece la ley de Educación de Catalunya y es que el alumnado cuando acabe cuarto de ESO tendrá un pleno dominio del catalán y del castellano. Para asegurar ese pleno dominio de ambas, introduciremos las competencias orales.
En el caso de que la Justicia exigiese de nuevo a otro centro que se aplique el 25% de castellano el director debería hacerlo, como ya ha pasado en todos los casos hasta ahora, ¿no?
Yo trabajo para los alumnos, no para los tribunales.
Pero trabaja también para los directores de los centros.
Sobre todo también para ellos, por supuesto. Como conseller lo que he hecho es dirigirme al TSJC para comunicar que ante la sentencia del 25% el órgano al que tienen que dirigirse es al Departamento de Educación. El decreto dará esta protección jurídica a las direcciones y centros educativos. A partir de aquí, si otras sentencias se dirigen a centros estaremos ante una situación intolerable y lo que haremos es acompañarles, como hemos hecho desde el 2015 cuando se empezaron a dictar este tipo de sentencias.
Les han acompañado, pero en todo caso las sentencias se han cumplido.
Acompañamos a los directores y desde el 2015 son sentencias parciales por aula que se han cumplido por parte de la consellera Rigau, Ponsatí, el conseller Bargalló y en mi etapa han llegado otras como la de Canet.
¿Se equivocó con su visita a la escuela de Canet cuando se conoció la sentencia que les obligaba a dar más horas de castellano si de lo que se trataba era de calmar los ánimos?
Lo que hice fue acompañar a la dirección y la comunidad educativa. Me reuní con familias y por lo tanto fue una visita de acompañamiento y de apoyo ante la situación intolerable en la que se encontraba el centro. Los tribunales nos dicen cómo debemos impartir la pedagogía en las escuelas de Catalunya.
Vamos con otra casuística. ¿Qué pasaría si en base a ese entorno sociolingüístico que usted citaba hubiese un centro que decidiese dar la mitad de las clases en castellano?
Lo que pasaría es que ese proyecto lingüístico no sería validado por el Departamento de Educación.
En el pacto para reformar la ley ha participado el PSC. ¿Lo considera como un aval imprescindible para esta reforma?
Las modificaciones legislativas dependen del Parlament. Como conseller estoy informado en todo momento, pero dependen del Parlament. En todo caso, para reafirmar el modelo de escuela catalana necesitamos el máximo consenso posible del máximo de partidos y no solo de los partidos independentistas.
Pese al acuerdo alcanzado, en la CUP no lo comparten y quieren combatirlo y Junts se descolgó poco después de anunciarlo.
Estoy convencido que Junts debe formar parte de este acuerdo, solo faltaría.
El expresident Puigdemont afirmó que solo se puede proteger el catalán si es la lengua vehicular única en el sistema educativo. ¿Qué le responde?
Solo se podrá proteger el catalán al 100% cuando seamos independientes. Lo que dice la Ley de Educación de Catalunya es que el catalán es normalmente la lengua vehicular en nuestro sistema educativo. Y esto es lo que hacemos, el catalán es la lengua vehicular en las escuelas del país.
¿Están dispuestos a cambiar algo para reconducir el rechazo de Junts pero también de la CUP y de una parte de la comunidad educativa?
Esto lo están hablando los distintos partidos.
Pero usted tendrá una opinión.
Mi opinión es que adapten el texto para que más partidos puedan sumarse en la defensa de que el catalán es la lengua vehicular en el sistema educativo.
Para reafirmar el modelo de escuela catalana necesitamos el máximo consenso posible del máximo de partidos y no solo de los partidos independentistas
Sin llegar al año de mandato, ha vivido una huelga unitaria de cinco días en su contra y una multitudinaria manifestación en Barcelona a las puertas de Educación. ¿Qué ha fallado en el diálogo con el profesorado para llegar a este extremo?
Yo entiendo el malestar, porque venimos de dos años de pandemia donde hemos tenido que hacer cosas que no habíamos hecho nunca e ir más allá de lo que se suele hacer en una escuela. Y a esto se le suma que el sistema educativo arrastra recortes. Lo que hacemos en el Departamento de Educación es tomar decisiones orientadas al alumnado y a la hora de hacerlo hablamos con todo el mundo.
¿Se ha planteado dimitir, tal como le han exigido los sindicatos durante las huelgas?
En cuanto a las huelgas, solo con que una persona haga huelga, debemos escucharla. Pero nueve de cada diez docentes han ido a la escuela y las familias han llevado a sus hijos a los centros. Con la sexta ola, que fue muy complicada, cambiamos los criterios de sustitución para que los centros pudiesen continuar con su día a día, e hicimos 20.000 sustituciones –las mismas que en todo el año–, y aún así esos días también los sindicatos pidieron mi dimisión. Escuchamos todas las opiniones, pero lo que a mí me guía es cómo dar respuesta a los retos que requiere el sistema educativo. Hemos hecho hasta tres propuestas de acuerdo a los sindicatos, estamos convencidos de que lo alcanzaremos, pero lamentamos que no se hayan presentado a las últimas cinco mesas sindicales. Las cosas solo se solucionan hablándolas.
Una de las cuestiones que le reprochan es que anunciase el cambio del calendario escolar –el adelanto del inicio de las clases en septiembre– sin plantearlo antes a la comunidad educativa. ¿No hubiese sido mejor hacerlo?
Seguramente, sí. Teníamos cuatro informes del Consejo Escolar durante años que dicen que las vacaciones escolares son demasiado largas, conversaciones con direcciones, familias… Y sabíamos que era una buena medida para el alumnado. Es buena porque reduce el tiempo de desconexión en verano sobre todo para el alumnado vulnerable, que no tiene el mismo acceso a actividades que el resto de familias. Lo que hicimos fue poner a diálogo cómo desplegábamos el avance, que recordemos que es de cinco días en escuelas y tres en institutos. La propuesta es adelantar un mes los nombramientos de todas las plantillas estructurales y el horario de septiembre también permite una hora más de coordinación.
¿En ningún momento intuyó ese rechazo?
Es que los cambios en el sistema educativo siempre generan diversidad de opiniones. Tenemos 120.000 profesores. Es cierto que ha habido mucho ruido pero no tanto por lo que haremos, sino por cómo lo hemos anunciado. Y también es cierto que hay mucha gente que está a favor de esta decisión, entre los maestros, direcciones y familias sobre todo. Muchos lo ven como beneficioso para el alumnado.
Un actor que está a favor del nuevo calendario es el Consejo Escolar, pero a la vez en su último dictamen pedía una moratoria de un año para aplicarlo, aportando 17 razones para hacerlo, entre ellas que se ha planteado de forma improvisada y sin debate. ¿Por qué no aceptan darse un año de margen?
Porque es una buena medida para el alumnado y las familias. No podemos esperar a tomar decisiones si sabemos que una cosa es buena. Hemos de ser capaces de que las cosas pasen. Y lo tenemos que hacer acompañados de la comunidad educativa. Cuando hayamos avanzado el curso todo el mundo verá que es una buena medida.
No podemos esperar a tomar decisiones si sabemos que una cosa es buena. Hemos de ser capaces de que las cosas pasen
Una de las particularidades de la medida es que en septiembre se hará jornada intensiva, con extraescolares por la tarde. ¿Estas actividades serán gratuitas para todo el alumnado? ¿Las financiará íntegramente Educación?
Sí. Lo que hacemos es garantizar el mismo horario en septiembre que el resto del curso escolar. Con gratuidad. Y en todos los casos lo financiará el Departamento, también en la concertada.
En plena huelga del profesorado en marzo, una concesión que hizo fue dar un año de margen voluntario a los centros para la aplicación del nuevo currículo. ¿Esto es posible, dado que el calendario de despliegue del temario depende de la ley estatal?
Esto está enmarcado dentro de las demandas del comité de huelga. Y para alcanzar un acuerdo hemos hecho una propuesta que de sus 14 reclamaciones, damos respuesta a 10. Y siete de ellas, el próximo curso, porque no se puede hacer todo de golpe. Ponemos sobre la mesa más de 500 millones de euros para hacerlo, y con el presupuesto de Educación más alto de la historia, que incluye la gratuidad en la escolarización de las familias del curso de Infantil 2 (con subvenciones a las privadas para que disminuyan las cuotas a las familias).
De entre las medidas propuestas, reducimos ratios, convertimos los tercios de jornada en medias jornadas, estabilizamos profesorado para que en 2024 haya menos de un 10% de interinaje, reducimos una hora lectiva del profesorado durante esta legislatura, incrementamos personal de atención directa, la oferta de FP y la equiparación salarial. Y con el currículum, lo que hacemos es una transitoriedad de tres años. Los centros que necesiten tiempo para hacer su debate pedagógico y tomar decisiones dentro del claustro, tendrán tres años de transitoriedad sin incumplir el despliegue. Como los currículos prevén horas de gestión autónoma para los centros, estas horas se podrán emplear en los centros para organizarse como venían haciéndolo.
Si hay más presupuesto y más participación en la aplicación de las decisiones, ¿por qué cree que le acusan de inflexible y hemos visto una huelga de cinco días?
Por el cansancio de la pandemia y que venimos de los recortes. Y que no todo el mundo dispone de toda la información. Nos tenemos que explicar mejor, como esta respuesta a las 14 reclamaciones del comité de huelga. Y se ha proyectado una imagen que no responde a lo que ha pasado. Debemos ser cuidadosos a la hora de explicar las cosas desde la verdad.
¿Quién no dice la verdad, entonces?
Yo lo que me encuentro son conversaciones con muchos docentes y direcciones sobre cosas con las que dicen que no están de acuerdo, y aquella información que les han trasladado no es cierta. Por lo tanto, tenemos que explicarnos más y mejor.
¿Quiere decir que los sindicatos están tergiversando lo que pasa en las reuniones?
Lo que digo es que siempre hay que hablar y dialogar desde el respeto, y teniendo en cuenta el bien común, para el sistema educativo y el alumnado.
Siempre hay que hablar y dialogar desde el respeto, y teniendo en cuenta el bien común, para el sistema educativo y el alumnado
Sobre ese cansancio del profesorado que atribuye a la pandemia, ellos también lo achacan a tener aulas cada vez más complejas, con alumnos con más dificultades y sin recursos para atenderles, con continuas novedades que les llegan por parte de Educación. Dicen sentirse sobrepasados. ¿Esto usted lo comparte?
Hay transformaciones del sistema educativo cuyo calendario no depende de Educación. El currículum no depende de nosotros, el despliegue del plan digital con mentores es dinero que viene Europa y debemos ser capaces de aprovecharlo. Lo que debemos hacer es desplegar las transformaciones con y desde los centros y al ritmo que sea posible.
Una transformación impulsada por Educación desde hace años es la de la escuela inclusiva. Profesores y familias se quejan de que faltan recursos y formación para que sea viable y avance. ¿Se ha puesto el freno?
Al contrario. Se ha hecho camino y nos queda mucho por hacer. Estamos atendiendo 160.000 alumnos con un presupuesto de 450 millones, el doble de lo que contempla el decreto de escuela inclusiva, aunque no es suficiente, porque cada vez hay más detecciones. No tendremos escuela inclusiva hasta que todo el alumnado disponga del acompañamiento y los recursos que requiere, y cuando tienes un presupuesto y debes distribuirlo, llegas donde llegas. Pero yo he planteado en distintas comparecencias en el Parlament hacer un acuerdo de país en materia de escuela inclusiva para tratarlo con una partida abierta que dé respuesta a todo el alumnado. Algo parecido a las becas comedor.
En materia de lucha contra la segregación, donde en Catalunya se han aprobado decretos pioneros, ¿puede garantizar que el curso que viene ya veremos cómo todos los centros, públicos y concertados, escolarizan a un número de alumnado vulnerable equivalente al que hay en su barrio?
Lo que puedo garantizar es que iniciamos un camino que no se había hecho nunca, distribuyendo el alumnado para que las escuelas no estén segregadas. Con detección, distribución y recursos. Y como en todo proyecto, iremos mejorando año tras año.
Con la reactivación del decreto de los conciertos pondremos orden a cómo se pagan las cuotas
El Pacto contra la Segregación también pedía ordenar definitivamente el cobro de cuotas en la concertada. ¿Qué medidas adoptarán al respecto?
Reactivar un decreto de conciertos. Para distribuir equilibradamente el alumnado, aprobamos un decreto de admisiones. Y ahora como país nos dotaremos de un decreto de conciertos para dar respuesta a ello.
¿Cuándo lo tendrán?
No tenemos fecha.
¿Supondrá el fin del cobro de cuotas tal como lo conocemos hasta ahora?
Supondrá mucha más transparencia de cara a los centros concertados y sobre todo supondrá que los conciertos vayan dirigidos a los centros que hacen función social y servicio educativo. Si hacen de privados o de concertada elitista, no entrarían. Pondremos orden a cómo se pagan las cuotas.
¿Cómo sabe que una concertada es elitista?
Básicamente, si escolariza al alumnado de su barrio. El mismo que el de la pública que tiene al lado. Y el pago de algunas cuotas, que es legal porque se hace a través de fundaciones, no es aceptable.
Pero para entendernos: ¿se harán auditorías para saber si las cuotas son realmente voluntarias, o para horario no lectivo?
Haremos lo que haga falta. Tenemos que avanzar hacia un servicio educativo financiado con fondos públicos que tenga las mismas reglas de juego. Y en este tema hay otra cosa que nunca se había hecho en la historia: el año que viene será el primer curso en que no daremos dinero público a los centros que segregan entre niños y niñas.