No hay una decisión definitiva, pero los argumentos ya están sobre la mesa. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado a conocer este viernes los autos por los que este jueves los magistrados decidieron mantener de forma provisional las elecciones catalanas para el 14 de febrero. Entre los motivos por los que los magistrados apuestan por seguir con el 14F sobresale el hecho de no alargar la provisionalidad de un Govern en funciones. “Hay un interés público muy intenso en la celebración de las elecciones suspendidas”, remarcan los magistrados, que descartan los argumentos sanitarios y jurídicos del Govern en favor del aplazamiento.
“Si no se celebran elecciones se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, reza el auto de medidas cautelares, que no anticipa la decisión definitiva de los jueces si bien la balanza, a día de hoy, parece más bien decantarse hacia que las urnas se colocarán el 14 de febrero.
A la espera de su decisión definitiva, los jueces ven más relevante celebrar las elecciones el 14 de febrero que el “interés público” de su aplazamiento por razones sanitarias alegado por el Govern. Entienden los magistrados que aplazar los comicios “afecta a principios democráticos relativos al funcionamiento normal de las instituciones”, mientras que a nivel sanitario la situación no ha variado desde hace semanas: las elecciones se convocaron bajo el mismo estado de alarma y con las mismas restricciones de movilidad que semanas después siguen en vigor.
Los jueces rechazan las alegaciones del Govern, que sitúan un pico de ingresados en las UCI catalanas y un repunte de los contagios justo para el fin de semana del 14 de febrero. Argumentan los togados que no hay una causa sanitaria “imprevisible desde el momento en que se convocaron las elecciones” el 21 de diciembre, pues el incremento de contagios por Navidad era, a su juicio, “notoriamente previsible”, cuando se estableció la fecha electoral del 14F.
Tampoco aceptan los magistrados el argumento del Govern de que votar el 14F pone en riesgo el “principio democrático” debido a que el coronavirus limitará la campaña y podría reducir la participación en las urnas. Según los jueces, el principio democrático no está en riesgo siempre que se cumpla “lo determinado en el marco constitucional y legal”. Y si bien admiten que puede existir “un porcentaje de electores” afectados por la pandemia, consideran que la preservación de su derecho a voto no debe articularse mediante un aplazamiento electoral sino con “mecanismos que permitan el ejercicio de su derecho al voto sin presencialidad”, como por ejemplo el voto por correo.
Pese a tratarse tan solo de un auto de medidas cautelares, los togados detallan varios los argumentos que también se sustanciarán en el fondo del pleito. También es destacable que no hay unanimidad en el tribunal. Uno de los siete magistrados de la sección 5a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC que deben decidir antes del 8 de febrero sobre los comicios apostaba ya antes de decidir el fondo del pleito por permitir al Govern aplazar las elecciones al mes de mayo y ha formulado un voto particular en contra de la decisión de la mayoría de la Sala de mantener provisionalmente el 14F.
Los seis magistrados a favor de seguir adelante, por ahora, con el 14F, destacan que el “interés público” en mantener la fecha de las elecciones se ve “incrementado” porque el Govern está en funciones. Este periodo de provisionalidad, argumentan los jueces, “afecta nuclearmente al principio democrático”, pues las funciones del Govern están limitadas y su control político está más restringido al estar disuelto el Parlament. “Se crea una situación de inamovilidad” de los consellers y conselleres, llega a expresar el TSJC.
La “situación de bloqueo y de precariedad institucional” con el Govern en funciones, continúan los magistrados, “afecta” a su propia legitimidad como Ejecutivo, algo que los jueces ven “relevante” en un contexto de pandemia en el que la Generalitat debe adoptar “cotidianamente decisiones de enorme trascendencia”. Recuerdan además los jueces que las elecciones para el 14F se convocaron de forma automática en diciembre al no haber nuevo candidato a la presidencia tras la inhabilitación de Quim Torra, y que el Estatut y la Ley Electoral no dejan margen para aplazar las elecciones una vez ya se han convocado.
En cambio el magistrado José Manuel de Soler Bigas se muestra partidario de mantener el aplazamiento electoral. Entiende este magistrado que suspender el 14F es la “solución menos negativa” ante la percepción ciudadana de los riesgos de ir a votar en plena pandemia. El juez también destaca que no hay que descartar que la interacción y la movilidad que se produce para ir a votar y en la campaña electoral provoquen“ un repunte de la gravedad de la pandemia, en cuanto a contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos”.