Los jueces ordenan subastar 23 sedes de Convergència para recuperar las comisiones ilegales del caso Palau

No siempre ocurre en los casos de corrupción que los ladrones devuelvan el botín. Pero el caso Palau va camino de convertirse en un ejemplo de cómo la Justicia, aunque tarde, sí logra recuperar el dinero saqueado. La Audiencia de Barcelona ha revelado este lunes que los dos principales condenados del caso, Fèlix Millet y Jordi Montull, ya han devuelto 9,2 millones de los 23 que saquearon. Además, los togados han acordado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) subaste 23 inmuebles para devolver al Palau y a Hacienda los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales.

Hasta el momento, la Audiencia de Barcelona ha recuperado más de nueve millones de euros de los condenados por el caso Palau. La mitad de los fondos corresponden al pago voluntario que Millet y Montull hicieron al principio de la causa para evitar la cárcel, y la otra mitad deriva de la venta de inmuebles realizadas por orden de la sección 10a de la Audiencia, el tribunal que juzgó en primera instancia el caso y encargado de la ejecución de la sentencia.

Estos nueve millones han sido aportados por los saqueadores confesos Fèlix Millet (5,6 millones) y Jordi Montull (828.932 euros), a día de hoy en prisión, así como por otros de los condenados: la esposa -ya fallecida- de Millet, Marta Vallès (1,8 millones), Bonoima S.L (530.525 euros), Mercedes Mir –la esposa de Montull– (262.830 euros) y la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull (128.951 euros).

A falta de decidir el destino de tres de estos nueve millones, por el momento ya han sido resarcidos con 2,4 millones el Consorcio del Palau de la Música, con 2,5 la Fundació Orfeó Català y con 0,9 la Associació Orfeó Català. Quedarán pendientes de devolver 16,6 millones. Para ello el tribunal ha ordenado sacar a subasta 56 inmuebles embargados definitivamente a los condenados: Fèlix Millet (22 inmuebles), Jordi Montull (5 inmuebles) y Gemma Montull (6 inmuebles), así como las 23 sedes decomisadas de forma definitiva a CDC.

Como principal novedad, el tribunal ha decidido que el dinero con la venta de las sedes de Convergència se destine en primer lugar a devolver los fondos a las entidades perjudicadas -el Palau de la Música, el Orfeó Català y Hacienda- y que el resto se destine al Estado.

Esta decisión choca con las pretensiones de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ejerce la acusación popular. Entiende la FAVB, al igual que el tribunal, que la sentencia del Palau declaró que el auditorio no fue perjudicado directo de la comisiones, ya que la institución cultural solo era una intermediaria para que Ferrovial abonara los pagos al partido. En consecuencia, la FAVB consideraba que el resarcimiento económico del Palau debía correr a cargo de Millet y los Montull como saqueadores y que los 6,6 millones decomisados a Convergència debían destinarse a la prevención general de la corrupción política.

No obstante, la sala recuerda que en la sentencia no hubo un pronunciamiento expreso sobre el destino que se tendría que dar a los bienes decomisados a CDC, por lo que, en vía de ejecución, acuerda que vayan a parar al Orfeó Català, al Palau de la Música y a Hacienda porque es “irrefutable” que fueron entidades perjudicadas por otros delitos cometidos por Millet y Montull en su expolio.

“No son directamente perjudicadas por el delito de tráfico de influencias pero sí lo son por otros delitos que han sido juzgados en un único procedimiento y resueltos en una única sentencia”, resuelve el tribunal. Por este motivo, la Audiencia estima el recurso del Palau y del Orfeó y acuerda que los bienes decomisados a CDC por valor de 6,6 millones se destinen en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles de todas las entidades y administraciones perjudicadas, entre las que también figura Hacienda, y que el sobrante vaya a parar al Estado.

En caso de no ser suficientes las sedes de Convergència para resarcir los 6,6 millones de euros, la Fiscalía ya ha mostrado su disposición a pedir que el PDeCAT, como formación heredera de CDC, afronte el resto de pagos, si bien el tribunal lo ha descartado por el momento.