El juez de Barcelona Joaquín Aguirre prosigue su plan para intentar dejar fuera a Carles Puigdemont de la amnistía. El pasado mes de enero, en plenas negociaciones sobre la norma, el juez reactivó la trama rusa del procés y apuntó al delito de traición (una de las exclusiones de la ley) contra el expresident. Este viernes, con la amnistía ya en vigor, ha abierto una nueva pieza separada (después de que la Audiencia de Barcelona le impidiera seguir investigando) que incluye una futura petición para imputar al expresident.
“Podrían haberse financiado actividades con fondos públicos que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana”, reza el auto del juez, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La maniobra contra Puigdemont se produce en una causa que no ha arrojado nuevos indicios contra el expresident (ni contra nadie) en más de tres años. Los indicios siguen siendo los mismos que en 2019, cuando el juez abrió la causa de la trama rusa a partir de un audio hallado en el móvil de un exdirigente de Convergència que, en una conversación en un restaurante, mencionaba a “10.000 soldados rusos” supuestamente preparados para ayudar a Catalunya en caso de independencia. El juez también investigó los negocios de un empresario ruso afincado en Catalunya, pero archivó la causa.
En cuatro años de investigación no han aparecido más indicios relevantes y los testigos han restado credibilidad a los supuestos emisarios rusos que estuvieron en Barcelona en 2017. El juez apuntó a Puigdemont, sin imputarlo formalmente, en enero, en plena negociación de la amnistía, pero no pidió un suplicatorio al Europarlamento, un paso necesario para investigar al expresident porque entonces era eurodiputado. El juez Aguirre tampoco puede tomar declaración como imputado a Puigdemont, ya que como diputado electo en el Parlament el expresident está aforado ante el TSJ catalán o ante el Supremo. El propio magistrado avanza en el auto que enviará una exposición razonada para imputar al expresident “al órgano superior competente”, sin concretar cuál.
Además de Puigdemont, en la nueva pieza separada están investigados el expresident de la Generalitat Artur Mas; la exconsellera Elsa Artadi; el diputado de Junts Francesc de Dalmases; el periodista Carles Porta; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; el jefe de su oficina de expresident, Josep Lluís Alay; el expolítico de Convergència Víctor Terradellas; los empresarios Aleksander Dimitrenko, Jordi Sardà, Miquel Casals (amigo del líder de Junts) y Zeus Borrell.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tildado de “fantasía inventada” el auto del juez Aguirre.
La decisión del instructor llega dos semanas después del revés que le propinó la Audiencia de Barcelona. Los magistrados no solo impidieron al juez Aguirre investigar más la supuesta trama rusa del procés, sino que dejaron por escrito reproches a su modo de investigar. El revolcón de la Audiencia a Aguirre con la trama rusa se sumó a otras correcciones del rumbo de la investigación en otro caso mediático del juez, la causa Negreira.
La pieza separada que investiga la trama rusa se había convertido, en palabras del tribunal que revisa las decisiones del juez Aguirre, en “un repositorio de informes policiales” que, a su vez, servían tan solo para abrir nuevas piezas separadas, sin que la investigación avanzara “sustancialmente” respecto a los hechos inicialmente investigados en 2020: la conversación en la que el exconvergente Víctor Terradellas esbozaba un supuesto plan de 10.000 soldados rusos para facilitar la independencia de Catalunya, a la que el juez dio credibilidad (al contrario que los interlocutores de Terradellas en las charlas).
Ante la falta de avances en las pesquisas (los jueces llegaron a afear al instructor haber mantenido el caso en “seis meses de completa inactividad”), los magistrados anularon la última prórroga de seis meses del caso, lo que dejó al juez Aguirre en la posición de tener que decidir si archivaba el casa o proseguía los trámites para ir a juicio con la grabación de Terradellas como prácticamente único indicio.
El delito de traición que el juez atribuye a Puigdemont queda excluido de la amnistía siempre que suponga “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”. Este extremo incluso fue desechado por la sentencia del procés del Tribunal Supremo, que descartó que los exconsellers del Govern tuvieran “los más elementales medios para, si eso fuera lo que pretendían, doblegar al Estado” al calificar el procés como una “mera ensoñación”.
En el mismo auto de este viernes, el juez da dos días a la Fiscalía y a los investigados para que se pronuncien sobre si el delito de traición y el de malversación que investiga en esta nueva pieza separada de la trama rusa queden incluidos en la ley de amnistía.
El origen del caso
El primer rastro de la trama rusa del procés está en poder del juez desde hace más de cinco años. En el marco de un caso anticorrupción en la Diputación de Barcelona, el juez lanzó la operación Voloh. Allí se descubrieron varios mensajes y documentos de Terradellas, que reconoció ante el juez haber insistido al Palau de la Generalitat en los días críticos de octubre de 2017 para reunirse con dos emisarios rusos, que él consideró cercanos al Kremlin.
En los tres encuentros, todos ellos breves y ocurridos entre el 20 y el 26 de octubre, un día antes de la declaración fallida de independencia, los rusos, siempre según la versión de Terradellas, propusieron primero a la entonces colaboradora de Puigdemont, Elsa Artadi, ayuda económica y hasta militar, si bien el propio Tarradellas y después Artadi enfatizaron que nadie en la Generalitat dio ninguna credibilidad a las ofertas.
La Policía Nacional halló el audio en el que Terradellas se refería a los soldados rusos en los registros de 2018. No es hasta mediados de 2019 que, tras un cambio de policía judicial en favor de la Guardia Civil menciona en un informe las consideraciones de Terradellas sobre los soldados rusos, que sirven al juez para abrir la pieza separada de la trama rusa en agosto de 2019.
El intento de excluir a Puigdemont de la amnistía ha estado marcado por una polémica actuación del juez, que concedió una entrevista a la televisión alemana comentando su hipótesis del caso. La Audiencia de Barcelona, con el aval de la Fiscalía, rechazó apartarle de la causa tras ser recusado.
La entrevista en la televisión alemana es la polémica más reciente, pero no la única que arrastra el juez en la instrucción de Voloh. En el auto del pasado mes de enero, el instructor apuntó la posibilidad de que Terradellas conociera en 2018 los planes de Rusia para desestabilizar la UE e incluso la invasión de Ucrania (que se produjo en 2022). Y en uno de los interrogatorios del caso hace dos años, Aguirre afirmó que Puigdemont “se marchó en el maletero de un coche”, algo que tanto el expresident como sus colaboradores siempre han desmentido.