El curso que arranca será clave para el caso Voloh, la macrocausa que investiga desde los contactos rusos del procés a la presunta corrupción entre bambalinas de algunos empresarios soberanistas. El juez Joaquín Aguirre ha programado para los próximos meses sucesivas rondas de declaraciones de investigados y testigos antes de decidir cuántas de las piezas del caso envía a juicio. Uno de los que ya tiene fecha para comparecer como imputado es el exconseller de ERC Xavier Vendrell, ahora empresario y asesor durante la pasada campaña electoral del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En una providencia, el juez ha citado a Vendrell para el próximo 24 de noviembre en el marco de la pieza que investiga el pelotazo urbanístico de Villa Bugatti, la finca de la comarca del Maresme en la que el exconseller y sus socios gestionaban un negocio de bodas. Además pretendían hacerse con la propiedad de unos terrenos que doblarían su valor una vez consiguieran una recalificación plagada de irregularidades, según descubrieron los investigadores.
La Guardia Civil mantiene que Vendrell “influenció en ciertos funcionarios” del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir los cambios urbanísticos “que no se ajustan a la legislación vigente”. Además de Vendrell, el juez ha citado como investigados a dos de sus socios, Jordi S. y Patricio C.; al alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (PDeCAT); su exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, quien dimitió tras hallar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho; y al arquitecto municipal de Cabrera de Mar, Ramón V.
El juez Aguirre mantiene la causa abierta por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Tras la recalificación urbanística, la masía dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. En base a los distintos informes remitidos por el Instituto Armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.
Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar una escuela de la fundación El Brot –que finalmente no se ejecutó porque la Generalitat denegó el concierto educativo del centro– y mantener la actual actividad de banquetes. Para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel” y conseguir así “una agilidad superior a la que marca la norma” a la recalificación, apunta el juez.
Además, la Guardia Civil expone que a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan urbanística, en la finca se ejecutaron obras sin licencia, de las que el alcalde y el concejal estaban al día. “Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años”, constató el propio Enric Mir en una de las conversaciones telefónicas interceptadas del caso, mientras que el alcalde advirtió de que en la finca “no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso”.
La Guardia Civil asegura además que Vendrell permitió fiestas, banquetes y conciertos en la finca “sobrepasando” el aforo máximo permitido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y sin la preceptiva licencia de actividades “con la convivencia” del exconcejal. En una de las charlas interceptadas Vendrell explicó a uno de sus socios que hasta el concejal de Cultura de Cabrera, Sergi Teodoro, “se sumó a la fiesta”, en referencia a un festival de verano celebrado en la finca. Y también pidió al exsecretario general de la conselleria de Interior, Brauli Duart, que el toque de queda nocturno se estableciera a medianoche porque tenía una cena prevista para 450 personas.