El juez del 3% envía al banquillo a dos extesoreros de Convergència y al exconseller Gordó por financiar ilegalmente al partido

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los extesoreros de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar y Andreu Viloca, al exgerente y exconseller de la Generalitat Germà Gordó y otras 29 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas el partido y su sucesor, el PDeCAT, por el caso del 3% de financiación ilegal de la formación nacionalista.

En un auto, el magistrado da por terminada la investigación y ve suficientes indicios para juzgar a los exresponsables financieros del partido y a los empresarios que habrían pagado comisiones a cambio de obra pública por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según el juez, todos ellos conformaron una estructura para financiar a Convergència “ilegalmente y en forma encubierta”.

El magistrado acuerda dejar a un paso del banquillo a CDC, el PDeCAT, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica. El auto, de 304 páginas, pone fin a una investigación que se inició en 2015 por un juez de El Vendrell en relación a adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que ha constatado un circuito de financiación ilegal de Convergència a cambio de comisiones por obra pública de la Generalitat y de consistorios convergentes de toda la geografía catalana.

El juez destaca que Gordó, los dos extesoreros y otros tres cargos jurídicos y administrativos del partido –Francesc Sànchez, Anna Benítez y Carles del Pozo– formaban parte de una “organización criminal” para financiar ilegalmente al partido, que también lideraban otros responsables políticos de Convergència “que por el momento no han sido identificados”.

De la Mata señala que altos cargos de Convergècia, en connivencia con funcionarios de distintas administraciones catalanas y empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente al partido “mediante la venta de influencia en la adjudicación de contratos públicos”. El mecanismo consistía en que Gordó y los extesoreros practicaba un “seguimiento” detallado de los concursos públicos y “direccionaban” su entrega a empresarios que luego hacían donaciones a las fundaciones del partido, Catdem y Forum Barcelona, que a su vez terminaban en el partido. Los responsables del partido, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, las adjudicaciones dadas y “por supuesto recibían los pagos”.

Este mismo sistema de financiación irregular ya ha sido probado por los tribunales en el caso Palau, que constató que el auditorio y las fundaciones suscribieron convenios culturales para enmascarar las comisiones que pagó Ferrovial a Convergència. Así pues la misma operativa corrupta se habría mantenido a lo largo de casi quince años. Osàcar está cumpliendo prisión por el Palau a día de hoy.

El juez vincula con el 3% una treintena de obras públicas de la Generalitat y ayuntamientos convergentes, si bien matiza que no siempre existía una “exacta concatenación temporal” entre los pagos y las adjudicaciones porque las donaciones no estaban necesariamente vinculadas a obras sino también a mantener la buena relación con el partido y “situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones”.

La Guardia Civil cifró las donaciones irregulares que pasaron de las fundaciones al partido en más de un millón de euros, pero el juez añade que Convergència también usó los fondos de las fundaciones como “caja única” para abonar salarios a sus trabajadores y que las entidades facturaron falsos servicios para enmascarar las comisiones.

En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de las administraciones que, de acuerdo con las indicaciones de Gordó y los responsables de CDC, alteraron los concursos públicos para “dirigirlos” a las empresas que luego donaban dinero a las fundaciones afines al partido. Son un total de siete expolíticos como el exteniente de alcaldía de CiU en Barcelona Antoni Vives, el expresidente del Puerto Sixte Cambra o el exjefe de la empresa de obra pública de la Generalitat Josep Antoni Rosell.

En el tercer escalón enviado a juicio, el instructor incluye al grupo de 18 empresarios que “sistemáticamente se concertaron” con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones. Entre ellos destaca el constructor Jordi Sumarroca, familia históricamente a CDC.

Todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividad delictiva y según argumenta de la Mata, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: “Subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público”.