El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha dirigido a Suiza para mostrar su malestar por todos los reparos que las autoridades helvéticas han puesto a sus acusaciones por terrorismo contra Marta Rovira en el caso Tsunami Democràtic. El magistrado se queja de que no hayan cerrado una reunión “urgente” para tratar este asunto, insinúa que Suiza actúa bajo un “sesgo político” en este asunto y considera “inadmisible” que se le pidan explicaciones sobre la futura e hipotética ley de amnistía y sus efectos sobre este caso.
Además, el magistrado ha anunciado que abre una investigación secreta sobre la filtración del documento con los argumentos de Suiza, conocida ayer. El juez entiende que los funcionarios o autoridades que tuvieran conocimiento de esta respuesta pudieron cometer un delito de revelación de secretos y encarga la investigación a la Guardia Civil, a la que insta a no reportar a sus superiores, sino directamente ante él mismo.
El magistrado que investiga el caso Tsunami Democràtic, y que en los últimos meses ha impulsado la acusación por terrorismo en el marco de la causa contra líderes independentistas catalanes como Carles Puigdemont, pidió hace meses a Suiza que localizara a Marta Rovira y que, además, obtuviera información sobre sus cuentas bancarias.
La respuesta de las autoridades helvéticas llegó en diciembre y trascendió ayer: pedían más información al juez español para comprobar que no se trata de una persecución por motivos políticos, cuestionaba que pidiera información de sus cuentas hasta mucho después de los altercados de 2019 y, finalmente, pedía información sobre cómo la futura ley de amnistía podía afectar a todo el proceso.
Unos argumentos que no han gustado al juez García Castellón. En su respuesta a Suiza, conocida este miércoles, explica que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial. También critica que pidió una reunión de coordinación en el marco de Eurojust que, por ahora, no se ha realizado.
Sobre las explicaciones que pide Suiza en torno a la futura ley de amnistía y sus posibles efectos sobre esta causa, el juez considera “llamativa” la petición y que no es su función informar sobre la ley. “La explicación resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar”, dice el magistrado.
Pide el informe del fiscal Cadena
Sobre la posibilidad de que Suiza considere que sus acusaciones penales contra Rovira tienen un tinte político, el juez habla directamente de “incongruencia”, al hacer esa pregunta mientras también solicita información sobre el proceso político de elaboración de una ley. “Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación”, afirma para después defender los indicios que, considera, permiten acusar de forma indiciaria a Rovira de terrorismo.
En otra providencia firmada y notificada este miércoles, García Castellón mueve ficha y pide documentación para enviar a Suiza sobre la futura ley de amnistía. El documento elegido por el juez para esto es el informe de los fiscales del Supremo que apoya la acusación por terrorismo contra Carles Puigdemont. Es decir, un informe de un fiscal de sala jefe, Fidel Cadena, sin validez en el proceso, ya que el informe que marcará el criterio de la Fiscalía será el de la teniente fiscal del Supremo.
García Castellón asegura que ha sabido de este documento “por su publicación en diversos medios de comunicación” y pide que se una a la documentación “que se remitirá a las autoridades suizas con la mayor brevedad posible, sirviendo la presente resolución de atento oficio a los fines expresados”.