El juez García Castellón atribuye a Tsunami altercados y heridos en una protesta que no convocó la plataforma

Fue el día más grave de altercados tras la sentencia del procés en 2019. Los Mossos d’Esquadra tuvieron que emplear su tanqueta de agua para dispersar a los violentos que provocaron horas de disturbios. Varios policías resultaron heridos de gravedad. ¿Se puede atribuir lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 a Tsunami Democràtic? Así lo apunta el juez Manuel García Castellón, pese a que en esa jornada, a diferencia de anteriores, la huelga y las manifestaciones no fueron convocadas por la plataforma sino por sindicatos independentistas.

García Castellón ha reactivado, coincidiendo con la negociación sobre la amnistía, la causa de Tsunami Democràtic que abrió hace cuatro años. En menos de un mes ha dictado sucesivos autos para concretar los 12 imputados del caso por un delito de terrorismo; pedir al Tribunal Supremo que investigue al expresident y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont; y solicitar a Suiza que localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Es un único mensaje en Twitter, ahora X, el que permite al juez vincular a Tsunami con la jornada más grave de protestas contra la sentencia, el 18 de octubre de 2019. Ese día los sindicatos independentistas Intersindical–CSC e IAC convocaron oficialmente una huelga general que tuvo poco seguimiento en los centros de trabajo y que terminó en una gran manifestación por la tarde en Barcelona a la que se adhirieron partidos y entidades. 

A las 14:18h. del 18 de octubre, con la jornada de huelga ya avanzada, la cuenta de Tsunami mostró su apoyo a los paros. “Hoy bloqueamos el país para recordar que queremos una solución y ejercer nuestros derechos y libertades”, expresó Tsunami en redes, un mensaje similar al que enviaron partidos y entidades soberanistas, pero suficiente para que el juez vincule a la plataforma con los altercados que se produjeron esa tarde. 

“La instrucción deberá esclarecer la relación existente entre el llamamiento a la huelga por parte de la organización de Tsunami Democràtic, los disturbios ocasionados esa misma jornada y, en su caso determinar si los resultados lesivos en personas y bienes resultan objetivamente imputables a los investigados”, repite el juez en varias de sus últimas resoluciones.

En las redes de Tsunami no apareció ese día ningún mensaje que animara a asistir a los altercados de plaza Urquinaona. Todo lo contrario al intensivo uso de las redes sociales que hizo la plataforma para convocar y reclamar manifestantes para las dos protestas más graves que sí convocó: el bloqueo a los accesos del Aeropuerto de El Prat del 14 de octubre y de la autopista AP7 en la frontera hispano francesa del 11 de noviembre de 2019.

Por contra, el 18 de octubre, jornada de los disturbios de Urquinaona, Tsunami dedicó todos sus tuits, una vez apoyada al mediodía la huelga general, a denunciar el bloqueo de su web y de sus redes, coincidiendo con la apertura de la causa por parte del juez García Castellón. No hubo ningún mensaje durante la noche a los disturbios que incendiaban la plaza Urquinaona de Barcelona.

Dos días antes, además, Tsunami había emitido un comunicado en el que se limitaba a apoyar la huelga, pero recalcaba que, como plataforma, convocaría “pronto” nuevas acciones, como ocurriría menos de un mes después con el bloqueo de la AP-7. Es más, Tsunami abogó por dar “todo el protagonismo” a las iniciativas ajenas a la plataforma que ya “estaban en marcha”.

Ese día 18 de octubre, los altercados arrancaron poco después de la marcha oficial convocada por los sindicatos con motivo de la huelga. Mientras la manifestación pacífica transcurría por el Passeig de Gràcia, grupos de jóvenes se separaron del recorrido oficial y bajaron hasta la jefatura de la Policía en Via Laietana, donde empezaron a atacar a los agentes que custodiaban el edificio. La batalla campal se alargó desde media tarde hasta entrada la madrugada en la plaza Urquinaona de Barcelona y terminó con medio centenar de detenidos y otros tantos agentes heridos. 

Advertencia del fiscal

La diferencia entre apoyar una manifestación, convocarla y ser responsable de los altercados y heridos que se produzcan ya ha sido advertida por el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, en su recurso contra la decisión del juez de imputar por terrorismo a los investigados e incluir en la causa al expresident de la Generalitat.

En su escrito, Carballo resaltó que “se desconocía la entidad delictiva sin más” de la huelga general del 18 de octubre de 2019. El fiscal, además, tildó de “inverosímil” la atribución que el juez realizó a los investigados por Tsunami tanto de un policía herido en Urquinaona como del turista fallecido por infarto en El Prat cuatro días antes. 

También en su informe final sobre el caso la Guardia Civil evitó vincular a Tsunami con las protestas en Urquinaona, y se limitó a constatar que la plataforma se había “adherido” a la convocatoria de huelga general.

Los únicos hechos delictivos apreciados por el fiscal son las protestas que sí convocó Tsunami para bloquear los accesos al Aeropuerto de El Prat el 14 de octubre, el mismo día que se conoció la sentencia del procés, y un mes después en la AP-7 en la frontera hispano-francesa. Pero los altercados, para el Ministerio Público, serían un delito de desórdenes públicos y no el terrorismo que ve el juez García Castellón.

Heridos personados tras el recurso del fiscal

Las últimas semanas se ha constatado el desacuerdo total entre el fiscal y el juez. El fiscal ha dejado caer duras críticas al instructor en sus recursos tanto contra la imputación de Puigdemont como en su decisión de pedir al Supremo que se haga cargo de la causa debido a su aforamiento como eurodiputado.

Tal es el nivel de desencuentro que el juez no ha esperado a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el primer recurso del fiscal contra la imputación por terrorismo y ha pedido directamente al Supremo que asuma el caso. 

En fuentes de las defensas se interpreta esta maniobra del juez como un intento de ahorrarse un eventual revés de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en otros casos como Kitchen ha corregido severamente al instructor.

En medio de esta frenética actividad procesal, hay fechas y movimientos que no han pasado por alto a las defensas: García Castellón admitió la personación como acusaciones de Vox y de la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, víctima del terrorismo y parlamentario del PP en Madrid. Fue la acusación que pidió al instructor elevar el caso al Supremo. Además, el pasado 13 de noviembre, cuatro días después del recurso del fiscal en el que cuestionara la hipótesis terrorista, el juez admitió como acusaciones del caso a dos policías heridos el día 18 de octubre en Urquinaona.

Al no estar personados, el juez no había mencionado a los policías en el auto del 6 de noviembre por el que acordó dirigir la investigación contra Puigdemont. Pero sí lo hace, y con extensión, en la resolución del pasado 21 de noviembre por la que García Castellón envió el caso al Supremo. Los dos agentes heridos no habían interpuesto ninguna querella en los juzgados de Barcelona para hallar al autor de sus lesiones.

Los policías heridos y la amnistía

Según el juez, la personación de los dos agentes lesionados “reclama un examen forense más minucioso” para comprobar si las heridas que sufrieron podrían llevar a dejar fuera de la amnistía la causa de Tsunami.

En una nota a pie de página del auto, el juez deja caer que el supuesto de la pérdida o grave deformidad de un órgano es uno de los que quedan “excluidos” de la ley de amnistía. En otra palabras: las lesiones graves de los policías son lo que permitirían no incluir la causa de Tsunami en la ley de olvido penal del procés, a juicio de García Castellón.

Sin embargo, el juez obvia que el artículo de la norma registrada en el Congreso dice que para quedar excluidas de la amnistía las lesiones graves deben ser consecuencia de “actos dolosos”, esto es, con voluntad de hacer daño. Este vínculo sí podría existir, según fuentes jurídicas, si se encontrara al concreto manifestante que lanzó el objeto que provocó las heridas graves a los policías de Urquinaona –algo que no ha ocurrido en cuatro años–, pero resulta imposible de realizar con los dirigentes soberanistas imputados en la causa de Tsunami que simplemente apoyaron a la plataforma. Más aún, añaden, en el caso de Rovira y Puigdemont, que en 2019 residían, como hoy, en el extranjero.

En suma, mientras los Mossos, los forenses y la jueza que investigó en primer lugar el caso han propinado sendos reveses a la tesis de García Castellón de vincular la muerte por infarto en El Prat con las protestas, el juez ha hallado en los dos policías heridos en Urquinaona otra manera, en sus propias palabras, de que el caso no quede incluido en la ley de amnistía. Aunque no fuera una protesta convocada por Tsunami.