El juez García Castellón avanza en su plan para excluir de la amnistía a Puigdemont y a Marta Rovira

Los pasos que, desde hace tres meses, da la amnistía al procés han encontrado su freno en el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El magistrado ha vuelto a reiterar su intención de no aplicar la norma al caso Tsunami Democràtic. La consideración terrorista que el juez otorga a las protestas de la plataforma es la vía que ha proyectado para dejar fuera de la amnistía a dos de los líderes imputados en Tsunami para los que se negocia el olvido penal al procés, Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC). La frustración de la amnistía dificultaría sobremanera su regreso a España.

Frente al silencio sobre la norma que ha recetado el Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo (TEDH) para no interferir en el proceso legislativo, el juez García Castellón ha vuelto a mover ficha contra la amnistía este jueves. En un auto, el magistrado ha deslizado que los cambios pactados hace 48 horas entre el PSOE y los independentistas, que según los partidos blindaban la inclusión de la causa de Tsunami en la amnistía, no producen, a su juicio, el efecto deseado por el Gobierno y las formaciones que le apoyan.

En una mención que no ha pasado desapercibida a las defensas del caso, el juez ha dejado escrito su nueva vía para intentar driblar la aplicación de la amnistía: las lesiones graves producidas a dos policías en los altercados del procés, que, según el instructor, resultan “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física” reconocidas por el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El citado artículo del CEDH se refiere al derecho a la vida y fue justamente la barrera que, solo hace 48 horas, pactaron los partidos independentistas y el PSOE para determinar qué delitos de terrorismo quedaban dentro de la amnistía y cuáles no. La respuesta de García Castellón supone una interpretación opuesta a la del Gobierno y sus socios sobre el nuevo articulado de la norma: para la mayoría del Congreso, permite amnistiar el caso Tsunami; para el juez, no.

En suma, en solo dos días el juez ha advertido de que tiene argumentos para oponerse a la aplicación de la amnistía y dar al traste con el intento de blindaje pactado por el Gobierno y los independentistas en el Congreso. Algunas defensas del caso han observado con perplejidad este tira y afloja entre políticos y el juez, toda vez que están convencidas de que el magistrado hubiera interpretado cualquier articulado de la norma para no aplicarla.

De hecho, el pasado 27 de noviembre, con el primer articulado de la norma registrado solo dos semanas antes, el juez García Castellón ya dejó escrito en un auto que las lesiones graves eran uno de los supuestos que quedaban “excluidos” de la ley de amnistía.

La percepción de algunas defensas encuentra base en algunos de los argumentos que emplea García Castellón en su nuevo auto de este jueves: el juez insiste en atribuir las lesiones no a manifestantes concretos que estaban en los disturbios de Barcelona, sino a los supuestos líderes de Tsunami. Por no estar, ni Puigdemont ni Rovira estaban en España, pues en 2019 permanecían en Bélgica y Suiza. La Fiscalía, enfrentada a todas las tesis del juez, había pedido, igual que varias defensas, que los policías no pudieran ejercer como acusación del caso, pero el juez lo ha desestimado.

Además, los dos policías que García Castellón sitúa como víctimas de “desórdenes públicos de naturaleza terrorista” fueron heridos en una protesta que no convocó Tsunami Democràtic, pese a lo cual el juez vincula las lesiones con la actividad de la plataforma y sus presuntos líderes imputados en el caso. “Todo tiene un punto bastante salvaje”, sostenía una fuente jurídica este jueves por la tarde.

Por su lado, ERC y Junts han vuelto a salir en tromba contra el juez. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà ha tildado de “obscena” la comparación entre terrorismo e independentismo que, a su juicio, realiza el instructor. Más allá ha ido el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha reclamado la inhabilitación de García Castellón si no se aparta del caso. Cabe recordar que el juez se jubilará en junio al haber cumplido los 72 años que marcan la salida obligada de la carrera judicial.

Del muerto por infarto a los policías heridos

Los policías heridos en Urquinaona cogen el relevo al francés muerto por infarto en el Aeropuerto de El Prat como principal argumento del juez para dejar fuera de la amnistía al caso Tsunami. El magistrado ha decidido este mismo jueves tomar declaración como perjudicados (es decir, víctimas del terrorismo) a los dos agentes heridos en Urquinaona. Solo queda acordar la fecha.

El avance en la citación de los policías contrasta con los nulos progresos que el juez ha obtenido, por ahora, para confirmar su hipótesis inicial de que el ciudadano que murió de un infarto el 14 de octubre de 2019 en la terminal 2 de El Prat mientras en el otro extremo del Aeropuerto Tsunami intentaba bloquear sus accesos.

Ni la jueza que investigó en primer lugar el fallecimiento, ni los servicios de emergencia, ni los Mossos d'Esquadra han respondido otra cosa distinta al magistrado de que se trató de una muerte natural, sin relación con las protestas. El juez también ofreció a la familia del muerto personarse en el caso, pero por ahora no ha obtenido respuesta.

Además, el juez ya ha deslizado en varios autos que tiene más elementos para sostener su hipótesis terrorista más allá de las lesiones graves de policías y la muerte del ciudadano francés por un infarto. El juez se apoya en la vaguedad del actual articulado del artículo de terrorismo del Código Penal, reformado en 2015 por PP y PSOE y que ya entonces generó críticas entre juristas progresistas, para mantener que la afectación de la protesta en El Prat o conciertos lúdicos organizados por Tsunami en la jornada de reflexión de las elecciones de noviembre de 2019 pueden ser tildados de acto terrorista.

Además de tener un amplio abanico de supuestas actuaciones terroristas, el juez necesita mantener imputado a Puigdemont en el caso para excluirlo de la amnistía al responsabilizarlo de las acciones de Tsunami. Ambos extremos son discutidos por la Fiscalía, que ni ve terrorismo –a lo sumo, desórdenes públicos a investigar en Barcelona– ni comparte la imputación del expresident. Tampoco la Guardia Civil dio a Puigdemont un papel de líder de Tsunami, pese a lo cual el magistrado lo imputó.

El juez ha vuelto a reiterar este jueves los indicios que tiene –endebles, a juicio del fiscal– contra Puigdemont. El más claro es una conversación entre Puigdemont y un imputado en otra causa en la que hablan de los disturbios de 2019 pero no se refieren directamente a Tsunami. Esa conversación fue enviada en 2021 a la Audiencia Nacional desde los juzgados de Barcelona, pero el juez ha admitido que no investigó formalmente al expresident hasta el 6 de noviembre de 2023, es decir, en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Una circunstancia que el equipo del expresident no achaca a la casualidad, sino al intento de García Castellón de torpedear la amnistía.