Nunca ningún juez había planteado que el procés pudo provocar un muerto. Hasta este lunes. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado escrita la “posible vinculación” de la protesta en el Aeropuerto de El Prat de Tsunami Democràtic en 2019 con un fallecido en el auto por el que acuerda investigar por terrorismo al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por las protestas de Tsunami Democràtic. La muerte que cita el auto judicial es la de un hombre que subió al aeropuerto andando el día de las protestas y falleció de un infarto.
El razonamiento del magistrado no solo abona una línea de investigación de futuro incierto, sino que complica el redactado de la ley de amnistía.
Tras un tira y afloja en las negociaciones a cuenta de introducir el delito de terrorismo en la amnistía, la última versión de la norma contempla la inclusión de este tipo penal –que han imputado algunos jueces en algunas protestas– siempre que sean casos sin fallecidos. En cambio, el terrorismo con víctimas mortales quedaba en el apartado de delitos no amnistiables, lo que supondría, una vez aprobada la ley, que cualquier acusación por terrorismo vinculada con fallecimientos, aunque sea de forma hipotética o como conjetura a investigar, sí podría llegar a juicio.
Así figuraba en el texto que ERC acabó rubricando la semana pasada, a la espera de que Junts diera su visto bueno, y esa es la puerta trasera que permite todavía hacer descarrilar el acuerdo. Carles Puigdemont y Marta Rovira estaban este lunes por la mañana claramente dentro de los amnistiados, según el texto pactado. Pero, tras el auto redactado por el magistrado de la Audiencia Nacional, donde se plantea que Tsunami pudo provocar un muerto, los casos de los dos dirigentes plantean nuevas dudas.
Fuentes jurídicas explican que la introducción en el auto del fallecimiento como una posible consecuencia de las protestas del Tsunami tiene como resultado que todos los señalados tengan abierta una causa por posible terrorismo con una víctima mortal, situación que se mantendría al menos hasta que otra instancia revoque la decisión del juez, ya sea en la fase de instrucción o en un eventual juicio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que va a recurrir ese auto, pero, en suma, tras el movimiento del instructor existe el interrogante de si Puigdemont y Rovira tendrían que someterse a juicio antes de ser amnistiados si se mantiene el redactado pactado por los republicanos.
Otras fuentes jurídicas no ven que la eventual muerte ligada a un delito de terrorismo introducida por el juez varíe la viabilidad constitucional de la amnistía o sus afectados. Pero una tercera fuente jurídica añade que uno de los problemas que tiene la inclusión del terrorismo en la amnistía es que, desde el punto de vista internacional, algunos tribunales consideran que estos delitos pueden considerarse de lesa humanidad y, por tanto, no amnistiables.
Esta era la razón por la que se introdujo la distinción entre terrorismo con o sin muertos, que no era caprichosa sino que intentaba comprender las causas abiertas en el Tsunami o con los CDR sin colisionar con el derecho internacional. Sin mencionar expresamente la amnistía, el juez recuerda en su auto “el compromiso por parte de España”, suscrito en varios convenios internacionales, para la “persecución” de los delitos de terrorismo.
ERC y Junts analizan el auto
Desde los partidos estudiaban este lunes por la tarde las implicaciones que el auto del magistrado podía tener, no solo a nivel penal sino también desde la vertiente política, ya que aún hay tiempo para pulir el texto que se acabe registrando en el Congreso. Todo ello en un contexto de críticas públicas de los sectores judiciales y policiales más conservadores a una ley de amnistía pese a que no se ha presentado todavía.
ERC reunió a su ejecutiva por la tarde, donde se trató el tema. “Hemos dicho que Tsunami y CDR estaban dentro [de la amnistía] y lo seguimos manteniendo a día de hoy rotundamente. Sobre cómo resolverlo, no daremos pistas al enemigo”, aseguraron fuentes de ERC. Por su parte, en Junts consideraban que el auto de García Castellón demuestra que el texto de ERC no blindaba la causa del Tsunami.
Los juristas consultados se sorprenden también por la aparición en el auto de un fallecimiento tras cuatro años de instrucción y que el juez no haya investigado hasta ahora su vinculación con la protesta de Tsunami. “Saber las causas de una muerte es la prioridad número uno de cualquier caso con un fallecido, no se tarda cuatro años en investigarlo”, resumen fuentes jurídicas.
Los médicos desvincularon al muerto de la protesta
La hipótesis que García Castellón plantea en 2023 en plena negociaciones por la amnistía ya fue rechazada hace cuatro años, cuando se produjo el fallecimiento: el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya desvinculó la muerte del pasajero de la protesta de Tsunami, ya que el fallecido se encontraba en una terminal cuyos accesos no se encontraban bloqueados por los manifestantes y los sanitarios pudieron acudir con rapidez a atenderlo, si bien no pudieron salvarle la vida.
El juez no recoge en su auto la conclusión del SEM, pese a que fue una información ampliamente divulgada en los medios en aquellas fechas. En cambio, sí encarga a la Guardia Civil que informe “sobre el fallecimiento de la persona de la que se hicieron eco los medios de comunicación y de su posible vinculación” con el bloqueo de los accesos a El Prat con el objetivo de ofrecer a sus familiares ejercer la acusación del caso.
En su informe final sobre el caso, entregado el pasado viernes, la Guardia Civil no mencionaba al fallecido ni tampoco da un papel destacado al líder de Junts en Tsunami, pese a lo cual el instructor atribuye a Puigdemont un “rol de liderazgo” en las protestas. Hay tres menciones a Puigdemont en el informe: una nota sobre una reunión en Ginebra de la agenda del jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; una charla entre Alay y un periodista en la que se dice que Òmnium “informará” a Puigdemont de la presentación de Tsunami; y una conversación del expresident y un empresario sobre las protestas. Para la Guardia Civil son elementos poco relevantes, pero para el juez merecen dirigir la investigación hacia el líder de Junts.
Tampoco la Fiscalía comparte el criterio del juez, y ya ha anunciado que recurrirá su auto al considerar que García Castellón ha introducido artificiosamente elementos del delito de terrorismo para poder retener la causa en la Audiencia Nacional y evitar que se investigue en los juzgados catalanes como cualquier otra causa por desórdenes públicos.
Al margen del recurso de la Fiscalía, en la causa de Tsunami, el juez tendrá que abordar previsiblemente una petición de las defensas para que se aparte de la causa debido a sus declaraciones sobre la amnistía. “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón –“como ciudadano”, no como juez, matizó– en el Foro La Región.
Un muerto y policías heridos
Pero el juez no se queda en el ciudadano francés fallecido, sino que vincula también con las protestas de Tsunami y los independentistas imputados las decenas de policías heridos en los altercados. Pese a llevar más de cuatro años con la causa abierta, el juez apunta que la investigación está en un momento “inicial” y “deberá esclarecer la relación existente” entre el llamamiento a las protestas de Tsunami y los disturbios, además de comprobar “si los resultados lesivos en las personas y los bienes resultan objetivamente imputables a los investigados”.
Además de la protesta en el Aeropuerto y de las pérdidas para las compañías aéreas, el juez quiere comprobar si Tsunami también puede ser responsable de las lesiones de agentes en la semana de protestas que siguieron a la sentencia del procés o de los daños materiales en la autopista AP-7 tras la protesta de la plataforma en la frontera hispano-francesa. Y no solo eso. El instructor atribuye también a Tsunami, cuatro años después, un “boicot” de las elecciones generales de noviembre de 2019 por las protestas convocadas en la jornada de reflexión, si bien admite que es casi “imposible de determinar”.
“La imputación del resultado material de las lesiones y de los daños causados a Tsunami no resulta gratuita, y por el contrario se ve reforzada por la consciencia que desde la organización se tenía del peligro que podía suponer la tensión a la que transmitía la organización en la calle”, asevera el juez. ¿Se puede responsabilizar a Puigdemont de unos disturbios acaecidos a más de 1.000 kilómetros de distancia de Bélgica? Para García Castellón hay, al menos, que comprobarlo.