El juez García Castellón pide al Supremo imputar por terrorismo a Puigdemont en las protestas de Tsunami

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado un nuevo acelerón a la causa de Tsunami Democràtic –abierta desde hace cuatro años– y ha pedido al Tribunal Supremo que asuma el caso e impute por terrorismo al expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas.

Al ser eurodiputado, Puigdemont está aforado ante el Supremo, y antes de estar imputado formalmente, el Alto Tribunal debería enviar un nuevo suplicatorio a la Eurocámara, que debería volver a llevar a cabo el trámite parlamentario para autorizar la investigación sobre el expresident.

En su escrito dirigido al Alto Tribunal, el magistrado insiste, como ya hizo hace dos semanas en plenas negociaciones sobre la investidura, en situar a Puigdemont en un rol de liderazgo de Tsunami, pese a que ni la Guardia Civil ni la Fiscalía comparten este extremo.

El Ministerio Público cuestionó en un duro recurso las tesis principales de García Castellón y pidió anular tanto la imputación por terrorismo como la inclusión en el caso de Puigdemont al basarse, a juicio del fiscal, en suposiciones y tergiversaciones. El juez no ha esperado a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso y ha pedido al Supremo asumir el caso.

Según García Castellón, la “posición de autoridad incuestionable” de Puigdemont en Tsunami se sustenta en cuatro elementos que la Guardia Civil y la Fiscalía ven irrelevantes: una nota sobre una reunión en Ginebra de la agenda del jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; una charla entre Alay y un periodista en la que se apunta a que Òmnium “informará” a Puigdemont de la presentación de Tsunami; una conversación del expresident y un empresario sobre las protestas; y el “impulso” de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.

Cabe recordar que Puigdemont ya llevaba dos años en Bélgica en octubre de 2019, cuando se sucedieron las protestas de Tsunami en respuesta a la sentencia del procés que bloquearon los accesos a El Prat y cortaron la autopista AP-7 en la frontera hispano-francesa.

El juez insiste en el muerto por infarto

El auto de este martes del juez sigue la misma argumental que el de hace dos semanas, cuando el magistrado dirigió la causa contra Puigdemont por terrorismo y complicó la recta final de las negociaciones sobre la amnistía.

Si bien los menciona, el juez García Castellón hace caso omiso a los datos médicos y los informes de los Mossos d'Esquadra que descartaron cualquier tipo de relación entre las protestas de Tsunami que colapsaron los accesos al Aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 y la muerte de un ciudadano francés por infarto en una terminal.

El juez insiste en que hay que investigar las “circunstancias de la muerte” por infarto del ciudadano francés en base al informe forense de la muerte del hombre, que, sin embargo, constató que el fallecimiento se produjo por un “choque cardiogénico” y que el varón sufría una cardiopatía.

Más de cuatro años después de abrir el caso, el juez aboga por “esclarecer si el colapso del aeropuerto pudo intervenir de algún modo en el resultado letal”, algo que ya descartaron en su momento los Servicios de Emergencias, ya que las concentraciones no impidieron una atención inmediata y su traslado en helicóptero del viajero, que falleció en el hospital.

“Dicho de otro modo, se trataría de descartar que el fallecimiento se podría haber evitado”, apostilla el magistrado.

Además del fallecido, el magistrado considera que la investigación deberá “esclarecer” si hubo más usuarios del Aeropuerto lesionados, además de los policías que contuvieron las protestas, “a los efectos de concretar el riesgo que para la integridad física de las personas supuso la acción organizada por Tsunami”.

Petición de la AN al juez

Por otro lado, el presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha pedido al juez García Castellón el escrito de recusación presentado por uno de los investigados en la causa de Tsunami, Oleguer Serra, que el instructor rechazó de plano la semana pasada.

El magistrado rechazó la petición del directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra para apartarse del caso con los mismos argumentos que ya empleó para desestimar la solicitud del editor Oriol Soler, quien le pidió que se abstuviera por haberse pronunciado sobre la amnistía.

“La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón –“como ciudadano”, no como juez, matizó– en el Foro La Región el pasado 5 de octubre tras ser presentado por el exdiputado autonómico del PP Julio Ariza, fundador de Intereconomía y recientemente condenado por el concurso de acreedores de esta cadena de televisión.

Ahora la Sala pide más información al juez García Castellón tras haberlo solicitado la defensa de Serra antes de decidir si revoca la negativa del instructor a apartarse.