Un juez de Barcelona ha citado como imputada a la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, por las subvenciones del consistorio a entidades sociales como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La Fiscalía ya investigó el año pasado las mismas subvenciones y concluyó que no había indicio de delito alguno.
Si bien las diligencias de la Fiscalía se archivaron, cualquier particular o asociación tiene derecho a interponer igualmente una denuncia ante el juzgado. Y eso es lo que hizo la entidad Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, colectivo que ya denunció al gobierno de Colau por la multiconsulta del año 2018 al considerar que incurría en revelación de secretos por el uso del padrón.
La noticia ha causado un previsible revuelo en la política municipal barcelonesa. PP y Ciudadanos han exigido directamente la dimisión de Colau, al recordar que el código ético de su partido, Barcelona en Comú, así lo estipula para cargos imputados por delitos como corrupción o malversación. La alcaldesa, sin embargo, lo ha descartado de plano. “Me parece fuera de lugar plantear cualquier cese”, ha afirmado.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) después de que lo avanzara el diario ABC, Colau está citada a declarar como investigada el próximo 4 de marzo por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
Las subvenciones a la PAH y otras entidades
La Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática presentó la querella contra la alcaldesa el pasado mes de diciembre. La nueva acción legal, en esencia, versa sobre los mismos hechos que la Fiscalía ya descartó como delito: los 3,4 millones de euros que el Ayuntamiento de Barcelona, según los denunciantes, concedió a entidades como el Observatorio Desc, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y Enginyeria sense Fronteres (ESF). Las subvenciones ya se concedían bajo el mandato del alcalde Xavier Trías (CiU).
La alcaldesa ve así como se le abre un nuevo frente judicial después de que en los últimos meses se cerraran la mayoría de ellos. Además del carpetazo de la Fiscalía a la investigación de las subvenciones, antes del verano el Tribunal de Cuentas también archivó la denuncia de Agbar contra el consistorio por los estudios realizados para municipalizar el agua, que ascendían a casi 900.000 euros. El ente fiscalizador acordó solo mantener abierta la causa contable por las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales –sin concretar qué cuantía investiga– y por una ayuda de 15.000 euros a los promotores de la consulta ciudadana sobre la gestión del servicio.
El Ayuntamiento de Colau ha tenido que afrontar un aluvión de denuncias por las subvenciones o por vetar hoteles, aunque la mayoría han sido archivadas. A día de hoy solo permanece abierta la citada investigación del Tribunal de Cuentas, mientras que en los juzgados está investigada la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, a raíz de una querella de London Private Company y los padres paúles por vetar un hotel de lujo en una finca modernista, la Casa Buenos Aires. El caso está en la recta final de la instrucción y Sanz pedirá su archivo.
Los 'comuns' califican la imputación de “lawfare”
Tras conocerse la imputación, Colau ha asegurado que todavía no ha recibido la “notificación” del juzgado y ha mostrado su “perplejidad”. “Es sorprendente que los hechos que la misma Fiscalía archivó, porque concluyó que no había irregularidades, ahora resulta que se vuelve a reabrir”, ha afirmado. Si hay elementos nuevos, ha añadido, colaborarán con la justicia “con la total tranquilidad de que las cosas se hacen bien”.
Con todo, se trata de la primera vez que citan a declarar a la alcaldesa como investigada y esto ha llevado a algunos partidos de la oposición, como PP y Ciudadanos, a pedir su dimisión, dado que el código ético de Barcelona en Comú establece el cese de los cargos para determinadas imputaciones. “No puede seguir un día más como alcaldesa. Debe dimitir como indica el propio código ético de los comunes”, reclamaba la concejal de Cs Luz Guilarte.
Lo que establece el código ético es la renuncia “de forma inmediata” ante imputaciones por delitos de “corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas”.
No obstante, desde los ‘comuns’ argumentan que esto se refiere “solo en casos en los que hay un presunto ánimo de lucro personal”. En un comunicado, enmarcan la imputación en una “estrategia de lawfare [guerra judicial]”, lo que consideran “un ataque directo al debate democrático”. Y se apoyan en que “todas las querellas judiciales que se han presentado contra concejales de Barcelona en Comú se han acabado archivando”.