Un juez de Barcelona ha imputado al exlíder del PP Pablo Casado por un delito de injurias en relación a los bulos que lanzó sobre la escuela catalana a finales del año pasado a raíz del caso de la familia de una alumna de Canet de Mar (Barcelona) a la que la Justicia concedió el 25% de castellano en clase.
Tal y como ha avanzado el diario Ara y ha podido confirmar elDiario.es, el juez ha citado como investigado a Casado para el próximo 30 de enero por videoconferencia. El magistrado Santiago García también ha solicitado al PP la grabación íntegra del acto donde Casado efectuó sus declaraciones sobre el catalán “y la relación de medios de comunicación que asistieron” a la misma.
El caso nace a partir de la querella por injurias, calumnias e incitación al odio que interpuso la Generalitat contra el entonces líder del PP, que posteriormente fue desbancado del mando del partido por Alberto Núñez Feijóo.
Los hechos se remontan a la decisión judicial de imponer el 25% de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de Canet, que desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inmersión lingüística en catalán. En este contexto, Casado alimentó los bulos sobre la escuela en catalán al asegurar en un acto político que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano.
Dos días después, Casado reconoció que en realidad había leído “una noticia de hace diez años”, lo que, a su juicio, demuestra que el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) “no es nuevo”. Por entonces el Govern y los partidos independentistas ya habían anunciado acciones legales contra Casado.
El de la orina no fue el único bulo elevado a discurso político por Casado. También dijo que “a los hijos de los policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados”, en referencia al caso de Sant Andreu de la Barca archivado por el juez, y que hay niños a los que se les pone “piedras en la mochila” por hablar castellano en el patio.
El de las mochilas y las piedras es un recurso narrativo de crítica al nacionalismo que tiene su origen en 1997 no en Catalunya sino en el pueblo vizcaíno de Zeanuri. Un grupo de padres denunció que los monitores de un campamento de verano cargaban a sus hijos con piedras por hablar castellano entre ellos, algo que negó la directora.
Casado trasladó esta denuncia de hace casi 25 años a la Catalunya del siglo XXI en el marco de la disputa política a raíz de la decisión judicial de obligar a un centro de Canet a impartir el 25% de clases en castellano en una clase de P-5 porque así lo solicitó la familia de una menor.
En su querella, la Generalitat consideró que en las palabras de Casado “se constata claramente la incitación a la hostilidad contra la población de Catalunya por tener una lengua propia oficial, el catalán, constitucionalmente reconocida, y que convive con la lengua castellana”.
El discurso de Casado, abundó el escrito, “manifiesta un claro afán discriminatorio y denigrante, dirigida contra una parte de la población, por motivos culturales o idiomáticos, con capacidad suficiente para incitar al odio contra ellas, o lesionar su dignidad”.