Un juez de Barcelona investiga a la actual secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, y a otros tres responsables sanitarios catalanes por discriminar a policías y guardias civiles en la vacunación contra la COVID-19 el año pasado. El caso nació a raíz de las querellas del Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía Justicia Policial (JUPOL) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL).
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado lo avanzado por El Mundo, esto es, que el juez investiga por prevaricación y un delito contra los derechos de los trabajadores a Cabezas –subdirectora general de promoción de la Salud en el momento de los hechos– y otros tres cargos sanitarios de la administración catalana, entre ellos Adrià Comella, actual gerente del Hospital de Sant Pau y director del Servicio Catalán de Salud durante el proceso de vacunación. No se ha fijado todavía el día de las declaraciones.
La discriminación en la vacunación de policías y guardias ya se había zanjado en la vía contencioso administrativo, pero ahora se traslada a la vía penal. La Justicia concluyó que el plan de vacunación de la Generalitat fue “discriminatorio” para los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Catalunya. El Alto Tribunal catalán ya había ordenado al Govern en el mes de abril, poco después de que estallase la polémica, que vacunara “sin dilaciones” a estos agentes, una orden que el departamento de Salud acató pese a considerar “ridícula” la decisión judicial.
Los jueces concluyeron que la Generalitat “incurrió en inactividad respecto de su obligación de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional, en su labor de suministro de las vacunas frente al COVID-19”. Esa inactividad en el inicio del proceso de vacunación para los colectivos esenciales en marzo de 2021 “dio lugar a una diferencia de trato injustificada y discriminatoria respecto de esos cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales, a los que se les suministraron las vacunas de manera más rápida y eficiente”, remarcaron los jueces.
La sentencia de lo contencioso instó a la Generalitat “la continuación” de esta actividad de vacunación “en igualdad de condiciones” y condenó a la Administración catalana a pagar las costas del proceso, con una cuantía máxima de 4.000 euros.