Un juez investiga al hijo de un exalcalde de la Cerdanya por convertir una barraca en un chalé ilegal

Otro chalé ilegal ligado a una familia de políticos de la comarca de la Cerdanya termina en los tribunales. Un juez mantiene imputados al exconcejal de Bellver de Cerdanya (Lleida) Joan Porta, hijo del exalcalde del municipio Xavier Porta, y a un arquitecto por la casa que el expolítico se construyó a partir de una antigua barraca de mineros en un terreno de su propiedad en medio del campo.

Según han informado fuentes judiciales, ante el juzgado de instrucción 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) permanecen investigados tanto Porta como el arquitecto encargado del proyecto de obras que la Fiscalía ve ilegales. Ambos investigados, han explicado las mismas fuentes, ya prestaron declaración y el caso está a la espera de las últimas diligencias antes de que el juez decida si lo envía a juicio y por qué delitos (prevaricación o un delito contra la ordenación del territorio).

La causa ha llegado al juzgado tras pasar por los Agentes Rurales, que dieron el primer aviso sobre las obras; y la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) y la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), que dieron la razón a los ecologistas de SOS Pirineus que denunciaron las obras ilegales hace casi cinco años. A mediados del año pasado, la OAC, tal y como está obligada cuando aprecia indicios de delito, trasladó las pesquisas a la Fiscalía de Lleida, que a su vez las trasladó al juez.

Las investigaciones previas de la OAC, la Sindicatura de Greuges y los Agentes Rurales, que documentaron la construcción del chalé en un enclave privilegiado de la comarca en 2020, permitieron contar con los trámites administrativos que el consistorio, por aquel entonces liderado por Porta, llevó a cabo para intentar legalizar unas obras irregulares.

Los hechos se remontan al año 2019. Fue el año en que empezaron las obras en Casa Alay, una construcción en ruinas que había servido como caseta de herramientas de los mineros que explotaban el manganeso de la zona en los años 20 del siglo pasado. La finca está ubicada en una colina propiedad de Porta fuera del núcleo urbano del municipio (y en suelo no urbanizable), tal y como se observa en el vídeo grabado con un dron.

El movimiento propio de unas obras de tal envergadura hizo arquear la ceja a los ecologistas y generó controversia en la comarca y el municipio. Porta padre y Porta hijo, de la formación Endavant Cerdanya, dimitieron como alcalde y concejal de Bellver en abril de 2022, si bien la sucesora del primer edil, Laia Serra, no tuvo problemas para revalidar la mayoría en las municipales celebradas un año después.

Los Agentes Rurales, en noviembre de 2020, documentaron las obras para convertir la Casa Alay en un chalé de dos plantas, con una superficie de 68 metros cuadrados cada una y un balcón. Un mes después intervino la Generalitat, que a través del servicio de Urbanismo requirió al consistorio proteger la legalidad. El Ayuntamiento ordenó suspender las obras por realizarse en suelo no urbanizable.

Mientras los activistas de SOS Pirineus reunían la documentación en el registro y descubrían que la casa se hallaba en un terreno propiedad del hijo del entonces alcalde, el consistorio de Bellver empezó a intentar legalizar las obras –realizadas presuntamente sin licencia– con trámites que la Fiscalía considera un delito.

El intento de legalizar las obras se hizo por dos vías. Por un lado, el Ayuntamiento buscó que la Casa Alay –una caseta de herramientas– pasara a formar parte el catálogo de masías y casas rurales de la Generalitat, pese a que no aparecía en el catálogo municipal editado en 2006 de masías a conservar. Los ecologistas también acudieron entonces a los registros históricos y descubrieron que el libro más conocido que documenta las masías del Pirineo, 'El desert verd' (Garsineu), tampoco menciona la Casa Alay. Finalmente, la comisión territorial de urbanismo, dependiente de la Generalitat, dio de nuevo la razón a los ecologistas y rechazó incluir la barraca en el catálogo de masías en enero del año pasado.

Además de intentar reconocer legalmente una caseta de herramientas como una masía, el consistorio atendió la petición de Porta, en 2021, para legalizar las obras mediante la construcción una “construcción agrícola”. La Junta de Gobierno local lo aprobó en tan solo 15 días, pese a contar con un informe desfavorable del departamento de Agricultura por falta de adecuación de las obras a un almacén agrícola.

El proceso administrativo terminó en mayo de 2021, cuando la Junta de Gobierno local aceptó la licencia de obras para construir una cubierta agrícola. Como condiciones particulares se impuso que la edificación no se pudiera destinar a uso residencial y se descartó el balcón en la casa. Este movimiento para legalizar unas obras ya realizadas para un chalé declarándolas como cubierta agrícola colmó la paciencia de SOS Pirineus, que interpuso las acciones ante la Sindicatura y Antifraude que han terminado con el exconcejal investigado

La Sindicatura concluyó que las obras en Casa Alay empezaron sin licencia en 2019 y expresó la “duda” de si la legalización de obras como almacén agrícola era “la única vía posible para dar cobertura jurídica” a la edificación ya construida. Dado el conflicto de intereses del consistorio, a juicio de la Sindicatura debería haber sido el servicio de Urbanismo de la Generalitat quien decidiera si debía otorgarse la licencia de obras de almacén agrícola. Los ecologistas lo tienen claro: la única opción posible es derribar el chalé.