La declaración voluntaria ante el juez de la antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, no le ha traído buenas noticias. El juez de Barcelona que lo mantiene investigado en el caso Voloh de presunta corrupción y desvío de fondos al procés ha pedido a la Agencia Tributaria su declaración de actividades empresariales para comprobar si Madí “cobró comisiones por actos presuntamente ilícitos” los años 2019 y 2020.
Así consta en un auto redactado el pasado sábado por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Madí, retirado de la primera línea política pero que formó parte del sanedrín de dirigentes que organizó el referéndum, alega que todas sus actividades empresariales y de intermediación son legales, pero el juez sospecha que pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias por su constatada capacidad de acceso a la administración autonómica, incluso durante la peor etapa de la pandemia.
En su resolución, adelantada por El Periódico y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez expone que Madí, en su declaración judicial, alegó que sus reuniones y llamadas con altos cargos de la Generalitat estaban amparadas al estar inscrito como 'lobista' en el registro de grupos de interés del Govern. El juez añade, en cambio, que Madí no aportó ningún documento para corroborarlo y que “solo por este motivo” ya podría procesarlo por tráfico de influencias.
El juez Aguirre indica además que, tras comprobarlo en el registro de 'lobbies' del Govern, Madí no está inscrito en él como persona física. Sí que consta debidamente registrada la empresa Aigües de Catalunya, de la que Madí es presidente ejecutivo.
En su declaración en julio de 2021, Madí enmarcó las reuniones que mantuvo con el Govern como consultor de las empresas de VTC en la relación habitual de la administración con empresas y taxistas de cara a la nueva regulación aprobada por el Parlament en 2019. Y también situó dentro de la dinámica empresarial habitual el intento que realizó, como presidente ejecutivo de Aigües de Catalunya, de quedarse con Agbar, aunque finalmente la empresa de aguas del grupo Suez pasó a las filas de Veolia, cuya fusión se consumo el año pasado.
Además de los datos a Hacienda, el juez ha pedido a la Guardia Civil que compruebe si los “seguimientos” que efectuó a Madí y que dieron un “resultado relevante” coinciden con alguna de las fechas en las que Aigües de Catalunya registró haber mantenido reuniones con cargos del Govern.