El magistrado Pablo Llarena ha remitido a los juzgados de Barcelona los informes que tanto Interior como los Mossos d'Esquadra elaboraron sobre la fuga de Carles Puigdemont de la capital catalana el pasado mes de agosto. El magistrado entiende que pudo cometerse un ilícito de “omisión del deber de perseguir delitos” y otro más de encubrimiento por parte de algún agente. En su providencia, el instructor del procés asegura que los informes que ha estudiado “no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial” hubiera detenido al líder de Junts “en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban”. Tampoco era imposible, añade, su “seguimiento y alcance”.
Carles Puigdemont acudió a las inmediaciones del Parlament de Catalunya el pasado mes de agosto en la jornada de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo president. Compareció durante varios minutos en un escenario a pocos metros del recinto y después desapareció tras juntarse con los cientos de personas que le jaleaban en las inmediaciones del lugar. Los Mossos d'Esquadra, ese día encargados del dispositivo, no le detuvieron en ese momento y Puigdemont terminó abandonando el país tras el fracaso de la operación tradicionalmente bautizada como 'Jaula'.
El juez Pablo Llarena, que desde hace años reclama la detención y puestas a disposición judicial del expresident por su implicación en la causa principal del procés, reaccionó poco después. Pocas horas después del fracaso de su intento de detención, el magistrado del Tribunal Supremo pidió explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a la policía autonómica catalana. En su informe, los Mossos reconocieron “errores” en el dispositivo. Interior, por su parte, descargó toda la responsabilidad en los Mossos al explicar que habían “rechazado” apoyo operativo.
Ahora el magistrado explica que no hay que descartar la posibilidad de que agentes en activo ayudara a Puigdemont a huir, e insta a los juzgados de Barcelona a abrir una causa por un delito de encubrimiento y otro de omisión del deber de perseguir delitos, ilícitos atribuidos a los agentes de la autoridad. Por el momento tres agentes de la policía autonómica catalana han sido suspendidos después de ser arrestados y acusados de ayudar a Puigdemont a perpetrar su fuga.
El magistrado, en una providencia conocida este jueves, explica también que después de examinar los informes no encuentra razones para que Puigdemont no hubiera sido detenido antes de desaparecer o incluso durante su persecución posterior. “Los informes no reflejan impedimentos”, explica el juez.