Nuevo movimiento en el intento del Tribunal Supremo, que dura ya casi cuatro años, para extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El juez instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, ha preguntado a la Fiscalía, el resto de acusaciones y a las defensas si debe acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impedir que Bélgica rechace la extradición de Puigdemont tal y como hizo con la del exconseller Lluís Puig.
La razón de la petición de Llarena está en la negativa de la Justicia belga de extraditar al exconseller de Cultura catalán, Lluís Puig. Los jueces belgas, asumiendo por primera vez una de la tesis de las defensas de los líderes del procés, concluyeron que el Supremo se atribuyó la competencia para juzgar el proceso soberanista sin una base jurídica “explícita”. “Sin un texto legal explícito al efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley” para juzgar el procés, rezó la sentencia del pasado mes de enero por el que la Justicia belga confirmó la negativa a la extradición de Puig.
La sentencia belga sobre Puig, al dejar tocada la competencia del Supremo sobre el caso del procés, ponía en dificultades la entrega de Puigdemont una vez el Parlamento Europeo le retire la inmunidad. En una providencia este jueves, Llarena reconoce que la negativa belga a extraditar a Puig “afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal”, en referencia a los casos de Puigdemont y a los exconsellers y eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.
Por este motivo el magistrado da tres días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular que ejerce Vox y a las defensas de los dirigentes independentistas para que formulen alegaciones sobre la “necesidad” de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial “sobre el alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una orden de detención y entrega europea”. El objetivo de la cuestión prejudicial, agrega el juez Llarena, es que el TJUE establezca “criterios estables que conduzcan a la decisión de mantener, retirar o emitir” nuevas peticiones de extradición contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.
El mero envío de la cuestión prejudicial al TJUE obligaría a los jueces belgas a paralizar el caso de la extradición de Puigdemont hasta que el tribunal con sede en Luxemburgo se pronunciara. El procedimiento sobre la entrega del expresident también está en suspenso a día de hoy y hasta que el Parlamento Europeo le retire la inmunidad. La votación final sobre la cuestión está prevista para el 8 de marzo. Previsiblemente el pleno del Europarlamento ratificará el informe de su comisión de Asuntos Jurídicos favorable a retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Las extradiciones de los dirigentes independentistas en el extranjero se le atragantan al Tribunal Supremo desde el inicio del caso del procés. La negativa más sonada fue la de los jueces alemanes, que en 2018 rechazaron la entrega de Puigdemont al descartar que los hechos del otoño soberanista catalán constituyeran el delito de rebelión ni el de sedición. Los jueces de Schleswig-Holstein sí autorizaron la entrega del expresident por malversación, pero Llarena la rechazó.
La primera euroorden del procés fue enviada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre, al inicio de la causa, y fue retirada por Llarena un mes después precisamente para evitar que Bélgica limitara la acusación por rebelión. La segunda, ya cursada por Llarena, fue rechaza por la Justicia belga por un error formal del magistrado español. La tercera euroorden fue enviada después de la sentencia del procés del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas, y por el momento solo se ha resuelto la que afecta al exconseller Puig porque, al no ser eurodiputado, no está protegido por la inmunidad.
Al TJUE ya acudió el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena para preguntar si el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, tenía inmunidad desde que fue escogido eurodiputado antes de ser condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación. La repuesta del TJUE fue positiva y no sirvió de nada al líder de ERC porque el Supremo ya lo había condenado antes de que la decisión de la Justicia europea, pero sí permitió a Puigdemont, Comín y Ponsatí ejercer con plenitud como eurodiputados.