Un juzgado penal no es el lugar donde dirimir los problemas de convivencia que causa un local okupado. Así lo ha concluido el juez de Barcelona que ha archivado la querella que vecinos de Gràcia interpusieron contra el concejal del distrito, Eloi Badia, y cuatro cargos técnicos del distrito por la cesión del espacio Tres Lliris, de propiedad municipal, a los grupos juveniles que lo habían okupado hacía años.
Con su decisión, el juez da carpetazo a una nueva causa contra el equipo de concejales de Colau, que en los dos años de mandato ha visto como la decena de querellas interpuestas por empresas, fondos buitre, rivales políticos o particulares contra su gestión terminaban archivadas. En los próximos meses la Justicia deberá decidir si vuelve a archivar las dos causas que afectan a la alcaldesa, Ada Colau.
En el caso de Badia, los vecinos denunciaron que el consistorio “adjudicó” a los jóvenes el local “a dedo, omitiendo de forma flagrante la normativa que regula las cesiones de uso de bienes de dominio público y en perjuicio del erario pública”.
El juez, por contra, concluye que no hay delito alguno y avala la actuación municipal. “El consistorio tiene capacidad para ceder el local dado que al ser un uso social queda excluido del necesario concurso público”, reza el auto del titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona.
La resolución judicial destaca que la normativa permite este tipo de actuación, ya que el consistorio tiene cedidos 210 locales en condicionales similares al Tres Lliris. “No tiene mayor sentido proseguir la instrucción de la causa”, abunda el juez.
La clave de la querella de los vecinos era el convenio de cesión de uso que firmaron el distrito y los jóvenes del Tres Lliris en 2017. En el local, varios colectivos realizaban actividades políticas, pero también fiestas que molestaban a los vecinos.
Para intentar regularizar la situación, en septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació de Joves de Gràcia firmaron un convenio de cesión de uso, algo habitual en conflictos como el del Tres Lliris. En el convenio se estipulaba que el consistorio vigilaría que las actividades del casal no causaran perjuicios ni molestias a los vecinos, pero los ruidos y las fiestas siguieron produciéndose.
“Sigue habiendo un grave problema de convivencia entre los vecinos y usuarios del local”, reconoce el juez, quien no obstante señala que las queja vecinales no pueden abordarse mediante el derecho penal sino con una “intervención del Ayuntamiento de Barcelona en aras a la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Causas pendientes y archivadas
En 2018, dos juzgados de Barcelona ya archivaron sendas querellas de Agbar contra Badia y cuatro trabajadores del AMB por injurias, prevaricación, revelación de secretos y malversación por un informe que cuestionaba el valor de los activos de la multinacional en la empresa mixta de agua y por haber “filtrado” a un medio de comunicación información contable de la firma.
A día de hoy, Badia tiene una causa abierta por un delito contra el medio ambiente en Badalona (Barcelona). La Fiscalía lo acusa de permitir que durante la quema de basura en la planta del Fòrum se expulsaran a la atmósfera más gases contaminantes de los permitidos por la normativa. La causa se encuentra todavía bajo investigación.
Por su lado, la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, tiene pendiente de conocer desde hace meses si la Justicia archiva la causa abierta a raíz de una querella de un fondo buitre y los padres paúles por el veto municipal a un hotel de lujo en una finca modernista.
Otros dos concejales, Marc Serra y Lucía Martín, y la propia alcaldesa declararán como imputados el próximo mes de marzo por la querella de un fondo buitre. Tras su comparecencia, la magistrada decidirá si vuelve a archivar el caso.
En la otra causa que afecta a la alcaldesa, en marzo también declararán más interventores municipales por las subvenciones otorgadas a entidades sociales en una causa que el juez desestimó pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir.