El caso Pegasus sigue persiguiendo al Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ya ha recibido la petición del juez de Barcelona que investiga la infiltración con el ‘software’ maligno en el teléfono del president de la Generalitat, Pere Aragonès, para que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) proporcione toda la información y los documentos relacionados con el espionaje.
Según la documentación que ha podido consultar elDiario.es, el pasado 13 de noviembre la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado Santiago García al Consejo de Ministros para solicitar, tal y como manda la ley, la desclasificación de información reservada o secreta del CNI.
En un mensaje en X, el antiguo Twitter, Aragonès ha remarcado su intención de “llegar hasta el final” para que “nunca más se use el espionaje contra la Generalitat”. “Queremos saber toda la verdad y que se asuman responsabilidades”, ha agregado.
De la respuesta que dé el Gobierno a la solicitud del juez depende en buena medida la declaración como investigada, fijada para el próximo 13 de diciembre, de la exdirectora del CNI Paz Esteban. Se trata del primer cargo gubernamental imputado por el caso Pegasus en un proceso que supone la excepción a la vía muerta en la que están el resto de denuncias de independentistas por el espionaje.
Al comparecer como investigada, Esteban, a la que defiende la Abogacía del Estado, estará en su derecho de no contestar a las preguntas que estime oportuno. Sin embargo, disponer de la documentación solicitada al Gobierno ayudaría al juez y a las partes a centrar el interrogatorio y concretar las cuestiones a formular.
Se trata de la segunda petición de desclasificación de documentos que uno de los jueces de instrucción de Barcelona que investigan el caso realiza al Consejo de Ministros. La primera se topó con la negativa del Ejecutivo a retirar el secreto a la información. El Gobierno negó que los denunciantes de ese caso, los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, hubieran sido espiados, por lo que rehusó desclasificar documentación sobre la compra del ‘software’ maligno israelí.
El Ejecutivo no puede emplear el mismo alegato para rechazar aportar la información en el caso de Aragonès, ya que el president fue uno de los 18 independentistas a los que el propio CNI, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, reconoció haber espiado, siempre con el aval del juez de control del centro del Tribunal Supremo.
Datos y personas
En su suplicatorio, al que ha accedido elDiario.es, el magistrado recuerda que el teléfono de Aragonès habría sido infectado por SMS los días 4,5 y 13 de enero de 2020, cuando el ahora jefe del Govern era vicepresidente de la Generalitat, tal y como avala el informe forense realizado por el laboratorio canadiense Citizen Lab.
El juez pide al Consejo de Ministros que desclasifique la información solicitada toda vez que versa sobre materias secretas relativas a la actividad del CNI. El magistrado ve proporcional solicitar los datos sobre el espionaje al president, ya que el límite a los secretos oficiales, argumenta, “debe situarse en la necesidad de investigar judicialmente” hechos delictivos como los denunciados por Aragonès.
De autorizar lo solicitado por el juez, el Gobierno aportaría por primera vez detalles sobre el espionaje a un juzgado. La información que pueda proporcionar el Ejecutivo y el Tribunal Supremo se antoja como la única vía para esclarecer el caso Pegasus, una vez constatada la negativa de Israel a colaborar con las pesquisas.
El juez requiere numerosos detalles sobre el uso de Pegasus: pregunta al CNI si dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.
También solicita al centro que aporte los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remita los registros de empleo de Pegasus en el móvil de Aragonès.
Por otro lado, el juez también ha requerido al magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez de control del CNI, para que certifique si avaló el uso del 'software' espía –tal y como alegó Esteban en el Congreso– en Aragonès, y que, en caso positivo, remita los autos judiciales que lo argumentaron.
Si el juez del Supremo confirma que autorizó el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, el president ya avanzó que acusaría de prevaricación al magistrado del Alto Tribunal. El letrado de Aragonès, Andreu Van den Eynde argumentó en su querella que actuaría contra el togado porque, a su juicio, “no puede existir ninguna justificación para la utilización de un 'software' de monitorización absoluta”.