El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que vincula con planes para “llevar a cabo acciones violentas o atentados” en favor de la independencia de Catalunya. Todos los procesados permanecen en libertad después de que la Audiencia Nacional acordara excarcelarlos en enero de 2020 y sembrara la duda sobre el carácter terrorista del grupo, que el juez sigue reivindicando.
Dos años después de la denominada operación Judas, en la que fueron arrestados nueve de los procesados, el juez mantiene, en esencia, los planteamientos que le llevaron a ordenarla. El magistrado acoge todas las tesis acusatorias de la Guardia Civil y de la Fiscalía, que había pedido el procesamiento el pasado mes de agosto.
Según el instructor, los procesados formaban parte de un grupo clandestino llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que el juez califica de “organización terrorista”, y cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados usando “explosivos y/o sustancias incendiarias”. Además del delito de organización terrorista, nuevo de los trece procesados lo están por fabricación de explosivos.
En un auto, el juez describe los distintos papeles que habrían jugado los procesados en la organización. Entre los procesados más relevantes el juez sitúa a Eduardo Garzón, Jordi Ros, Germinal Tomàs y Alexis Codina. El primero de ellos por tener un “papel fundamental de dirección” y los otros tres por adquirir los productos químicos e intentar confeccionar supuestamente los explosivos en sus domicilios particulares, sobre la que previamente habían realizado búsquedas en Internet.
Después de que la Sala de lo Penal advirtiera de la diferencia entre tener explosivos en casa y disponer de sustancias que debidamente mezcladas pudieran llegar a convertirse en explosivos, el juez insiste en que los procesados disponían de un “laboratorio casero e ilegal para la génesis casera de sustancias explosivas, incendiarias y/o deflagrantes” y que su actividad les “habría permitido elaborar de manera efectiva” la termita y otros productos precursores de explosivos.
En base a los documentos hallados en las casas de los procesados y en el análisis de sus dispositivos móviles, el juez concluye que el grupo había vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el magistrado menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, así como “torres de alta tensión”.
El juez también menciona que los procesados participaron en protestas y manifestaciones de los CDR, como cortes de carreteras, el levantamiento de barreras de peajes o el vertido aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners para el juicio en el Tribunal Supremo.
Sin embargo la acción más planificada del grupo y que solo frenó su detención en septiembre de 2019 fue un plan para ocupar el Parlament de Catalunya con motivo del segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre. El grupo habría recibido un encargo del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística para entrar en la Cámara y permanecer allí por lo menos una semana.
Según expone García Castellón, la ocupación se realizaría por la puerta principal porque supuestamente alguien les facilitaría el acceso y el grupi se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configuraría Ferran Jolís. Para ello se montarían antenas con un presupuesto estimado de 6.000 euros.