Laura Borràs ha ganado tiempo. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que procesó por corrupción a la presidenta del Parlament ha aceptado su recurso para reabrir la investigación del caso, lo que implica retrasar la eventual apertura de juicio oral que le obligaría a dejar el cargo. El juez Jordi Seguí estima que debe dar más tiempo a las defensas para estudiar el caso, si bien descarta que vulnerara el derecho a la presunción de inocencia de Borràs, tal y como alegó la dirigente de Junts.
De la resolución del magistrado Seguí nada se desprende que vaya a producirse un archivo del caso de contratos fraccionados para beneficiar presuntamente a un amigo de Borràs durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El juez únicamente ha estimado los recursos de las defensas –a los que se había adherido la Fiscalía– porque procesó a los investigados solo siete días después de recibir la parte de la causa que se había quedado en un juzgado de instrucción de Barcelona.
Esta rapidez, concede el juez a las defensas, “no respetó el contenido esencial del derecho a la defensa de los investigados” –en el TSJC estaban Borràs y su amigo Isaías H. y en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona los otros dos procesados, un cuñado de Isaías H. y un trabajador de la ILC–. Al no haber podido “examinar en la práctica las actuaciones” antes del procesamiento, el juez concede a Fiscalía y defensas otros 15 días para que propongan las diligencias que estimen oportunas antes de volver a dictar otro auto que deje a Borràs a un paso del banquillo.
Cabe destacar que la Fiscalía se había adherido a la petición de las defensas por la celeridad del magistrado en dictar el procesamiento tras recibir la nueva parte del caso, ya que tampoco el Ministerio Público había tenido tiempo a instruirse de la totalidad de la causa. Es pues una reapertura más formal que de fondo, habida cuenta de que el magistrado rechaza los otros motivos expuestos por Borràs.
El juez descarta, tal y como mantenía la defensa de Borràs, que vulnerara su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías al presentarla “como culpable” en el auto por la que dio por concluida la investigación del caso de ILC. Se trató de una resolución en la que el magistrado Seguí detalló todos los indicios contra Borràs, entre ellos correos electrónicos del año 2013 en los que la dirigentes de Junts instaba a su amigo Isaías H. a “fraccionar cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”.
“En modo alguno el auto se refiere a ninguno de los investigados como culpables”, zanja el magistrado, que abre la puerta en su resolución a que Borràs puede pedir volver a declarar como imputada si así lo pide.
La invitación del juez a Borràs es una oportunidad para que la presidenta del Parlament maneje los tiempos y pueda alejar al máximo el auto que la envíe a juicio, que llegará una vez Fiscalía y defensas hayan presentado sus escritos previos a la vista. Antes sin embargo el magistrado deberá volver a procesar a Borràs y las defensas podrán volver a recurrir, lo que permite a la presidenta del Parlament ganar unas semanas.
La crisis política a cuenta de si Borràs debe dejar el escaño no se producirá tan pronto como se esperaba. El reglamento del Parlament obliga a cualquier diputado a abandonar el acta cuando se le abre juicio oral por corrupción. Consciente de que su futuro judicial es una espada de Damocles en su carrera política, Borràs promueve desde hace meses una reforma del reglamento del Parlament para blindarse en el cargo al menos hasta que el caso tenga sentencia, no antes del juicio.
Los letrados del Parlament avalan la posición de Borràs, ya que desde una perspectiva jurídica y garantista creen que privar a un diputado de su condición sin sentencia firme no respeta la presunción de inocencia. Toda la oposición reclama que Borràs deje el cargo una vez se la envíe a juicio, mientras que ERC y la CUP todavía no han hecho público su criterio.