El juez Francisco Miralles ha terminado, tras cinco años de complicada investigación, la instrucción de la causa por las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Barcelona. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado sienta en el banquillo a 45 policías nacionales por sus intervenciones contra votantes en las escuelas y deja la puerta abierta a que los heridos puedan acusarles no solo de lesiones sino también de torturas o un delito contra la integridad moral. El instructor archiva la causa contra otros 20 agentes.
La resolución del juez Miralles, de 73 páginas, es un pormenorizado análisis de lo ocurrido en decenas de escuelas de Barcelona el 1-O. La investigación se ha centrado en los agentes y sus mandos que actuaron sobre el terreno, sin llegar a inculpar a las altas cúpulas policiales y políticas del Ministerio del Interior al no demostrarse durante la instrucción que existiera una orden política para cargar contra los votantes.
Remarca el instructor que las instrucciones policiales establecen que los agentes deben actuar de forma proporcional e “impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o que entrañe violencia”. Estas directrices sí se cumplieron en 14 de los 27 colegios de Barcelona, donde el instructor describe “agarres y empujones”, pero no actuaciones “desproporcionadas” que fueran más allá de apartar a votantes para retirar las urnas y papeletas, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En cambio, en 13 centros el instructor sí ve actuaciones de 45 agentes contra votantes donde “se aprecian claros déficits respecto a los protocolos” y un “uso innecesario de la fuerza”. Es el caso de la actuación “especialmente grave” del agente que dio varios golpes de porra a una mujer a las puertas del colegio Mediterrània, o del uniformado que propinó una patada voladora a una votante en el colegio Pau Claris.
“No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara de las personas o que las lancen escaleras abajo, cayendo éstas sobre otras personas que están sentadas, con un grave riesgo para la integridad de los ciudadanos”, asevera el juez sobre lo ocurrido en el Pau Claris, uno de los colegios donde se registró una actuación más violenta de la Policía y que el juez Miralles califica de “claramente denigrante”.
En varios de los colegios, incide el juez, los agentes irrumpieron “sin negociación ninguna ni advertencia”, e inmediatamente emplearon la fuerza de forma “claramente innecesaria” para desalojar a los votantes, que no mostraban “actitudes agresivas,” y entre los que encontraban personas mayores.
“Especialmente violenta y desproporcionada”, a criterio del juez, fue la actuación de los uniformados en las Escoles Pies de Sant Antoni: “Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios”.
Turno de las acusaciones
Dado el volumen de la causa, el instructor da ahora 40 días a la Fiscalía y a las acusaciones de los heridos para que presenten sus respectivos escritos de acusación, aunque previsiblemente tardarán más tiempo ya que el auto del instructor será recurrido ante la Audiencia Barcelona por todas las partes; las acusaciones para imputar a más agentes y las defensas para archivar el caso.
La abogada del centro Irídia, Anaïs Franquesa, que representa a decenas de heridos, ha celebrado la decisión judicial, si bien ha denunciado la “falta de colaboración” de Interior en esclarecer la cadena de mando del operativo. “Gracias a la fuerza de la sociedad civil y pese a los obstáculos de la Fiscalía y de un Estado que vulnera los derechos fundamentales, 45 agentes se sentarán en el banquillo”, ha aseverado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, que ejerce la acusación popular del caso.
A lo largo de la causa han sido el juez y las representaciones particulares de los heridos –y el Ayuntamiento de Barcelona, hasta su expulsión como acusación popular– los que han impulsado la investigación. La Fiscalía en cambio ya pidió en 2019 el archivo del caso para todos los agentes investigados salvo para seis uniformados, tesis que rechazó el instructor.
Los cinco años de investigación no han podido determinar que hubiera una orden directa del Ministerio del Interior, entonces en manos del PP, para actuar con violencia en los colegios. Pese a los intentos de las acusaciones de los heridos, ni los agentes investigados ni los mandos policiales y políticos que han testificado han permitido saber cuándo se decidió actuar en los colegios o por qué las cargas cesaron al mediodía. “Nunca se dijo 'intervención ya'”, dijo gráficamente el entonces secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, en su declaración como testigo.
Los sucesivos informes de Interior y de la Policía y el coordinador del dispositivo en 2017, Diego Pérez de los Cobos, han descargado la responsabilidad última de las cargas a los ocho inspectores jefe de los antidisturbios de la Policía que se distribuyeron por los distintos distritos de Barcelona el 1-O y que, sobre el terreno, decidieron en qué colegio actuar. Se trata de los denominados “jefes de unidad de intervención”.
Por otro lado, el juez ha expulsado a la acusación particular que ejercía el Sindicato Profesional de Policía (SPP), porque no se ha imputado a ningún votante del 1-O por atentado o desobediencia a la autoridad, así como a la Generalitat al descartar imputar a los agentes por los daños materiales causados en las escuelas.
En paralelo a la macrocausa que este miércoles enfila el camino del juicio, el juez ya procesó, en una causa aparte, a dos mandos policiales y un escopetero acusados de reventar el ojo a Roger Español por el impacto de una bala de goma, así como el propio activista y excandidato de Junts por atentado a la autoridad al haber lanzado una valla contra la línea policial.