La familia Pujol Ferrusola está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por la fortuna que acumularon y escondieron durante décadas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles la apertura de juicio oral contra el expresident de la Generalitat, sus siete hijos y otros once empresarios, uno de los últimos trámites antes de la vista, que todavía no tiene fecha. El magistrado impone además una fianza de 7,5 millones al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a quien las acusaciones piden las penas más altas.
El juez ha tomado esta decisión una vez todas las acusaciones de la causa ya han presentado sus escritos contra la familia. La última en hacerlo fue este lunes la Abogacía del Estado, que decidió no acusar al expresident y cinco de sus hijos y centrar su acusación en los delitos fiscales cometidos por el primogénito y su exmujer, Mercè Gironès. En cambio la Fiscalía pide nueve años de prisión para Pujol padre por los delitos de asociación ilícita y blanqueo.
En su auto de apertura de juicio oral, y tras excluir del procedimiento por motivos de salud a Marta Ferrusola, esposa del expresident, el juez requiere a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, Mercès Gironès, para que en el plazo de diez días depositen respectivamente 7,5 millones de euros y 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse por los delitos contra la Hacienda Pública de los que se les acusa.
En conjunto, el juez envía a juicio a los Pujol y a sus empresarios afines por hechos que pueden ser constitutivos de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y otro de frustración relacionado con la ocultación de fondos que hizo Jordi Pujol Ferrusola cuando ya estaba investigado. Por estos hechos la Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para el expresidente, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a Jordi Pujol Ferrusola. La Abogacía del Estado en cambio no acusa al expresident, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.
En este nuevo auto, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ratifica también la situación de libertad de los acusados y explica que no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.
Junto a Pujol, sus hijos y su exnuera, se sentarán también en el banquillo los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí. En la causa, además de a los Pujol Ferrusola, se ha investigado a empresarios que presuntamente efectuaron pagos millonarios a la familia, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos esos contratos simulados, según la investigación, encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o concesiones, entre otros favores.
Pedraz concede ahora un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye en su resolución los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas.
El pasado 16 de julio, el anterior instructor de esta causa, José de la Mata, propuso juzgar a todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.