El juez que investiga a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje con el programa Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha suspendido su declaración como imputada prevista para este miércoles, mientras sigue a la espera de recibir la información desclasificada que reclamó al Gobierno.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez Santiago García ha accedido a la petición de la propia Esteban, defendida por la Abogacía del Estado, de suspender su declaración como imputada y la ha fijado para el próximo mes de enero. El abogado de Aragonès, Andreu Van den Eynde, también había pedido el aplazamiento porque el Ejecutivo no ha respondido a la solicitud del juez para retirar la reserva a los documentos sobre el espionaje al president.
Sí se mantiene para este miércoles la declaración de Aragonès como víctima del espionaje que denunció y que se produjo a principios de 2020, cuando ocupaba la vicepresidencia de la Generalitat y participaba de la negociación con el PSOE tras las elecciones generales de noviembre de 2019.
Esteban es el primer cargo gubernamental imputado por el caso Pegasus en una causa que supone la excepción a la vía muerta en la que están el resto de denuncias de independentistas por el espionaje. Para la viabilidad tanto de su declaración como del futuro del caso es clave que el Gobierno acceda a desclasificar los documentos solicitados por el juez.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abierto la puerta este lunes a que el Gobierno retire el secreto a documentos del CNI sobre Pegasus “si se entiende que es oportuno, razonable y conforme a la ley”. Por su lado, el Ministerio de Defensa cree “bastante probable” que información relativa al caso se desclasifique antes de la declaración en enero de Esteban, informa Europa Press.
“Lo que está judicializado está judicializado y dejemos el desarrollo de dicho procedimiento”, ha manifestado el titular del Interior, que ha añadido: “Supongo que la anterior directora del CNI declarará en los términos que entienda precisos y conforme a la ley”.
El pasado 13 de noviembre, la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado al Consejo de Ministros para solicitar, tal y como manda la ley, la desclasificación de información reservada o secreta del CNI. En este caso, la relativa a la infiltración en el teléfono de Aragonès con el programa espía de origen israelí.
Al comparecer como investigada, Esteban, a la que defiende la Abogacía del Estado, estará en su derecho de no contestar a las preguntas que estime oportuno y acogerse al secreto de la actuaciones del CNI, si bien disponer de los documentos ayudará a las partes a decidir las preguntas del interrogatorio y a la eventual solicitud de más diligencias.
Se trata de la segunda petición de desclasificación de documentos que uno de los jueces de instrucción de Barcelona que investigan el caso realiza al Consejo de Ministros. La primera se topó con la negativa del Ejecutivo a retirar el secreto a la información. El Gobierno negó que los denunciantes de ese caso, los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, hubieran sido espiados, por lo que rehusó desclasificar documentación sobre la compra del ‘software’ maligno israelí.
El Ejecutivo no puede emplear el mismo alegato para rechazar aportar la información en el caso de Aragonès, ya que el president fue uno de los 18 independentistas a los que el propio CNI, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, reconoció haber espiado, siempre con el aval del juez de control del centro del Tribunal Supremo.
En su suplicatorio, que desveló elDiario.es, el magistrado recordó que el teléfono de Aragonès habría sido infectado por SMS los días 4,5 y 13 de enero de 2020, cuando el ahora jefe del Govern era vicepresidente de la Generalitat, tal y como avala el informe forense realizado por el laboratorio canadiense Citizen Lab.
El juez pidió al Consejo de Ministros que desclasificara la información solicitada toda vez que versa sobre materias secretas relativas a la actividad del CNI. El magistrado vio proporcional solicitar los datos sobre el espionaje al president, ya que el límite a los secretos oficiales, argumenta, “debe situarse en la necesidad de investigar judicialmente” hechos delictivos como los denunciados por Aragonès.