La jueza ha archivado el caso Consell Esportiu de L'Hospitalet contra la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín. El auto que pone fin a la causa es a la vez un aval a la actuación de Marín, que queda libre de sospechas para presentarse a la reelección en las municipales de 2023. La magistrada destaca que Marín “adoptó las medidas” para averiguar las irregularidades de sus concejales en la entidad deportiva una vez conoció los hechos.
La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no veía delito alguno en Marín al no apreciar que hiciera caso omiso de la denuncia interna de desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad para gastos particulares de dirigentes socialistas. En cambio los comuns, que ejercen la acusación popular, se oponían al sobreseimiento.
La alcaldesa fue imputada en la causa del Consell Esportiu no por participar del desvío de subvenciones atribuido a varios cargos socialistas de L'Hospitalet y que han llevado a la dimisión de su delfín, Cristian Alcázar, a quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel. La juez investigaba a Marín por supuestamente omitir las irregularidades en el Consell que le comunicó el concejal socialista Jaume Graells –ahora alcaldable por ERC– en 2020, extremo que la alcaldesa siempre ha negado. Ahora la jueza da la razón a Marín.
Destaca la magistrada que tras conocer por boca de Graells las irregularidades de dos concejales socialistas en el Consell, Marín “convocó una reunión con el denunciante, posteriormente otra con la secretaria municipal y, a continuación, concluyó la necesidad de una auditoría y una revisión de las subvenciones”. La misma versión sostenían tanto la Fiscalía Anticorrupción como la defensa de la alcaldesa.
La magistrada no aprecia en Marín “un ánimo de ocultar los hechos”, ni tampoco ningún elemento que permita afirmar que su conducta fuera delictiva. En consecuencia, la jueza descarta tanto el tipo penal de omisión de perseguir delitos como la prevaricación y la malversación. Además la magistrada archiva el caso contra otros cuatro funcionarios y cargos socialistas investigados.
“No existen indicios de que la sra. Marín haya actuado contra derecho”, abunda la magistrada, ya que la alcaldesa “adoptó las medidas que estimó necesarias para la averiguación de los hechos”, estas fueron, las entrevistas con Graells, la secretaria municipal y los concejales denunciados así como la auditoría. Una vez judicializada la causa por la denuncia de Graells, resalta la magistrada, Marín “ya no podía actuar abierta la vía penal”, tal y como la propia alcaldesa trasladó al concejal.
Al igual que la jueza, la Fiscalía había descartado cualquier delito. A juicio del fiscal anticorrupción, Marín “actuó sin ningún ánimo de ocultación” de las irregularidades en el Consell y “sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación”. Marín había pedido el archivo del caso el pasado mes de febrero en un escrito en el que su defensa tildó de “infundada” la acusación de la Policía y cargó contra la “falta de solidez” de los indicios contra ella.
La alcaldesa ha celebrado a través de Twitter el archivo de su causa, con dardo incluido hacia los partidos de la oposición que reclamaron su dimisión. “Siempre he tenido la tranquilidad de haber hecho bien las cosas en cada momento y la justicia así lo reafirma. Los juicios mediáticos con cálculo electoralista no tienen recorrido”, ha aseverado. En su declaración como investigada en abril de 2021, Marín negó ante la jueza que fuera pasiva ante el desvío de fondos en el Consell Esportiu y alegó que actuó “muy rápidamente” ante unos hechos que le generaron “preocupación”.
Más allá de la rama del caso que afectaba a Marín, la investigación iniciada por la denuncia de Graells ha seguido su curso y, a la espera del desenlace de la pieza principal sobre el desvío de las subvenciones, la Fiscalía ya ha presentado el primer escrito de acusación, en el que reclama 4 años y medio de cárcel a dos exconcejales socialistas Cristian Alcázar y Cris Plaza por estafar al Consell falseando una indemnización por despido.
El sumario del caso pone de manifiesto el enfrentamiento que Alcázar y Plaza mantuvieron con Graells después de que denunciara el desvío de fondos del Consell para gastos particulares como cenas o libros. El duelo llegó hasta las asambleas del PSC de L'Hospitalet. En una de ellas, desvelada por elDiario.es y celebrada telemáticamente durante la pandemia, Alcázar tildó a Graells de “impresentable” y le exigió que cortara el micrófono.
Una vez archivada la causa contra Marín, el caso Consell Esportiu encara la recta final de la investigación. Aunque todavía habrá que esperar varios meses para su resolución definitiva, a la instrucción del caso le queda por practicar una prueba determinante. Se trata del informe pericial de la Intervención General del Estado sobre las subvenciones municipales percibidas por el Consell Esportiu entre los años 2016 y 2019.