La jueza encarga a la Guardia Civil averiguar si el Barça pagó a Negreira para amañar arbitrajes

El caso Negreira ha empezado a andar en los juzgados de Barcelona. La jueza ha admitido a trámite este miércoles la denuncia de la Fiscalía, así como la personación en la causa del árbitro Xavier Estrada y de la Liga Profesional de Fútbol como acusaciones, y ha comisionado a la Guardia Civil para que sea la Policía Judicial del caso. 

En un auto, la magistrada encarga a la Guardia Civil que lleve a cabo las “diligencias necesarias” para determinar “el motivo o trabajos” por los que el Barça pagó cerca de 4,8 millones de euros durante las presidencias de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu (2010-2018) a las empresas del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. En conjunto, los pagos del club a Negreira ascendieron a 7,3 millones entre 2001 y 2018, cuando Bartomeu decidió poner fin a los pagos.

La jueza también encarga al Instituto Armado que averigüe “el destino” del dinero cobrado del Barça por parte de las empresas de Enríquez Negreira para corroborar si, como mantiene la Fiscalía, los desembolsos sirvieron para recibir favores arbitrales o si simplemente se quedaron en los bolsillos del excolegiado.

Una vez que la Guardia Civil concluya su investigación, agrega la magistrada, se procederá a la declaración de los investigados –los expresidentes Rosell y Bartomeu, Negreira, el propio Barça como persona jurídica y los exejecutivos del club Albert Soler y Óscar Grau– y de los testigos –los expresidentes Joan Laporta y Joan Gaspart y los exentrenadores Luís Enrique Martínez y Ernesto Valverde, entre otros–.

La magistrada explica la razón por la que la citación de los imputados no será inmediata. Argumenta la jueza que la investigación previa de la Fiscalía y la Policía Nacional sobre el caso Negreira es incompleta, ya que la interposición de la querella de Estrada obligó al Ministerio Público a cesar sus diligencias. Ahora la jueza acuerda cambiar de cuerpo policial y que sea la Guardia Civil quien se encargue del caso.

“No puede entenderse concluida la investigación policial en orden a determinar el motivo por los que se efectuaban los pagos así como el destino cobrado por” las empresas de Negreira, expresa la jueza en su auto, en el que también destaca que, de la inspección realizada por Hacienda, “no se apreció” un incremento patrimonial en el exárbitro.

En este sentido, la magistrada apunta a otro de los focos de la investigación de la Guardia Civil: averiguar a dónde fue a parar el dinero que el Barça pagó a Negreira. Para ello, tal y como pidió la Fiscalía, la jueza considera “pertinente” llevar a cabo una investigación patrimonial del excolegiado “y su entorno más cercano”, en referencia a su hijo.

Además, la jueza encarga al Instituto Armado identificar a las personas que ocuparon el cargo de director general, director ejecutivo y director financiero, tesorero o jefe del área económica del club entre 2011 y 2014, que previsiblemente también serán imputados en una causa abierta por los delitos de corrupción en el deporte, administración desleal y falsedad en documento mercantil..

La investigación judicial no parte de cero. La Fiscalía y Hacienda vienen investigando los pagos del Barça a la empresa de Negreira y sus conclusiones son poco halagüeñas para el club azulgrana. El Ministerio Público acusa al Barça de sobornar a Negreira para recibir favores en el campo. Mantiene la Fiscalía que los pagos del club al excolegiado a cambio de informes sobre asesoramiento solo enmascaraban lo que en realidad era su intermediación en el colectivo arbitral.

En la inspección tributaria, el Barça admitió en 2021 que “no había encontrado” en los archivos del club documentos que identificaran a los profesionales que habían realizado los vídeos sobre árbitros supuestamente confeccionados por Negreira. Tampoco halló el club copia alguna de los vídeos o documentos en los que se concretaron los encargos a Negreira. 

En consecuencia, el Barça aceptó pagar a Hacienda 1,01 millones de euros para regularizar el pago de impuesto de Sociedades e IVA que se intentó deducir mediante las facturas de Negreira, pero que Hacienda consideró no deducible tras constatar que no había relación entre el gasto facturado y el servicio prestado en realidad.