Una jueza de Girona ha dejado a un paso del banquillo a 27 policías nacionales y a un guardia civil por lesionar a votantes del referéndum durante su intervención el 1 de octubre de 2017. La magistrada limita la causa a delitos leves y graves de lesiones, pero descarta que los agentes actuaran con órdenes de violencia de sus superiores así como que cometieron delitos de torturas y contra la integridad moral de los votantes.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada rechaza que los agentes sean juzgados de forma conjunta por su actuación al no haber constatado “ninguna pauta común relevante” ni haberse dado una orden por parte de un mando a todos los agentes para actuar con violencia. En consecuencia, cada escuela irá a juicio de forma separada.
La magistrada distingue en su auto a los policías que serán juzgados por un delito leve de lesiones -la mayoría, 26- mientras que solo dos se enfrentarán a penas más graves por delito leve de lesiones. El auto también archiva las denuncias referidas a las cargas en el pabellón de Sant Julià de Ramis, donde tenía que votar el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y también todas las demás en que no se han podido identificar los agentes (como las que hubo en la escuela Pedret o en el centro cívico Ernest Lluch).
Los abogados voluntarios que impulsaron la querella colectiva estudian interponer un recurso en la Audiencia de Girona para reclamar que también se procese a los agentes por delitos contra la integridad moral así como que se siente en el banquillo a los mandos.
La causa de las cargas en Girona es la primera en la que la jueza termina la instrucción y envía el caso a juicio. En Barcelona, la más numerosa, el juez todavía está pendiente de terminar la investigación, si bien la Audiencia de Barcelona ya ha avalado que a los agentes que vayan a juicio se les pueda acusar tanto de lesiones como de delito contra la integridad moral.