El juzgado de Tremp ha abierto dos procedimientos a raíz de la denuncia presentada por Fiscalía en relación a la gestión del brote que COVID-19 que dejó 64 ancianos fallecidos en la residencia Fiella. Las dos causas se han abierto contra las mismas dos personas: la exdirectora técnica del centro y la responsable de Higiene Sanitaria. Una es por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores, y la otra por supuestos delitos de homicidio imprudente y vejación injusta.
El brote provocó la muerte de 64 de los 142 usuarios del centro y, según la denuncia de la fiscalía de Lleida, aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y falta de asistencia sanitaria real.
La semana pasada fiscalía de Lleida presentó la denuncia contra las dos extrabajadoras de la residencia Fiella de Tremp y este miércoles el juzgado de la capital del Pallars Jussà ya ha abierto dos causas contra ellas. En los autos de las causas figura que se ha citado a declarar a 49 trabajadores de la residencia, varios testigos más y agentes de los Mossos d'Esquadra.
Entre las muchas irregularidades descritas por fiscalía, destaca que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más cercanos. Ocurrió, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta a que en aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed.
Otras irregularidades tendrían que ver con el incumplimiento del estricto protocolo de visitas de familiares, ya que no se habrían controlado y había personas con “ciertos privilegios” porque las visitas no se supervisaban ni se hacían de forma equitativa.
La gestión de los fallecidos fue caótica, según la denuncia, hasta el punto de que familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos fueron informados de que se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían fallecido y a otros no se les avisaba de que su familiar había fallecido. No había un protocolo de defunción y esto provocó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio o voluntarios de la residencia. Otros, incluso, tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares entre las habitaciones donde había muertos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus “propios medios”.