La jueza que investiga el presunto desvío de fondos del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar como imputados a la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín (PSC); al secretario de deportes del Govern catalán, Gerard Figueras (JxCat); y al teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Cristian Alcázar (PSC). La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La magistrada ha citado a Marín para el próximo 9 de abril, ha adelantado SER Catalunya y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la alcaldesa. Marín ya declaró durante unas tres horas ante la Policía Nacional el pasado mes de diciembre, y a la salida de comisaría explicó que rechazaba dimitir y que pediría declarar ante la magistrada.
En el auto de imputación, al que ha tenido acceso este diario, la jueza cita a Marín, Figueras, Alcázar y otra investigada para el 9 de abril; a otros ochos investigados para el 8 de abril; y a diez testigos, entre ellos el concejal socialista que denunció el caso, Jaume Graells, para el 7 de abril. En la resolución la magistrada decide citar a los imputados y a los testigos después de que hayan declarado ante la Policía, interrogatorios que la magistrada define como “declaraciones en sede policial que quedan abarcadas por las funciones investigadores que le han sido encomendadas” a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La jueza indica que Marín “habría ayudado” a los investigados a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando Graells le trasladó las irregularidades en el Consell. Según la magistrada, Marín y Figueras habrían intentado “ocultar los hechos y evitar su descubrimiento orquestando una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación de los investigados y asilar y excluir de la entidad deportiva” a Graells. Además de su citación como investigada la magistrada ha acordado autorizar a la Policía a analizar los archivos del teléfono móvil de Marín.
La jueza investiga si el Consell Esportiu de L'Hospitalet –entidad privada pero financiada con fondos públicos dedicada a la promoción del deporte escolar que presidía el exconcejal de Deportes Cristóbal Plaza, quien dimitió en diciembre– destinó a fines particulares algunas de las ayudas que gestiona y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa.
Alcázar y Plaza, principales sospechosos de la trama, habrían ocultado 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu –donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes– en sus cuentas de 2019 al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros, destinando el dinero a gastos personales.
Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la Policía Nacional, que es la policía judicial del caso, sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.
Tras declarar ante la Policía en diciembre, tanto el PSOE como el PSC –partidos de los que Marín es vocal y presidenta, respectivamente– cerraron filas con la alcaldesa de L'Hospitalet y negaron que estuviera implicada en las irregularidades cometidas presuntamente por miembros de su equipo de gobierno en el consistorio.