Una jueza investiga a la empresa de aguas de Barcelona por vertidos contaminantes de una depuradora

Una jueza investiga a la empresa público-privada de aguas de Barcelona, participada mayoritariamente por Agbar, por vertidos de agua contaminada en una depuradora de Castelldefels. El caso se ha abierto a partir de una denuncia de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa a la sociedad de “promover o tolerar” los vertidos “no autorizados” de aguas fecales en la laguna de la Olla del Rei, que incluso habrían llegado a la playa.

Fuentes de Agbar han indicado que la titularidad e inversiones en la infraestructura corresponden a la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de la Generalitat, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y han defendido que la gestión y el mantenimiento de la depuradora por parte de la empresa ha sido diligente y no ha provocado ningún vertido irregular al medio ambiente. Desde Agbar han añadido que llevan meses reclamando al AMB mejoras e inversión en la infraestructura.

Según han informado fuentes judiciales, la declaración de los tres denunciados –el responsable de la depuradora de Castelldefels y el administrador y el representante legal de la empresa– ante el juzgado de instrucción 4 de Gavà todavía no se ha producido y en estos momentos se están practicando algunas de las diligencias solicitadas por la Fiscalía. En su denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público acusa a la empresa de un delito contra el Medio Ambiente, castigado con hasta cinco años de cárcel.

La causa se abrió en otoño pasado, después de que la Fiscalía presentara en julio su denuncia fruto de una investigación propia que empezó en mayo de 2020 tras recibir varias quejas de vecinos y colectivos ecologistas. Las pesquisas judicializadas se encuentran en un estado inicial, si bien la causa ya incorpora un atestado de la Guardia Civil realizado en el marco de las diligencias de la Fiscalía.

La empresa investigada, cuya denominación oficial es Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, es la sociedad público-privada que Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) crearon, con el aval de PSC y CiU, en 2013 y que gestiona el suministro de agua a unos tres millones de catalanes de 23 municipios de la conurbación barcelonesa, entre ellos L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y la propia capital catalana.

La empresa mixta está participada por Agbar en un 70%, y en un 15% por el AMB y Criteria-LaCaixa. Tras un contencioso de varios años con el consistorio de Ada Colau, que defendía la gestión pública del agua, el Tribunal Supremo avaló la legalidad de la mixta en 2019. Además del suministro a los hogares, la sociedad gestiona el saneamiento de las aguas residuales.

La investigación se centra en la gestión de la empresa mixta de la depuradora situada en las proximidades del estanque de la Olla del Rei de Castelldefels, un espacio natural cercano a la desembocadura del río Llobregat.

Según la denuncia de la Fiscalía, el sistema de saneamiento formado por la depuradora de Castelldefels y el colector de Gavà ha sufrido en los últimos años “distintas incidencias motivadas por la degradación estructural de las conducciones debido a la corrosión”, lo que ha provocado los supuestos vertidos de aguas residuales urbanas.

La denuncia de la Fiscalía realiza un detallado historial del caso. La Agencia Catalana del Agua (ACA) autorizó en 2012 al AMB a que la planta de Gavà pudiera realizar vertidos al mar. En 2019, la Generalitat revisó el permiso y limitó los vertidos a periodos de lluvia intensa o “de fuerza mayor”, además de obligar a la empresa mixta a “comunicar telemáticamente todos los episodios de funcionamiento de los aliviaderos”, relata la Fiscalía.

Es en este punto donde la Fiscalía ve la primera infracción: según el Ministerio Público, la empresa mixta comunicó al ACA un “abundante vertido de aguas residuales” en la depuradora de Castelldefels –23 en 2019, 39 en 2020 y 10 en 2021–, sin que estuviera “justificado” por episodios de lluvia intensa, como por ejemplo el temporal Gloria.

Según la Fiscalía, muchos de los vertidos de la depuradora no estaban justificados, ya que no eran fruto de una “entrada masiva” de aguas pluviales ni tampoco de “una incidencia técnica en el sistema” que los permitiera. Y de ello responsabiliza a los “máximos responsables” de la empresa mixta así como al jefe de la planta de Castelldefels.

Por contra, fuentes de Agbar han explicado que el sistema que genera desbordamiento de la depuradora se ha activado “siempre” coincidiendo con la situaciones previstas en la normativa –lluvias o averías– y “en total e inmediata coordinación” con el AMB y la ACA. Si no se hubiera hecho así, remarca la compañía, el caso urbano se hubiera inundado con agua residual, algo que no ocurrió.

El funcionamiento de la depuradora Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Castelldefels está estandarizado internacionalmente y es el “más eficiente y seguro”, explica Agbar, que recalca que el punto de desbordamiento “ha sido declarado y autorizado por la ACA”. Las mismas fuentes han asegurado que el AMB ha reconocido ante el Seprona y la Fiscalía que la gestión de Agbar en la estación de Castelldefels ha sido diligente y no ha provocado ningún vertido irregular.

El funcionamiento de las bombas de la EBAR de Castelldefels se controla de forma automática a partir de los niveles del pozo de bombas, que se activa “única y exclusivamente en los casos operacionalmente necesarios y legalmente contemplados”, han mantenido fuentes de Agbar.

En cambio, la Fiscalía cree que la empresa realizó vertidos fuera de los casos previstos en la normativa. Según la denuncia, los responsables de la empresa mixta y de la depuradora “promovieron o toleraron” el uso del aliviadero de aguas de Castelldefels “para hacer vertidos no autorizados y no justificados” por episodios de lluvias o causas técnicas.

Los vertidos han supuesto, a juicio de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, “un grave riesgo o daño en la calidad” de las aguas de la Olla del Rei. “Los abundantes chorros del aliviadero vertían centenares de metros cúbicos de aguas residuales urbanas sin tratamiento alguno”, abunda el Ministerio Público, que apunta incluso a que la contaminación llegó a la playa de las Palmeras de Castelldefels.

El Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona, que dirige el fiscal Antoni Pelegrín, ha pedido a la jueza requerir a la empresa los registros diarios de entrada de aguas para su tratamiento en la depuradora de Gavà de 2018 a 2021, así como su programa de cumplimiento interno de normativa o 'compliance'.

También ha solicitado el fiscal que la magistrada encargue a la dirección general de políticas ambientales y biodiversidad de la Generalitat un informe sobre los valores ambientales que representa la laguna de la Olla del Rei, las especies de fauna y flora que suelen ocuparlo y la “incidencia que la contaminación” provocada por vertidos de aguas residuales urbanas puede suponer para el hábitat natural.

La Guardia Civil tomó muestras

Para sustentar su tesis, la Fiscalía se apoya en las muestras que tomaron en la zona agentes del Seprona de la Guardia Civil el 7 junio de 2020 y el 4 de marzo de 2021 y que corroboran el “funcionamiento injustificado” que, a su juicio, presentaba el aliviadero.

El resultado del laboratorio confirmó las sospechas: el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluyó que los vertidos eran “aguas urbanas sin depurar con abundantes sólidos en suspensión”, una “elevadísima contaminación de origen fecal” de bacterias coliformes y estreptococos, así como sales como fosfatos, amonio o tensioactivos “en disolución”.

El primer análisis de las aguas en 2020 también arrojó la “toxicidad moderada” en las aguas, algo en principio compatible con la presencia de “elevadas concentraciones” de amonio, un material formado por un átomo de nitrógeno y cuatro de hidrógeno que actúa como un metal en las reacciones y que forma sales.

Nueve meses después, los análisis toxicológicos se ampliaron a los sedimentos del fondo de la laguna. El laboratorio dictaminó que la Olla del Rei superaba en casi 50 veces los valores permitidos de nitrógenos, bacterias coliformes y estreptococos. Las aguas en superficie del estanque también infringían los límites de sustancias oxidantes, bacterias, amonio y nitrógeno Kjeldahl, un contaminante presente habitualmente en las aguas residuales.

Los análisis del laboratorio certifican, según el fiscal, que la laguna de la Olla del Rei “ha ido acumulando los vertidos de aguas residuales urbanas” procedentes de la depuradora de Castelldefels. Ello ha provocado “consecuencias negativas” para la flora y la fauna de uno de los espacios naturales incluidos en el inventario de zonas húmedas de Catalunya.

“El uso injustificado del aliviadero –concluye el fiscal– ha supuesto la creación de un grave deterioro de las aguas del estanque, de la corredera maestra y han supuesto un riesgo de relevante deterioro de las aguas de baño de la playa de las Palmeras, donde desembocan los vertidos”.