No habrá investigación en Barcelona de los crímenes franquistas. La jueza ha rechazado admitir a trámite la querella del militante del PSUC Carles Vallejo al concluir que las torturas que sufrió en la comisaría de Vía Laietana están prescritas y amnistiadas por la ley de 1977. Lo contrario sostenía la Fiscalía, que tras pedir inicialmente archivar el caso había pedido que se investigara.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Carmen García concluye que la prescripción de los delitos y la amnistía de 1977 siguen siendo “obstáculos insalvables” para abrir una causa sobre las torturas de policías franquistas denunciadas por Vallejo.
También impide investigar la querella de Vallejo un principio básico del derecho consagrado en la Constitución, la denominada irretroactividad de las normas penales desfavorables, que prohíbe encausar a alguien por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de las normas que los castigan.
La resolución, de 20 páginas, contiene cita de abundante jurisprudencia y estudios académicos. En suma, a juicio de la magistrada la nueva Ley de Memoria Democrática, al contrario de lo que interpretan las víctimas y la Fiscalía, no permite investigar por la vía penal los crímenes franquistas.
Más allá de la irretroactividad, la prescripción de los delitos cometidos hace décadas y la amnistía (las barreras clásicas a la hora de investigar los crímenes franquistas), la magistrada también aborda si la nueva ley aprobada la pasada legislatura permite indagar en las torturas denunciadas por Vallejo, para llegar a la misma conclusión negativa.
La magistrada remarca que del redactado de la norma reconoce el derecho a la verdad de las víctimas, el establecimiento de la Justicia y el fundamento de la reparación, pero que todos estos objetivos no pueden vehicularse a través de una causa penal. El motivo: la ley de Memoria “no deroga” la ley de amnistía de 1977, por lo que sigue en vigor y los jueces no pueden obviarla.
La ley de Memoria Democrática, ahonda la magistrada, no emplea el término “investigación penal”, sino que vehicula a las víctimas hacia procedimientos de jurisdicción voluntaria, estos son, comisiones de carácter académico, pero no judicial.
La querella de Vallejo, interpuesta contra seis policías franquistas por torturas y crímenes contra la humanidad, era muy simbólica, pues las torturas por su actividad política y sindical contra la dictadura se produjeron en la comisaría de Via Laietana, la conocida como 'casa de los horrores' por los colectivos antifranquistas. Entidades y partidos quieren que el espacio, que acoge a día de hoy la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya, se reconvierta en un memorial de la dictadura.
Tras conocer el archivo de su querella, Vallejo, representado por el centro Iridia, ha reivindicado el derecho a que las torturas que sufrió “como mínimo se investiguen”, al tiempo que ha reclamado “no permitir rendijas ni bloqueos” para su derecho a conocer la verdad. Por su lado, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha anunciado la intención de la Generalitat de recurrir la decisión de la magistrada.
El pasado mes de septiembre, la Fiscalía se había mostrado por primera vez a favor a investigar los crímenes franquistas y pidió admitir a trámite la querella de Vallejo. En su informe, la Fiscalía recordó “la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
A criterio de la nueva fiscal de Sala de Derechos Humanos, la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, la nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado “el deber de investigar” las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
En base a la nueva norma y al análisis de los tratados y convenios internacionales suscritos por España, la Fiscalía ha concluido que no se debe archivar de plano la causa, como el Ministerio Público había pedido en julio, sino que es necesario “llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento”.
En Madrid, la jueza abrió la causa para investigar las torturas a un antifranquista sin dar trámite al Ministerio Público, por lo que la Fiscalía todavía no había expuesto por escrito su opinión. No obstante, dos fiscales, una de ellas de la nueva fiscalía especializada, sí acudieron a la declaración de las primeras víctimas en testificar ante un juez.