La jueza ve “innecesario” citar a los guardias civiles denunciados por torturas a un CDR y archiva el caso

Caso cerrado. La jueza de Sabadell que investigaba la denuncia por torturas contra once agentes de la Guardia Civil durante la detención de un activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) por terrorismo en 2019 ha archivado el caso al considerar “innecesario” citar como investigados a los guardias. Así lo sostiene la magistrada en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ros, al que defiende el letrado Xavier Monge, fue uno de los miembros de los CDR detenidos en septiembre de 2019 por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Cuatro años después, la Fiscalía le pide 27 años de cárcel en un caso que ha terminado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque los magistrados del tribunal especial creen que no es amnistiable al versar sobre un delito de terrorismo.

La querella de Ros acumulaba varias dilaciones que, en el pasado, han merecido condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de investigación efectiva de otras denuncias de torturas. La Audiencia de Barcelona recordó en junio de 2024 que antes de archivar el caso, debía investigarse “con la máxima eficiencia y de forma completa”, por lo que ordenó a la jueza que admitiera de forma íntegra la querella de Ros.

Tras el contundente varapalo de la Audiencia de Barcelona, la magistrada empezó a investigar el caso. Citó a Ros para que se ratificara en su denuncia, a sus padres (sus casas también fueron registradas) y recabó el acta de entrada y registro en todos los domicilios realizados por el letrado de la administración de justicia. Suficiente, a juicio a de la magistrada de Sabadell, para considerarse que el caso se ha investigado lo suficiente.

Las declaraciones de los agentes investigados estaban fijadas para el pasado mes de diciembre, pero la jueza las suspendió después de que los guardias y la Fiscalía pidieran el archivo del caso. Ahora la magistrada decide dar carpetazo a la investigación al considerar “innecesaria” la comparecencia de los guardias.

Argumenta la jueza que como su defensa ha pedido el archivo del caso, “cabe racionalmente inferir” que los agentes o bien se acogerían a su derecho a no declarar o bien manifestarían lo mismo que su abogado ya ha expresado en su escrito, por lo que no ve motivo para citar a los guardias.

La magistrada se agarra además a “la labor de filtro que ha de llevar a cabo todo juez de instrucción y el principio de intervención mínima” que rige el derecho penal para fundamentar el archivo del caso, toda vez que, a su juicio, “no aparece perpetrado el delito” denunciado por Ros.

Es más, pese a que la jueza Isabel Calahorra “no cuestiona ni pone en duda” el derecho de Ros a querellarse contra los agentes, sí aprecia “consecuencias gravosas” en la imputación de los agentes a petición del CDR cuando, tras las diligencias practicadas, “no se aportan indicios racionales ni mínimamente fundados en elementos objetivos”.

Los agentes, según la querella de Ros, le dijeron que incriminarían a su familia, le llamaron “hijo de puta” y le afearon la “mierda de jubilación” que daría a sus padres. Denunció, además, que los guardias coaccionaron a su hermano, que padece esquizofrenia.

Según Ros, las “coacciones” que sufrió por parte de los uniformados le llevaron a explicar al juez que solo buscaba “experimentar” con las sustancias para fabricar explosivos, pero que no busca generar daños. “Estuve parándolo porque podía implicar vidas humanas”, alegó en septiembre de 2019 en una confusa declaración judicial previa a su envío a prisión. Ros fue excarcelado después de que la propia Audiencia Nacional sembrara la duda sobre el terrorismo.