Solo unos pocos veteranos de la comunidad jurídica barcelonesa se acuerdan ya del caso Macedonia. La que un día fue la gran investigación de corrupción policial vinculada al narcotráfico se ha desinflado en parte con el paso de los años. La manzana presuntamente podrida que queda es Josep R., subinspector de los Mossos d'Esquadra, al que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por ayudar a una banda de narcotraficantes.
Josep R. fue detenido en octubre del 2010, en el marco de la operación Macedonia que comandó el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo de la operación Volhov. Más de once años hasta llegar a juicio. La lentitud en la investigación y la tardanza del juicio –el escrito de acusación de la Fiscalía se presentó en abril de 2019– lastran un caso en el que el tribunal tendrá que analizar multitud de mensajes y llamadas. Las magistradas escucharán además a decenas de testigos, entre ellos al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Junto a Josep R. en el banquillo de la Audiencia de Barcelona se sentarán otras 16 personas acusadas de formar parte de una banda dedicada al tráfico de marihuana y cocaína hasta que cayeron en 2010. Su líder era Manuel G.C., un confidente histórico y pieza fundamental del caso Macedonia.
En este entramado de corrupción policial los Mossos no fueron el primer cuerpo bajo el radar del juez Aguirre. Los dos guardias civiles con los que empezó el caso fueron absueltos de hacer constar erróneamente en un atestado redactado en mayo de 2009 que habían incautado 50 kilos de cocaína cuando, en realidad, el alijo contenía en su mayoría bolsas de azúcar y yeso.
La unidad de los Mossos que llevó a cabo la investigación de esta primera rama de Macedonia terminó imputada en 2011 por presuntamente haber ocultado al juez la identidad del confidente Manuel G.C., conocido entre otras causas por ser el confidente de los Mossos que contribuyó a desmontar la trama de corrupción de miembros de la Policía alrededor de los prostíbulos Riviera y Saratoga. Pero en 2019 el juez Aguirre se vio obligado a archivar el caso tras dejar a cinco mossos, entre ellos Josep R., a un paso del juicio ya que la Fiscalía no les acusaba y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejercía la acusación popular, terminó en liquidación por el escándalo de extorsiones que terminó en la condena a su secretario general.
A lo largo de esos ocho años de investigación se produjo un enfrentamiento entre cuerpos policiales: en febrero de 2012, los Mossos, en presencia del juez Aguirre, registraron la joyería Rabat de Barcelona para saber si el confidente Manuel G.C. compró relojes a mandos de la Policía Nacional como pago por supuestos favores. Cinco meses después, juez y Policía acudieron a la sede central de los Mossos para obtener copias de las escuchas que, según el magistrado, los agentes de la policía catalana le habían escondido.
En paralelo, Josep R. denunció a nueve miembros de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra –la mayoría cambiaron de destino después– por ocultar pruebas, básicamente llamadas telefónicas, que cree que le exonerarían.
La denuncia se archivó y Josep R. tendrá que sentarse en el banquillo por colaborar presuntamente con la banda de narcotraficantes. La Fiscalía acusa al subinspector, que fue número dos de la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y revelación de secretos.
Según la Fiscalía, Josep R. ayudó a traficantes ante detenciones o sanciones accediendo a bases de datos confidenciales y recabando datos sobre investigaciones en curso. A cambio la banda de Manuel G.C. le habría abonado 1.000 euros al mes, además de regalarle una consola Play Station y comprarle medicamentos.
El subinspector, según la fiscal, simulaba tener mayor influencia de la que en realidad tenía, y uno de los acusados ​​le pidió que intercediera en el órgano de selección de la policía catalana para que otro encausado pudiera ingresar en el cuerpo y facilitar así la actividad de la banda. la compraventa de droga. También se interesó por la detención de uno de los acusados ​​por parte de la Policía Local de Sant Sadurní de Anoia (Alt Penedès) por conducir sin carné. La Fiscalía cifra en 121.000 euros las ganancias de Josep R., que también habría dado datos de bandas rivales que después fueron apaleados
Más cuantiosos habrían sido los beneficios de Manuel G.C.: 2,4 millones de euros fruto del tráfico de drogas, un dinero que intentó lavar con la compra de inmuebles y joyas y con operaciones en efectivo. La Fiscalía sitúa a Manuel G.C. “en la cúspide del entramado criminal” que controlaba el tráfico de estupefacientes a principios del siglo XXI en las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf y el Penedès, y le reclama otros 11 años de cárcel, pese a que no tuvo contacto directo con la droga.
Lo que hacía Manuel G.C., según el Ministerio Público, era financiar la adquisición de la droga, sometiendo a un “estricto control” al resto de acusados en la causa, que eran los que supuestamente la preparaban y distribuían. Su poder provenía, precisamente, de su condición de confidente de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, que habría usado para someter al resto de la banda a sus “exigencias caprichosa”, hasta el punto de que sus miembros le llevaran la compra a casa e incluso le hicieran de chófer. El juicio arrancará este miércoles en la Audiencia de Barcelona.