Los militantes y simpatizantes de Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell, una de las más activas del Estado, afrontan este jueves dos juicios. En primer lugar, 28 activistas deberán responder ante el juez por la ocupación durante más de 24 horas de una oficina local de la entidad financiera Unnim, una acción llevada a cabo para pedir -finalmente con éxito- la dación en pago y un alquiler social para un vecino. En segundo lugar, dos activistas más y la abogada del colectivo están llamados a comparecer por presuntos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, ocurridos supuestamente cuando la policía se presentó en el edificio de 40 viviendas que acababa de ocupar la PAH en Sabadell a mediados de abril.
Desde la plataforma denuncian que son los mismos políticos que “no tienen más remedio que elogiar nuestra lucha” los que luego les “sancionan de forma totalmente arbitraria”, y llaman a la movilización este jueves a las 10 h a las puertas del juzgado de Sabadell para denunciar la “represión policial”.
Este es el vídeo de convocatoria, en el que resumen sus principales denuncias:
Una solución para Ahmed
Un total de 28 personas irán a juicio por tratar de ayudar a una sola familia, la de Ahmed, vecino del humilde barrio Sabadell Torre-romeu de Sabadell. Inmersa en un proceso de desahucio y con los 420 de subsidio de Ahmed como únicos ingresos, la familia pedía con la ayuda de la PAH la dación en pago y un alquiler social. La entidad, ahora propiedad de BBVA, se resistía -llegó a rebajar la deuda hipotecaria hasta 4.000 euros pero sin ceder más-, hasta que decenas de activistas se encerraron en una de sus sedes durante más de 72 horas.
La acción finalizó con un polémico desalojo policial, tras el que se encausó por delitos de resistencia a las 28 personas -entre los cuales el diputado de la CUP Quim Arrufat-, pero acabó también con la concesión por parte del banco de la dación en pago y un alquiler social en el mismo piso de 120 euros al mes para Ahmed y su familia.
Once familias más bajo techo
El segundo juicio tiene que ver con la ocupación de un edificio de 40 viviendas, propiedad de la Sareb -el llamado banco malo-, para realojar allí a las familias que se habían quedado sin casa en la ciudad. El edifico se abrió a la ciudad un sábado, 13 de abril. Por la tarde se presentó la policía para pedir identificaciones, y aunque al principio los activistas se negaron por no llevar los agentes orden judicial, luego les dejaron pasar para evitar tensiones, según relataro. Al día siguiente, dos de ellos y la abogada de la PAH recibían citación para ir a declarar.
Actualmente viven en el edificio de la calle Sant Ferran un total de 11 familias. Hace una semanas se enfrentaron a una petición de desalojo cautelar por parte de la Sareb, pero la jueza acabó denegándolo por considerar que la entidad no había cumplido con la función social del inmueble.