El juicio a una firma de cobro de deudas enfrenta a sus dueños con una empleada por el acoso a una mujer vulnerable

El desacuerdo entre los acusados en un juicio suele ser de gran ayuda para las acusaciones. Esto es lo que ha pasado este miércoles en el juicio en el que se han sentado en el banquillo los dos dueños y una trabajadora de una empresa de cobro de deudas, acusados de acosar y engañar a una mujer para cobrarle la deuda que tenía con Endesa pese a tener reconocida su situación de vulnerabilidad.

Jefes y empleada se han acusado mutuamente de promover la llamada (el objeto central del juicio), desvelada por elDiario.es, en la que el 3 de julio de 2020, en plena pandemia, la trabajadora se hizo pasar falsamente por una funcionaria del juzgado para reclamarle el impago a Yolanda, una vecina de Cubelles (Barcelona) que grabó la conversación y la envió a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

Mientras que para los dos jefes se trató de un “error” y una mala praxis de la trabajadora en la que no tuvieron nada que ver, la empleada ha relatado con todo lujo de detalle a la magistrada que la llamaba formaba parte de un guion para reclamar deudas que le obligaban a usar sus superiores. La trabajadora ha disparado varios cartuchos de munición contra sus jefes, acusándoles de acoso laboral o de pagar parte del salario en negro.

La Fiscalía pide dos años de cárcel a la trabajadora y al administrador y a la directora general de una empresa contratada por Endesa, DPS Consulting (ahora Parés Seixas), por “presionar” a la mujer vulnerable para que abonara una deuda eléctrica. Yolanda, representada por el letrado David Aranda, eleva la petición de pena a cuatro años de cárcel, mientras que los acusados solicitan la absolución.

Fuentes de Endesa han recordado que la compañía también es “parte perjudicada”, motivo por el que denunciaron en su momento los hechos ante Fiscalía, al tiempo que remarcan que los protocolos son muy claros y que los casos de familias vulnerables no se vehiculan a través de este tipo de firmas de cobros de deudas sino con los convenios que viene estableciendo con la Generalitat y otras administraciones.

La conversación clave del caso empieza con la empleada de la firma presentándose como funcionaria “de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado”, sin precisar de cuál se trata. A continuación le comunica a Yolanda que tiene “dos órdenes judiciales” y que le dará un teléfono de un abogado porque “tiene un grave problema judicial”.

La falsa funcionaria indica a Yolanda que el 8 de julio se bloquearán todas sus cuentas y sus ingresos y no podrá realizar “ninguna retirada” de dinero, y tampoco se le cobrarán los importes de “hipotecas, alquileres, préstamos o recibos”. En el juicio, tanto la trabajadora acusada como los dueños de la firma han reconocido como auténtica la llamada.

Ha sido el único punto en común de las defensas. Los dueños de la firma de impagos han descargado toda la responsabilidad en su empleada, a la que además han querido desacreditar señalando que llegaba habitualmente a trabajar. “Es una llamada fuera de lugar, incorrecta, y le dijimos [a la trabajadora] que era denunciable”, ha reseñado el administrador de Parés Seixas.

“Se le fue”, ha terciado la directora general del bufete, que ha asegurado sentir “vergüenza ajena” por la llamada, “que para nada debe realizarse”.

Lejos de aceptar ser la única responsable de la llamada, la trabajadora acusada ha recalcado que no actuó por libre, sino que siguió en todo momento un guion escrito por sus jefes (algo que los otros dos acusados han negado). La empleada ha descrito un clima de “presión” a los trabajadores para conseguir más cobros de impagos, lo que se traducía, según su versión, en el cobro de incentivos “en negro”.

“El teléfono tenía que echar humo, tenía que hacer hasta 56 llamadas al día, no me informaban sobre si la persona a quién llamaba era vulnerable, yo solo tenía que llamar y colgar, llamar y colgar”, ha aseverado la acusada.

Un mes después de la llamada, ha abundado la trabajadora, el administrador de la empresa la conminó a irse de vacaciones 15 días pese a que acababa de reincorporarse tras un ERTE por la pandemia. A partir de su vuelta, la presión se convirtió en “acoso” por la llamada que hizo a Yolanda, hasta el punto que ha demandado a la empresa por acoso laboral (y ha asegurado haber ganado el juicio en primera instancia).

Por su lado, Yolanda ha testificado que Endesa tenía reconocida a su familia como vulnerable desde 2015, después de que lo tramitaran los servicios sociales, y ha revivido ante la jueza el “susto y ansiedad” que le provocó la llamada, por lo que trató de hacer lo posible para evitar que le bloquearan la renta mínima que percibía como única fuente de ingresos. “Si pagaba la deuda no habría podido subsistir”.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia, Maria Campuzano, portavoz de la APE, ha asegurado que el caso de Yolanda no es “aislado”, sino que se trata de una “práctica sistemática” de empresas subcontratadas por grandes compañías para intentar cobrar las deudas de familias vulnerables.

Dos tipos de llamadas

Más allá de las versiones contrapuestas, los acusados sí han trazado una explicación común sobre los métodos de la empresa de cobro de impagos. Así, todos ellos han reconocido que primero hacen “llamadas limpias” a los deudores, y si no pagan proceden a las “llamadas especiales” o “finales”.

En el departamento de llamadas “especiales”, entre las que se contaba la que recibió Yolanda, se utilizaban números de teléfonos ocultos que cada tres meses se cambiaban y las conversaciones no se grababan: “Los abogados harán el trabajo limpio y luego ya entráis vosotras, nos dijeron”, según la empleada.

Los dos responsables de la empresa han negado que facilitaran un guion a las telefonistas para que simularan llamar del juzgado y han insistido en que no sabían que la familia de Yolanda era vulnerable, aunque la jueza les ha recordado una anotación que obra en el sumario –que los acusados no han recocido como propia– donde sí figuraba ese dato.

El administrador del bufete ha indicado que cada uno de los dos tipos de llamadas las realiza un trabajador diferente, y que si bien “en absoluto” se contempla hacerse pasar por funcionarios del juzgado, sí se emplea un tono “más duro” anunciando la interposición de una demanda. El juicio ha quedado visto para sentencia.