Juicio a dos inquilinos por protestar contra su desahucio: “Fue el último recurso antes de ir debajo de un puente”

Tres años de proceso judicial, petición fiscal de tres años de cárcel y un juicio de más de diez horas por protestar contra su propietaria. Esto es lo que han vivido dos inquilinos de Barcelona, Fran y Alpha, y el portavoz de su sindicato, Jaime Palomera, que este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados. Más allá de constatar que la protesta duró menos de seis horas, que no causó daños ni hubo amenaza alguna, el juicio ha puesto de manifiesto el deplorable estado en el que la familia Mas-Beya Fradera mantenía el piso que alquilaba a los dos acusados, hasta el punto que una de las propietarias ha reconocido que había una plaga de termitas. Los juzgados sin embargo han sido los inquilinos.

Ha causado sorpresa entre todas las partes que la magistrada del juzgado de lo penal 11 de Barcelona, Sílvia Pedrola, permitiera celebrar el juicio durante diez horas, con un receso de media hora a las 16:00h. La vista ha terminado pasadas las 21:00h. No se caracterizaba el pleito por su complejidad: la protesta del Sindicato de Inquilinos consistió en la ocupación durante medio día del centro de estética de la familia Mas-Beya Fradera, como tantas otras protestas en oficinas bancarias e instituciones ha habido en Barcelona en estos años. Lo novedoso es que la Fiscalía pida cárcel por ello.

“La protesta fue el último recurso que nos quedaba antes de ir debajo de un puente”, ha declarado Alpha en el juicio. Y es una única protesta la que ha centrado el juicio: la manifestación de menos de seis horas en octubre de 2018 que una treintena de miembros del Sindicato realizaron en un centro de estética de los Mas-Beya Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.

El conflicto entre propiedad e inquilinos ya venía de antes: primero los Mas-Beya Fradera quiso echar a la pareja alegando que un familiar tenía que ir a vivir al piso, algo que nunca ocurrió, pero finalmente los inquilinos lograron que la familia les renovara el contrato de alquiler gracias a su situación de vulnerabilidad. En medio, muchos problemas por el mal estado del edificio: termitas, tuberías que goteaban, inundaciones que le valieron a la familia una sanción de 180.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona por acoso inmobiliario y la insalubridad de las viviendas.

Con este contexto la defensa de los acusados intenta rebatir la tesis de la Fiscalía y la familia (que ha elevado la petición de pena a tres años, igual que el Ministerio Público, pese a que inicialmente pedía 21 meses). La clave del caso es si la jueza aprecia violencia o intimidación en la protesta, algo que han negado los acusados pero que ha mantenido una de las hijas de la familia que se encontraba en el centro de estética.

En cambio uno de los mossos d'esquadra que acudió al centro de estética ha testificado que la protesta fue “pacífica”. Aunque afectó al normal funcionamiento del establecimiento, ninguno de los participantes en la protesta profirió amenazas a clientas o trabajadoras, ha agregado. El resto de mossos que ha declarado ha explicado que consideraron innecesario identificar a los manifestantes. Punto a favor de las defensas.

“Nuestro objetivo con la protesta era ser escuchados y visibilizar nuestro estado de vulnerabilidad”, ha remarcado Fran. Misma tesis ha expuesto Palomera: “Logramos que se visibilizara una situación de abuso y que los grandes propietarios se hicieran cargo de ella”. “No podíamos abrir las ventanas porque llovía caca de las tuberías, nos han estado amenazando ocho años, se inundó dos veces un piso.... y encima nos acusaron a nosotros de sus problemas”, ha remachado Alpha. Otros cuatro testigos, tres miembros del sindicato y un periodista que cubrió la protesta, han coincidido en señalar que fue “pacífica y tranquila”.

Una visión opuesta de la protesta ha mostrado una de las hijas de la familia que se encontraba en el centro de estética y que tuvo un ataque de ansiedad. “Fue muy intimidante, gritaban nuestros nombres y decían que no se moverían hasta que alguien de la familia se plantara allí, me sentí muy intimidada y amenazada”, ha aseverado. Su administradora de fincas ha dicho que el mal estado de la vivienda era una “mentira”, aunque ha reconocido que el Ayuntamiento multó a la propiedad por las condiciones insalubres.

Las trabajadoras del centro de estética no han acompañado el relato de su jefa. “Había dos personas un poco chulescas, pero no amenazantes”, ha resumido la subdirectora del centro de estética, que ha relatado un ambiente de canciones y música. “No me sentí intimidada, pero no fue agradable”, ha terciado la directora. “Estuvieron allí comiendo bocadillos y haciéndose notar, pero vamos...”, ha dicho la antigua contable. El abogado de la familia propietaria tampoco ha detallado ningún altercado reseñable, más allá de recordar que dijo a Palomera que fueran a hablar a un despacho del alquiler de la pareja ya que en el centro de estética “había señoras depilándose”.

El juicio contra Alpha, Fran y Palomera ha llegado poco más de un mes después de que otros dos inquilinos, Juan y Livia, se sentaran en el banquillo por protestar contra la subida del alquiler planteada por su propiedad y que está pendiente de sentencia. En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia, pero en sus interrogatorios a testigos y acusados la fiscal ha preguntado únicamente por la última de las protestas. Ni rastro de la supuesta “campaña de hostigamiento en redes sociales”. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero los acusados ya han pasado diez horas casi ininterrumpidas en el banquillo.