Juicio sin olvido a los seísmos del Castor: “Se maltrató al medio ambiente y a las personas”

“En 20 minutos hubo dos temblores. Yo estaba leyendo y en el primero casi me caigo de la silla. En el segundo estaba de pie y fue como si una ola me diera en los pies”. Evelio Montfort rememora así uno de los centenares de seísmos causados por la inyección de gas en la plataforma Castor que en 2013 sacudieron Alcanar y otros pueblos del sur de Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana.

El juicio que se celebra desde esta semana contra dos exdirectivos de la empresa que explotaba la plataforma ha hecho aflorar de nuevo la angustia de los vecinos de la zona. Algunos lo han contado en primera persona en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Castellón, en cuyo banquillo de los acusados se sientan el expresidente de Escal UGS y su exconsejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau. Ambos se enfrentan a peticiones de hasta siete años de cárcel. La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2019.

Entre los vecinos afectados hay una mezcla de sentimientos: satisfacción porque por fin el caso llega a juicio, pero a la vez contrariedad por la versión exculpatoria que han dado los acusados. Y los recuerdos de lo que algunos vivieron como los peores momentos de su vida. “En el juicio hay dos acusados, pero no están todos los que son responsables”, lamenta Joan Ferrando, portavoz de la plataforma de afectados por el Castor, que ejerce la acusación particular.

En su declaración como acusados, Del Potro y Martínez aseguraron que la actividad del Castor no alteró la peligrosidad de la zona y desvincularon los terremotos de las inyecciones de gas, asociándolos a una actividad sísmica natural de la zona. “Mientras inyectamos nadie sintió nada”, zanjó Del Potro, mientras que Martínez Dalmau rechazó que la actividad del Castor causara “daño o peligro” al medio ambiente.

“Entendemos que como acusados mantiene su estrategia de defensa, pero es duro escuchar cómo rehúyen cualquier responsabilidad”, reflexiona Ferrando, para quien la actitud de los exdirectivos de negar los terremotos se asemeja “al conductor que va contra dirección por la autopista y dice que son el resto de coches los que se equivocan”. “Le llegaron a echar la culpa a un directivo que murió. Tanto cinismo es indignante”, apostilla Montfort, que forma parte de la plataforma en defensa de las tierras del Sénia.

Además de a los acusados, el tribunal ha empezado a escuchar ya a los primeros testigos. Vecinos de Vinaròs, Alcanar, Sant Mateu, Sant Carles de la Ràpita, pero también de poblaciones más alejadas del epicentro de los seísmos, como Amposta, han relatado los temblores que sintieron desde la cama –la mayoría de seísmos ocurrieron de madrugada– y las grietas que aparecieron en sus domicilios. “La casa se movió toda”, relató Neus Magrané, de Amposta. “Se movía la cama y el perro corría por el pasillo como un poseso”, rememoró María Josefa Redó.

En su interrogatorio, la defensa de los acusados ha insistido en el hecho de que el Consorcio de Seguros rechazó indemnizar a los afectados porque, a su juicio, los seísmos no tuvieron la intensidad suficiente para provocar los daños. “Pero a mí me salió una grieta en casa”, respondió gráficamente David Juanena, uno de los afectados, que precisó además que tuvo que abonar personalmente los 1.200 euros en reparaciones que ahora reclama porque el Consorcio de Seguros le indicó que solo podía compensarle por seísmos de origen natural “pero no por los producidos por actividad industrial derivada de la acción humana”.

Montfort tampoco ha olvidado el seísmo de mayor magnitud –4,3 en la escala de Richter– que tuvo lugar la madrugada del 1 de octubre de 2013 y los dos terremotos consecutivos ocurridos dos noches después. “Todo el mundo se llamaba por teléfono, yo vivo en el campo y no se oía a los perros como siempre, fue una sensación rarísima, de mucha angustia, como si de repente después del temblor hubiera subido la temperatura”.

Para los vecinos de las comarcas afectadas en la lista de responsables de los seísmos hay una larga lista de políticos y empresarios, además de los dos que se sientan en el banquillo. Pero jamás irán a juicio: la Audiencia Nacional rechazó en en 2018 investigar a los exministros de Industria Joan Clos y Miguel Sebastián –del PSOE–, y a su sucesor bajo el Gobierno del PP, José Manuel Soria; así como al presidente de ACS, accionista mayoritario de Escal, Florentino Pérez.

“Florentino ya ha cobrado, pero los vecinos afectados dependen de este juicio”, se queja Montfort, en referencia al decreto ley aprobado a principios de año y que autorizó al Estado a endeudarse para devolver a Santander, CaixaBank y Bankia los 1.350 millones de euros que adelantaron estas entidades a Enagás en 2014 para indemnizar a la promotora del Castor, controlada por la constructora ACS que pilota el también presidente del Real Madrid.

A la hora de reclamar las indemnizaciones, Ferrando explica que los afectados no quieren solo recuperar lo gastado en obras en sus casos, sino también que se les compense por los daños morales y el pánico y la inseguridad provocadas por la onda sísmica. Ello hace elevar la petición de indemnización a 15.000 euros por afectado, 1,84 millones de euros en total. Ferrando reconoce que la jurisprudencia en España es limitada a la hora de indemnizar por daños morales, pero confía en que los jueces sigan el ejemplo de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, donde sí son más habituales.

Tampoco olvidan los vecinos que la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, fue quien firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) de la instalación como secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Ni los políticos del PSOE en el Ministerio ni del PP en Castellón quisieron escucharnos cuando exigíamos más estudios geológicos”, critica Ferrando, que tiene clara la respuesta a ese desdén político: “El punto débil del negocio era la geología, con unos estudios precisos sobre el riesgo de terremotos no hubieran podido ni presentar el proyecto”.

“Se maltrató al medio ambiente y a las personas”, apostilla Ferrando. Un sufrimiento y una angustia que, según Ferrando, se podían haber evitado si se hubiera escuchado a los vecinos y a las plataformas que avisaban de los riesgos sísmicos del proyecto. “Pero se optó por el negocio”, concluye, a la vez que espera que no se repitan los errores en futuras obras. Mientras los vecinos siguen viendo cada día, a 22 km. de la costa, la mastodóntica infraestructura del gaseoducto. Las inyecciones de gas han cesado, pero el Castor todavía no se ha desmontado.